AGENCIA EFE | DICIEMBRE 11 DE 2013
Los eurodiputados expresaron con una carta al presidente Santos, su «profunda preocupación» por la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar a alcalde Gustavo Petro.
Los parlamentarios han escrito una carta abierta a Santos en la que destacan que Petro fue «elegido por una mayoría de votos» y que «tiene un mandato popular en la ciudad más importante de Colombia».
Los miembros de la Eurocámara firmantes subrayaron que, en el marco de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, «no es posible que un funcionario destituya a un gobernante elegido popularmente», según dicen en la misiva.
La carta la firman eurodiputados como Raül Romeva e Iñaki Irazabalbeitia, de Los Verdes, o Willy Meyer, de Izquierda Unida, entre otros.
Además, precisaron que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción «sólo cuando existe condena, por un juez competente, en un proceso penal», y dejaron claro que ése no ha sido el caso de Gustavo Petro.
Petro, exguerrillero del M-19 que ejerció como senador tras la firma de la dejación de las armas de ese grupo en 1990, fue elegido alcalde en las elecciones de 2011 como candidato del movimiento Progresista para el periodo 2012-2015.
La Procuraduría General, que controla y fiscaliza a los funcionarios públicos, destituyó a Petro el lunes y lo inhabilitó para ejercer cargo público alguno durante quince años por su supuesta mala gestión en la crisis de las basuras desatada en la capital colombiana en diciembre de 2012.
Desde el 18 de diciembre de 2012 y durante varios días, Bogotá estuvo inundada de basuras por las dificultades para que entrara en vigor un nuevo sistema de recogida decidido por la alcaldía.
El alcalde no renovó el contrato de cuatro operadores privados y puso la tarea en manos de un operador público, que acabó necesitando la ayuda de las anteriores empresas.
La Procuraduría inició la investigación disciplinaria contra Petro el pasado 16 de enero.
En opinión de los eurodiputados, la decisión de la alcaldía de poner en marcha un nuevo esquema de aseo en la ciudad y «la inclusión de la población recicladora en un sistema antes monopolizado por la empresa privada, han tratado de convertir a esta ciudad en una Bogotá más humana».
Aunque los parlamentarios europeos reconocen en su carta que «es cierto que ha habido fallos en la implementación de este nuevo sistema», consideran que la destitución e inhabilitación de Petro «nos hacen pensar que una persecución política podría estar detrás de las razones invocadas sobre su gestión para su destitución».
«Acompañamos las voces que propenden por el fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad en Colombia», declararon, e invitaron a revisar la figura del procurador general de la Nación, «para evidenciar su conformidad con la legislación internacional».