Este martes, la delegación negociadora de las FARC en los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana (Cuba), formuló una nueva propuesta sobre el tema de cultivos ilícitos, que se aborda en el ciclo 19 de conversaciones.
Se trata de lo que denominaron ‘Programa nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana’, que según un comunicado del grupo armado ilegal “se fundamenta en la propuesta de plan piloto para Cartagena del Chairá (Caquetá), presentada por el comandante ‘Manuel Marulanda Vélez’ en San Vicente del Caguán, el 16 de junio de 2000”.
El comunicado de las FARC indica que esta nueva propuesta se fundamenta en las siguientes bases:
-Transformaciones estructurales de la sociedad rural, propias del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, que reclaman el país y los desposeídos del campo y que se recogen en las 100 propuestas presentadas por las Farc-ep en la mesa de diálogo.
– Beneficiar a todos los trabajadores vinculados al proceso de producción; fortalecer las comunidades campesinas y su gestión autónoma sobre el territorio; promover la sustitución voluntaria de los usos ilícitos de los cultivos, mediante el impulso de planes de desarrollo alternativo; en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales de estos cultivos.
– Deberá ser contentivo del derecho a la tierra y el territorio y de la importancia de las Zonas de Reserva Campesina.
– La suspensión de explotaciones mineras o de hidrocarburos que en los territorios objetos de esta iniciativa que puedan afectarla.
– La conformación de consejos locales, territoriales y un consejo nacional encargado de diagnosticar, formular e implementar el programa.
– Desmilitarización de los territorios y zonas objeto del Programa pues se requiere la provisión de garantías y condiciones de seguridad para la población campesina, así como la suspensión de las aspersiones aéreas y de la erradicación forzada de cultivos.
– La revisión inmediata de la actual política criminal del Estado, centrada en la persecución, la estigmatización y la criminalización de los campesinos productores.
– Planes de desarrollo alternativo elaborados por las comunidades en condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental.
– Un ‘Fondo de financiación con la reducción del gasto en seguridad y defensa’ de los que están destinados a los programas de aspersión aérea y de la erradicación forzada; aportes de la comunidad internacional, de los bienes y dineros incautados al narcotráfico en Colombia y en el exterior y, entre otros, de los bienes en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
– Creación de una ‘Veeduría internacional de seguimiento y control del Programa’ en todos sus niveles. La veeduría estará conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la Unasur y de la comunidad académica.