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Realidades del conflicto y economías ilegales

Una emboscada que dejó como saldo tres oficiales venezolanos heridos, desató la drástica y ya conocida decisión del Gobierno del vecino país, que tan en boga ha estado durante las últimas semanas. Resulta curioso que sólo hasta ahora un hecho de mediano impacto desate tal cadena de sucesos en un estado como Táchira, que ha visto multiplicar sus indicadores de violencia desde varios años atrás; el salto de 93 homicidios en 2001 frente a 550 en 2010, así lo puede ilustrar .

Desde el gobierno central de Venezuela se habla tanto de una estrategia paramilitar como de una guerra ideológica en contra de la estabilidad del país. Sin embargo esta versión adolece de un marcado simplismo, y no es nada útil si se buscan reales soluciones al problema. Especular sobre las reales motivaciones del gobierno de Nicolás Maduro no es un objetivo aquí; y sí lo es lograr una contextualización y facilitar un acercamiento a la comprensión de las dinámicas de violencia e ilegalidad, que han afectado las zonas fronterizas desde La Guajira y Zulia hasta Arauca y Apure, especialmente por acción de las llamadas Bandas Criminales BACRIM, según el gobierno colombiano, o paramilitares según el venezolano.

La frontera entre Colombia y Venezuela discurre a lo largo de 2.219 kilómetros y es la más extensa para ambos países. En Colombia abarca los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía, y en Venezuela los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Las zonas de mayor vitalidad -y de mayores problemas- comprenden los límites entre La Guajira-Zulia, Norte de Santander-Zulia, Norte de Santander-Táchira, y Arauca – Apure, las cuales albergan complejas dinámicas de violencia que deben comprenderse poniendo a examen sus igualmente complejas realidades contextuales.

Amplias son las ventajas que toda la región ofrece para las actividades económicas ilegales y la presencia de los actores armados que las desarrollan y controlan. Por un lado, es terreno fértil para el desarrollo de varios puntos de la cadena del narcotráfico: producción, procesamiento y transporte; en zonas montañosas de La Guajira, Cesar y Norte de Santander se desarrollan cultivos y existen centros de acopio y procesamiento, y el territorio venezolano se presenta como un corredor estratégico hacia Europa y Estados Unidos. La diferencia de precios entre productos venezolanos y colombianos alienta un consolidado contrabando de todo tipo de productos, entre los cuales, el de combustible está en proceso de convertirse en una actividad de réditos tan rentables como el mismo narcotráfico.

Adicionalmente, la ilegalidad aparece acompañada de una evidente debilidad institucional, traducida en corrupción de agentes estatales que dan vía libre a las actividades ilegales, lo que ha permitido que los actores armados ilegales se arraiguen con mayor fuerza.

Es claro que el problema se ha desbordado y las denuncias del gobierno venezolano no son infundadas; no son pocas las investigaciones académicas y periodísticas que se han desarrollado sobre la zona para abordar el problema. Justamente, la Corporación Nuevo Arco Iris presentó en 2012 el libro “La frontera caliente entre Colombia y Venezuela”, que estudia las dinámicas de conflicto e ilegalidad en la región y expone un detallado diagnóstico sobre el asunto.

También es claro que las actividades ilegales se han intensificado en la zona recientemente, y que gran parte de la responsabilidad recae en los grupos emergentes post-desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-.

Puede revisar con detalle el contenido completo del artículo en Grupos post-desmovilización en la frontera con Venezuela

Sergio Luis Silvera Salazar
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia