Dinámicas de los conflictos territoriales en Montes de María y Sur de Sucre

Por José Macareno Acosta / Foto Alucinógeno Colectivo

Ante las aterrorizantes cifras entregadas por la Fiscalía, que indican que 80 personas han sido asesinadas el departamento de Sucre en lo corrido del presente año, crecen los rumores sobre recrudecimiento de la violencia de toda índole en los departamento de Sucre, Córdoba, Bolívar y Norte de Antioquia. Aumentan con la difusión de panfletos amenazantes y el asesinato de varios líderes sociales: Julián Quiñones Uñate líder Comunal en Coveñas, Dumer Fernando Barco Palomino, líder político de San Marcos Sucre.

A lo anterior ser le suma el asesinato de 16 personas en el municipio de San Onofre Sucre, así como otras situaciones de incertidumbre, temor y desesperanza, que se acrecentaron con las amenazas telefónicas y verbales de las que son objeto líderes y lideresas sociales, políticos, comunales y comunitarios. Y de acuerdo con denuncias de la Mesa Departamental de Garantía para defensores de Derechos Humanos de Sucre, la situación se agudizó especialmente después de haberse desarrollado un consejo de seguridad con el Ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, en el municipio de Coveñas Sucre, antes del cual integrantes de la Mesa de Garantías habían realizado delicadas denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.

Los escenarios del conflicto hoy

Al indagar sobre este tema y sus consecuencias para la región, encontramos que la violencia se ha vuelto cíclica, en especial en tiempos de campañas electorales. Nuestras averiguaciones nos acercaron a la sesión itinerante de un Espacio  para la Construcción de Paz en Montes de María, realizado el pasado 6 de julio, en el municipio de Los Palmitos Departamento de Sucre, al que acudieron líderes y lideresas políticos, comunitarios, sociales, comunales, victimas, jóvenes, campesinos,  poblaciones étnicas, y  de la  producción de 16 municipios, acompañados por instituciones del Estado, (comisión de la verdad, Justicia Especial para la Paz JEP, Defensoría del Pueblo,  entes de Cooperación (PNUD, FAO), ONGs,  la academia y autoridades locales del municipio.

Como punto central de la agenda de este evento, se destacó el análisis del contexto, (situación integral del territorio, región y nación), que se desarrolló en medio de un diálogo sobre la caracterización actual del escenario territorial, en materia de seguridad, prevención, protección de las organizaciones y sus liderazgos, destacándose en el diagnóstico, entre otros riesgos, la presencia de grupos armados ilegales (GAI), como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, Caparrapos y Águilas Negras, especialmente en los municipio de San Onofre, Carmen de Bolívar, San Juan, San Jacinto, María la Baja, y la región Mojana. Igualmente se destacan las disputas por intereses sobre la tierra y sus distintas aristas, como es el tema del uso, la formalización, la tenencia, el despojo y concentración cada vez en pocas manos, los conflictos a los que se ven  abocados por la presencia de multinacionales con inmensas extensiones de tierras concesionadas para la minería de caliza, de hidrocarburos, maderables de especies no nativas, ganadería intensiva, y la cada vez más cercana formalización de la propiedad de la  tierra despojadas, en favor de los despojadores, de aprobarse el proyecto de Ley que deroga la Ley 160 del 1994,impulsado por Centro Democrático.

 Todo lo anterior, según los participantes y corroborado por la Defensoría del Pueblo, en un anticipo de que será la próxima alerta temprana para Montes de María. Como si fuera poco, el interés sobre los recursos naturales continúa con la privatización de acueductos que prestan el  servicio de agua para el consumo humano en varios municipios de la región, y en el caso de María la Baja, por el distrito de riego construido por el Estado para el acceso al agua para consumo humano y agricultura para familias campesinas y afrodescendientes, el cual ha sido privatizado, por lo que hoy se genera una lucha en la que ya intervienen actores armados no identificados. Todo esto matizado por la marcada indiferencia de la institucionalidad para resolver los problemas latentes en el territorio.

Un aspecto relevante del diagnóstico es la alta vulnerabilidad de lideresas y líderes sociales, ante las diversas formas de amenazas y amedrentamiento contra la población, aumentando el temor a denunciar, desestimulando y limitando la autonomía y el empoderamiento ciudadano, particularmente en  los líderes y las lideresas de procesos sociales importantes en la región, como han sido el caso de Yorelys  Velazco, Mayerlis Angarita, Jorge Montes, entre otros, generando el miedo e incremento de la percepción de inseguridad, logrando con ello el objetivo de los actores armados de hacer mella en la confianza de la comunidad, en su capacidad de gestión, veeduría y denuncia, y desproveyendo de la protección comunitaria a sus dirigentes.

El análisis realizado por las comunidades coincide en su totalidad con el informe de avance del Sistema de Alertas Tempranas SAT de la Defensoría del Pueblo, así como el de la sociedad civil -integrantes de la Mesa de garantías para defensores y defensoras de Derechos Humanos de Sucre-.  Se destacan las nuevas formas de control del territorio y de la vida social y económica de las comunidades rurales por parte de los actores armados ilegales,  tal es el caso de la diversificación de las actividades que les proveen rentas ilícitas,  como el comercio de armas y drogas, hacia las inversiones en comercio, agricultura y ganadería,  celebración de grandes fiestas con todos los gastos pagos donde involucran a las comunidades, la cooptación  de nuevos liderazgos  que son usados para desestabilizar  los procesos sociales y sus  luchas, a través de oferta de recursos económicos, así mismo la oferta y pago de salarios mensuales a jóvenes para enrolarlos en sus filas.

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