Corte Penal Internacional pide informe sobre el estado de los procesos contra financiadores y promotores de la guerra en Colombia

Por Hernan Pedraza

La Fiscalía General de la Nación envió recientemente un informe sobre el estado actual de los procesos que cursan contra financiadores y promotores de los grupos armados que participaron en el Conflicto Armado, en respuesta a solicitudes muy precisas  de la Corte Penal Internacional (CPI).[1]

Organizaciones de Derechos Humanos sostienen  que ha habido más de 16.700 compulsas de copias que comprometen a 2.300 empresarios, comerciantes, civiles  y más de 1.800 políticos[2]; sin embargo, los resultados de las investigaciones de la justicia ordinaria han sido mínimos, el único caso importante que ha avanzado es el de las filiales de Chiquita Brands, Banadex y Banacol en el cual hay 13 sindicados con Resolución de  Acusación.

La impunidad incentiva la continuidad de la violencia y la ilegalidad que la sustenta; es de conocimiento público que hoy, amplios sectores de la Fuerza Pública, 16 generales, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles están involucrados en estrechas alianzas con el crimen organizado como el Clan del Golfo, la mayor estructura sucesora del paramilitarismo y la mafia de los carteles de la droga, minería ilegal, trata de personas,  contrabando y otros delitos; incluso con las disidencias guerrilleras y la tenebrosa Oficina de Envigado tal como lo denuncian medios de comunicación con información ampliamente publicada por periodistas en medios norteamericanos.

Las investigaciones  siempre surgen por presiones externas, en este caso en el marco del ingreso de Colombia a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte);[3] igual sucedió en el destape de los nuevos “falsos positivos,” con el general Nicasio Martínez a la cabeza, lo precipita una publicación del New York Times; las “chuzadas” se ponen en el orden del día por interrogantes de los servicios secretos norteamericanos, detectan que los dineros para perseguir a las bandas criminales del narcotráfico son usados para “perfilar” opositores del régimen, organizaciones de Derechos Humanos y periodistas norteamericanos,  su egreso se justificaba con datos bajados de internet suministrados por “informantes” etereos.  

Pero esta solicitud de la CPI es también un campanazo de alerta para la JEP, pues esta debe romper paradigmas como aquel de tratar de no generar controversias o aquel otro que la lleva a exceder los tiempos que la prudencia recomienda para tomar decisiones de fondo;  la JEP debe pisar el acelerador en este aspecto de sus competencias que son los terceros; es cierto que los enemigos de la Paz, incluso desde el mismo gobierno, utilizan todas  las oportunidades posibles para atacarla, algunas producto del absurdo.

El caso es que los procesos contra estos terceros no combatientes se han originado en la justicia ordinaria, bajo el imperio de la Ley 600 que es un Código de Procedimiento Penal Mixto  anterior a la Ley 906 (Sistema Acusatorio); desde esa jurisdicción algunos han venido pasando a 2 instancias:

  1. La Jurisdicción  de la Ley de “Justicia y Paz” encargada de juzgar a los paramilitares tras el proceso de sometimiento a la Justicia que se adelantó entre 2002 y 2006 en Santafé de Ralito y
  2. La JEP Jurisdicción Especial para la Paz pactada en los Acuerdos de La Habana que tuvieron desarrollo entre 2012 y 2016 con la guerrilla de las FARC; la cual a la fecha tiene 766 solicitudes de terceros para acogerse a ella y se han aceptado solo 4.

Es de recordar que la  CPI tiene en observación a Colombia desde 2004 por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el marco del Conflicto Armado[4]; el acervo probatorio acumulado es muy grande; existen fuentes en los procesos por la Parapolítica adelantado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra más de un centenar de parlamentarios, gobernadores y políticos importantes; en las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia y Paz contra los jefes paramilitares, en las solicitudes de investigación adelantadas por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos; sin embargo, hay poderosos intereses que impiden que la justicia avance.

El agujero negro legal del sistema financiero paralelo

Se requiere mucha voluntad política para empezar a descorrer el velo de la financiación de la guerra en el caso del paramilitarismo durante su proceso de formación, consolidación y expansión. Mancuso lo expresó de modo muy claro: “los ingresos de la AUC procedían en un 70% del narcotráfico y en un 30% del blanqueo de la contratación pública” y esta voluntad política debe empezar por reconocer que existió un “sistema financiero paralelo del crimen” en el cual jugaron papel decisivo importantes entidades del Estado; la razón principal fue ayudar a forjar un inmenso “agujero negro legal” por el cual penetró el paramilitarismo “como cuchillo caliente en bloque de mantequilla”.

La primera de ellas fue el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de la Presidencia de la República en la organización y funcionamiento de los grupos paramilitares; el INCODER y algunos notarios en la legalización del despojo de tierras, las superintendencias de Salud, Vigilancia y Seguridad, Economía Solidaria, Notariado y Registro, en unos casos por acción y en otros por omisión en la vigilancia y control de las estructuras organizativas y financieras del paramilitarismo en todos los aspectos legales.

La consolidación y expansión de los bloques paramilitares está íntimamente ligada a la captura de las rentas públicas, el lavado de activos  y la formación de monopolios en los mercados de abastos,  elementos que se convirtieron en el músculo financiero de su operación militar.

Para entender este proceso se deben relacionar tres factores que se desarrollan simultáneamente: a) los niveles de profundidad de la corrupción administrativa dentro del Estado b) el avance en el control territorial por parte de las AUC de la periferia al centro  para imponer  políticos y burócratas  que administraran la captura de las rentas del Estado a nivel local y c)  la “adjudicación de franquicias” para la explotación de las rutas del narcotráfico.      

Las investigaciones por la Parapolítica lograron reunir material probatorio suficiente para establecer que la promoción y financiación del paramilitarismo se adelantó en 4 áreas geográficas del país, con sus respectivos periodos de intensificación del conflicto armado: Zona Bananera del Urabá (1993-2006), Costa Atlántica (1997-2006), Magdalena Medio (en 2 etapas desde los años 80 hasta 2006) y una cuarta zona muy amplia de influencia de la Casa Castaño (Altillanura, Valle, Tolima y Distrito Capital); este artículo solo enuncia lo relativo al sistema cooperativo.

Acervo probatorio por areas geográficas y periodos de intensificación de la guerra

Urabá: El acervo probatorio del Proceso de consolidación del paramilitarismo en  el Urabá Antioqueño, Daríen Chocoano y la Zona Costanera Cordobesa se encuentra en los   archivos del ganadero  Pinzón Arango; un conjunto de  72 archivos en medio magnético, audio, físico y video hallado en la finca Andalucía en Necoclí, condujo a la vinculación de más de 35 políticos paisas y ha sido invaluable para conocer la estructura paramilitar de Urabá entre los años 1993 – 2006 (“la telaraña paramilitar de Urabá”)[5] que permitió la consolidación de la “cabeza de playa” de las AUC en la zona bananera de Urabá y su expansión por todo el país.

Jorge Pinzón Arango fue director de INDEPORTES Antioquia entre 1974 y 1978 y cabeza de la lista a la asamblea de Antioquia en las elecciones de 2001 a 2003, sus pruebas han sido  refrendadas por las declaraciones de Freddy Rendón o “El Alemán” del  bloque Elmer Cárdenas,  Ever Veloza “HH”  del   Bloque Bananero y Raúl Hazbún  alias “Pedro Ponte” del Bloque Alix Hurtado. 

El conocimiento detallado de esta red política  ha permitido profundizar en un  elemento aún más perturbador, la tenebrosa Oficina de Envigado como financiador y franquiciador de la estructura económica del paramilitarismo, tanto en Antioquia como en la Costa Atlántica.

Costa Atlántica: aquí es indispensable ahondar en el acervo probatorio organizado y archivado sistemáticamente por las mismas estructuras criminales de las AUC y son el llamado “computador de don Antonio”– quien era un oficial  retirado del ejército como muchos paramilitares-, y  los archivos contables de la Hacienda de San Ángel en lo que a las actividades del Bloque Norte, al mando de Rodrigo Tobar Pupo “Jorge 40”, concierne entre los años 1997 y 2006 en la Costa Atlántica.

Allí se da el proceso de diseminación como reguero de pólvora del fenómeno paramilitar,  desde abril de 1997 hasta el final de las negociaciones de Santafé de Ralito en el 2006: la expansión irradia en la banda occidental del río Magdalena desde Sucre (Bloque Montes de María) hacia Cartagena y el departamento de Bolívar (Bloque Canal del Dique)  y en la banda oriental desde el Sur del Cesar, (grupo delictivo de “Juancho” Prada), pasando por el departamento del Magdalena, (grupos delictivos de Hernán Giraldo y Chepe Barrera), hasta el departamento del Atlántico (Frente José Pablo Díaz).

Magdalena Medio: allí hubo dos grandes etapas en el desarrollo del paramilitarismo; la primera de las autodefensas que irradiaron desde Puerto Boyacá con la financiación de ACDEGAM al inicio, pero después con una inyección letal de dineros de la economía caliente del narcotráfico de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano”, incluyó la llegada de los mercenarios británicos, escoceses e israelíes y el apoyo a fondo de batallones como el Bárbula y la escuela Luciano D’elhuyar; la segunda es contemporánea de la Casa Castaño, expandió sus tentáculos a amplios sectores de la clase política de Santander, zona minera de Antioquia, el viejo Caldas en su rivera sobre el río Magdalena, sur de Bolívar, parte de Cundinamarca (Yacopí que aportó jefes y tropas) y otras zonas circunvecianas. 

Altillanura, Valle, Tolima, Distrito Capital: en el cuadro anexo se detalla lo relacionado con los procesos de financiación en Meta y Casanare; en lo referente a Valle, Tolima y Distrito Capital la información se ha venido acumulando en tiempos más recientes y requiere una ardua labor de clasificación y organización de los documentos.

Cooperativas que financiaron estructuras del paramilitarismo

Caso región y acervo probatorioNúmero de víctimas y coperativas a traves de las cuales se financiaron las estructuras armadasGrupo armado y terceros comprometidos 
Para-economía Uabá: Una estructura  Paraestatal cuyaeconomía se hizo a través de ASOCOMUN Asociación comunitaria de Uraba y Córdoba;el rubro principalfue el aporte de las multinacionales bananeras subsidiarias de Chiquita Brands (Banadex y Banacol) y la contratación pública en las alcaldías controladas por los paramilitares . Acervo probatorio: archivos del ganadero  Pinzón Arango; un conjunto de  72 archivos en medio magnético, audio, físico y video hallado en la finca Andalucía en Necoclí.Número de víctimas: entre 1995 y 1997 se considera que hubo más de 2.900 asesinatos y entre 1998 y 2002 hubo 103 masacres; tales operaciones se financiaron a través de las   Cooperativas: CONVIVIR, PAPAGAYO Y COOCHIGORODO, que fueron las holding de una empresa criminal para comprar 4.700 fusiles AK-47 y 4.000.000 de balas OTRAS: Asocomún y CCC Clamor Campesino Caribe.Grupo Armado: aquí hicieron presencia 3 Bloques paramilitares al mando de Fredy Rendón “El Alemán”, Elver Veloza “H.H” y Raúl Hazbún alias “Pedro Ponte”  Terceros: 35 Políticos ligados al Movimiento “Por un Urabá grande, unida y en paz”  mediante pacto en la Finca la 21 en San Pedro de Urabá. Jesús Doval, Estanislao Ortíz, Dario Avila y César Andrade; los parlamentarios Rubén Dario Quintero, Ramón Valencia y Humberto de Jesús Builes  entre otros.
Para-economía  Costa Atlantica en la “frontera caliente” con Venezuela (Cooptación del Estado a nivel local) contrabando de la gasolina desde Venezuela, contrabando de cigarrillos y licores, prenda de vestir, perfumes, repuestos de vehículos.Número de víctimas: Hubo 70 masacres entre ellas la emblemática de Bahía Portete. Que dejaron más de 1500 personas asesinadas; uno de los posibles financiadores fue Cooperativa: AYATAWACOOP “Contrabando de Gasolina”  durante ese periodo.Grupo Armado: Bloque Norte de las AUC al mando de  “Jorge 40” y Arnulfo Sánchez alias “Pablo” “ comandante del Frente Contrainsurgencia Wayu Terceros: funcionarios del DAS, contratistas de  la Drummond.
Para-economía Costa Atlántica estructura económica denominada “La Empresa” a través de la cual  cooptaron  recursos públicos, centrales de  abastos y plazas de mercado, industria lechera y  ganadera: distribución ilegal y robo de  combustibles, saqueo de los recursos públicos para salud, control de la seguridad en sector minero-energético, apropiación de los presupuestos de las  universidades públicas, cooptación del sector cooperativo de alimentos.  Acervo probatorio: el llamado “computador de don Antonio”– quien era un oficial  retirado del ejército como muchos paramilitares-, y  los archivos contables de la Hacienda de San Ángel en lo que se refiere a las actividades del Bloque Norte, al mando de Rodrigo Tobar Pupo “Jorge 40”.Número de víctimas: Barranquilla: 1664 asesinadas entre 2003 y 2006; Soledad 572 y Malambo 116. Los dineros para financiar estos crímenes fueron lavados a través de las   Cooperativas: COOLECHERA (Mercado Lacteos) durante la administración de Combariza, AYATAWACOOP “Contrabando de Gasolina” en ese periodo MANGOAZUCAR LTDA (Control de Abastos” en ese periodo. CARIBE SALUD (dineros de los hospitales.    COOPCOAGRO (Reciclados de Jorge 40”)Grupo Armado: Bloque Norte de las AUC al mando de  “Jorge 40” “Carlos Tijeras” “El Canoso”, “Don Antonio” “Tolemaida” Terceros: Departamento Administrativo de Seguridad de la Presidencia de la República DAS;  alcaldes, concejales gobernadores, parlamentarios firmantes de los pactos Chibolo, Pivijay, El Difícil.
Para-economía Costa Atlantica Estructura denominada “La Compañía” (Cooptación del Estado a nivel local)sectores público, abastos combustibles, regalías, salud y cooperativo.  Número de víctimas: en esta zona hubo 56 masacres muchas de ellas financiadas con dineros provenientes de las regalías del oleoducto Caño Limón-Coveñas Cooperativas: COOPSABANAS Y ESTRUCTURA ECONOMICA “LA COMPAÑÍA”Grupo Armado: Bloque Córdoba, Bloque Dique, Bloque Mojana, Bloque Montes de María Fuente: Versiónes de alias “Diego Vecino” y otros jefes paramilitares.
Para-economia Meta (Cooptación del Estado a nivel local):  sectores público y cooperativo, agroindustria, petrolero, contratistas, ganaderos, comerciantes. El objetivo fundamental fue el despojo de las tierras de la Altillanura.Número de víctimas: Los delitos que afectaron más de 5.000 víctimas fueron: homicidio selectivo 39%, desaparición forzada 37%, tortura 22%, violencia sexual 6%, secuestro 6%. Cooperativas: COOAGROINDULLANOS, COPMEGA de Puerto Gaitán  y una COOPERATIVA MADERERA de Mapiripán  Grupo Armado: Bloque Centauros de “Arroyave o Arcángel” enviado desde Urabá por Carlos Castaño enfrentado a las Autodefensas Campesinas del Casanare o “Buitragueños de Martín Llanos” Fuente: Versión de Carlos Guzmán alias “Salomón”
Para-economía Casanare (Cooptación del Estado a nivel local)el rubro principal contratación pública para saquear Regalías del petróleo y las trasferencias; agroindustria   y sector cooperativo. Fuente: Versión de Carlos Guzmán alias “Salomón”Número de víctimas: se considera que hubo más de 5.000 asesinatos en esta “guerra entre paramilitares” y un número indefinido de menores secuestrados y reclutados a la fuerza por los paramilitares tales operaciones se financiaron a través de las Cooperativas:  Proteger, Coometer, Conalde, Coopnal, Cospro, Ceaccol, Cootecol, Otras: Fedecongs, ATDM, Asofab, Asotab, Pavigas, Ingecons, Unión Temp VCK.Grupo Armado: Autodefensas Campesinas del Casanare o “Buitragueños dirigidos por  Martín Llanos” y su padre. Terceros: ALCALDES Roberto Torres (Aguazul), Aleyder Castañeda (Monterrey), Jorge Eliecer López (Tauramena), Raúl Cabrera (Villaneva), Henry Montes (Mani), Mauricio Chaparro (Sabanalarga); pero falta el listado de los directivos de las cooperativas y organizaciones a través de las cuales financiaron sus actividades

El uso de las cooperativas por parte del paramilitarismo para financiar sus actividades al margen de la ley: saqueo de regalias y  transferencias, evasion de impuestos, control de abastos y agroindustria.

Para eludir el Sistema de Control de Lavado de Activos Nacional, el Sistema Integral para el Control del Lavado de Activos (SIPLA), y el internacional Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica (GAFISUD),  el control Fiscal y Aduanero Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la legislación cooperativa, las normas contables, evadir impuestos, ocultar transferencias de dineros calientes y un larguísimo etcétera de violaciones al régimen jurídico;  los empresarios de la ilegalidad utilizaron 6 tipos de cooperativas, cuya  clasificación se realiza a partir de los decretos y normas que las regían en esa etapa, pues estas determinaron los espacios o ámbitos que aprovecharon los actores ilegales:

1)        Las Administraciones Públicas Cooperativas

Estas Cooperativas  eran (en esa época) entes solidarios que asociaban a las alcaldías municipales con organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en el propósito común de impulsar el desarrollo local o regional. Los grupos paramilitares entendieron su importancia y las utilizaron para saquear los recursos públicos, en colaboración con políticos locales, especialmente las regalías minero- energéticas y las transferencias nacionales. El mejor ejemplo fue la cooperativa Coopsabana, creada por los jefes del Bloque Montes de María “Diego Vecino” y “Cadena”. La modalidad 14 del GAFISUD la definía como lavado de activos de dineros, producto de la corrupción utilizando entidades públicas.

2)        Las cooperativas de producción agropecuaria o agroindustrial

Fueron utilizadas de preferencia por los grupos paramilitares, a los cuales estaban vinculados  palmicultores,  ganaderos y  lecheros para controlar y monopolizar mercados. El principal ejemplo fue la cooperativa COOLECHERA durante la administración de Combariza. Mancuso dijo haber creado una Cooperativa de sustitución de cultivos para más de 3.000 familias y Carlos Castaño hablaba de la Asociación Cooperativa de Campesinos del Alto Sinú y Urabá ACOLSIBA, con más de 14.000 asociados. A esta cooperativa le apareció girado un cheque en la denominada “Oficina de Envigado”, luego de un allanamiento realizado a un parqueadero donde funcionaba. Las Bandas criminales emergentes han seguido utilizando este método; por  ejemplo, “Los Reciclados de Jorge 40” tenían como Holding de sus empresas ilícitas a la cooperativa COOCOAGRO. La modalidad 7 del GAFISUD las definía como la utilización de empresas de fachada para apoyar organizaciones criminales.

3)        Cooperativas de trabajo Asociado CTA:

Las CTA de la Salud constituyeron en su momento la columna vertebral de la contratación en el sector  y formaron una masa descomunal de entidades difíciles de tocar, un cálculo burdo nos llevó a pensar que el 80% de los recursos de la salud en los entes territoriales se manejó así durante el periodo de la expansión paramilitar. Un caso notorio de la utilización de este tipo de cooperativas, por parte de ilegales, fue el Hospital Materno-Infantil del municipio atlanticense de Soledad,  que se convirtió en la  caja menor de “Don Antonio” para el pago de sicarios.

4)        Cooperativas Holding, utilizaron la figura del aporte en reemplazo del ahorro para evadir controles del SIPLA.

Este tipo de cooperativas captan y distribuyen dinero en actividades legales e ilegales simultáneamente.  A través de estas se financiaron en esa etapa las operaciones de las tenebrosas  “oficinas de cobro” del narcotráfico, como la “Oficina de Envigado”, que aún cumple las  tareas de ajuste de cuentas, extorsiones, vacunas y tráfico de drogas, no sólo en Antioquia. Las autoridades consideraron en ese momento que “Don Berna”, cuando era el amo y señor del narcotráfico en Antioquia, coordinaba, mediante cooperativas de transporte, los negocios de unos 15 grupos de narcos, de los cuales 6 tenían  su base en Envigado. Hoy el método hace escuela: las bandas criminales o GAO han creado cooperativas que actúan como núcleo de una maraña de empresas criminales.  “Los reciclados y herederos de Macaco” crearon una cooperativa en el municipio de Bello, en el Valle del Aburrá.

5)        Las Cooperativas “pitufas” o “peso brokers”, donde se abrieron múltiples cuentas de ahorro a nombre de personas naturales, reclutadas por diferentes medios:

Este sistema fue muy utilizado en las cooperativas vinculadas al mercado del contrabando en los Sanandresitos y pajareras, así como para irrigar dineros del sistema de créditos, denominados “gota-gota” y el fomento del mototaxismo. También hay referencias de su utilización en las zonas de frontera para el cobro del “peaje” a los pequeños contrabandistas; por ejemplo, los “pimpineros” en la frontera con Venezuela: es el caso de las cooperativas del cartel de la gasolina en Cúcuta.  La modalidad 5 del GAFISUD la definía como transferencias fraccionadas de dinero ilícito, a través de giros internacionales, y la modalidad 6ª definía al  “Peso Broker”  como un intermediario financiero informal del mercado de capitales y dineros de origen ilícito.

6)        Cooperativas Mixtas o Siamesas (una cooperativa CONVIVIR ligada a una Paracooperativa que blanquee los dineros calientes): sirven para cubrir simultáneamente los  planos militar y económico del  paramilitarismo.

Las cooperativas Convivir hicieron una eficaz sinergia con las paracooperativas porque les permitía combinar  diferentes modalidades de lavado de activos. El caso mejor documentado es el de las cooperativas Coochigorodo y la CONVIVIR Papagayo, utilizadas por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, “El Alemán” y Carlos Castaño, el empresario David Hazbun, y los llamados “Cuádruples” del Movimiento “Por un Urabá Grande”  para recaudar dineros de las multinacionales bananeras, evadiendo el Régimen de Control de Cambios, el Estatuto Tributario, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y  la Normatividad Cooperativa. Una de ellas fue Banalcol de la empresa Chiquita Brands que tiene sentencia de las cortes norteamericanas por financiar grupos terroristas paramilitares, por una cuantía que sobrepasa los 1,7 millones de dólares, y adicionalmente la financiación de 3.700 fusiles AK-47, amén de 4 millones de municiones utilizadas para asesinar colombianos.

A modo de conclusión

Si bien es cierto que el portafolio de negocios de la para-economía fue muy extenso, pues incluyó recursos de la Salud, Universidades Públicas, contrabando, el sistema de “vampiros” de los combustibles, los mercados de abastos en capitales de departamento y poblaciones  intermedias, regalías del petróleo y el carbón, transferencias, situado fiscal, presupuestos departamentales y municipales, apropiación ilegal de tierras entre otras; se considera que el sistema circulatorio del monstruo lo constituyó este “sistema financiero paralelo” a través de lo que han denominado las paracooperativas; indagar en profundidad sus finanzas permitirá hacer un seguimiento a quienes las utilizaron para correr el velo a este fantasma, un asunto crucial para el Proceso de Paz.


[1] https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscalia-envia-informe-sobre-financiadores-del-conflicto-a-la-corte-penal-internacional-493876

[2] Soraya Gutiérrez presidenta de  Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

[3] SEMANA.COM https://www.semana.com/nacion/articulo/operacion-baston-los-secretos-d

[4] ELTIEMPO.COM” Los financiadores de la guerra en el radar de la CPI” publicado en ELTIEMPO.COM el 11 de mayo a la 1:29

[5] “Así se tejió la filigrana del poder para en  Urabá” verdadabierta.com,  lunes 5 de septiembre de 2011