Por Alfredo Aguirre / Fotos Jennifer Rueda

“Lo hemos perdido todo, hasta el miedo”.

La masiva participación en las jornadas del Paro Nacional que ya ajusta 6 días, donde mujeres y hombres de todas las edades, estudiantes, profesores, comerciantes, trabajadores, artistas, desempleados, transportadores, campesinos, indígenas, afrocolombianos, colmaron las calles y las vías de acceso de poblados, de las principales ciudades del país y que fueron acompañadas con plantones en varias ciudades del mundo, no es otra cosa que el rebose de una indignación ciudadana iniciada en el 2019, frente a un cúmulo de necesidades insatisfechas que afectan gravemente a la población: el desempleo, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, el incumplimiento de los acuerdos de paz, las fumigaciones con glifosato, la falta de vías para comercializar los productos del campo. 

Si bien el miedo y el confinamiento obligado por causa de la pandemia mundial por la covid 19 le pusieron un paréntesis a las protestas ciudadanas, los efectos sociales, económicos, de salubridad, de la pandemia,  el comportamiento irresponsable del gobierno frente a la misma y el pretender imponer una reforma tributaria, se convirtieron en el detonante de la indignación ciudadana y de nueva explosión de los movimientos sociales. 

Y es que los efectos de la pandemia han cobrado la vida a cerca de 75.000 personas, infectado a casi 3 millones, ha hecho colapsar al precario sistema de salud, ha llevado al cierre de más de 500.000 negocios, ha aumentado el desempleo a 8.500.000 personas, solo 4.700.000 personas han sido vacunadas; el hambre y la pobreza se han extendido por todas las ciudades y el proyecto de Renta Básica que buscaba establecer un 40% del salario mínimo para la población más vulnerable, fue hundido en la Cámara por los partidos del gobierno.  

1 de mayo, balcones de Villa Hermosa, Medellín.

Las denuncias y los escándalo de corrupción han escalado todas las esferas del poder, desde la financiación de la campaña presidencial con dineros del narcotráfico hasta la hegemonía del partido de gobierno sobre los distintos órganos de control: Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo.  Igualmente cuestionables, son los gastos en los que ha venido incurriendo el gobierno de Iván Duque al amparo de la pandemia como son el favorecimiento con subsidios al gran capital, compra de aviones de guerra por más de 14 billones de pesos, cambio de uniformes a la policía, campañas publicitarias para mejorar la imagen del presidente, la negativa a informar sobre los contenidos de los contratos de la compra de las vacunas.

Consignas en las calles.

Las confluencias de todos estos factores fueron llenando de indignación y desespero a los distintos sectores de la población, que no dudaron en atender el llamado de las Centrales Obreras y del Comando Nacional de Paro para tomarse las calles y exigir solución a sus innumerables demandas. Así en más de 600 poblaciones, 50 ciudades y durante los últimos 6 días, desde el 28 de abril, un gran arco iris de participación, representativo de los más diversos sectores sociales y políticos, de manera espontánea y convocados a través de las redes sociales.

1 de Mayo. Centro de Medellín.

Salieron a marchar contra el miedo, por el derecho a la libertad, por el derecho a la protesta social, por un ambiente sano, contra la minería extractiva que empobrece los campos, por el derecho al agua, a la salud, a la educación, contra el asesinato de sus líderes y las violaciones a los derechos humanos: los campesinos, por el derecho a la tierra, por reforma agraria integral y vías de acceso para comercializar sus productos; los indígenas por el derecho al territorio y en contra de la violencia sistemática contra sus líderes, lideresas y comunidades; los familiares de la víctimas de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, los pequeños y medianos empresarios quebrados; los transportadores de carga por los onerosos peajes, los deudores agobiados por sistema financiero; los venteros ambulantes por el derecho al trabajo de manera informal; los estudiantes por el derecho a una educación gratuita y de calidad. Todos y todas contra el hambre y la pobreza estructural que crece de manera exponencial.

Indudablemente estas jornadas del Paro Nacional han sido la expresión del despertar de una población que toma conciencia sobre las grandes riquezas culturales y naturales que posee, pero cuya administración sigue estando en manos de una clase dirigente que ha hecho de la violencia estatal y criminal su mejor aliado e instrumento para perpetuarse en el poder. En este sentido, llama la atención el papel de las fuerzas armadas, que contrario al mandato constitucional de que su misión es proteger a la ciudadanía, parecen actuar bajo su propio libreto, y obedecer ciegamente el llamado del expresidente Uribe a “utilizar sus armas” contra “la acción criminal del terrorismo vandálico”.

Terrorismo vandálico que valga precisar y aclarar, estuvo a cargo de personas infiltradas en las marchas de todo el país que se dedicaron a la destrucción de amoblamientos urbanos y estacionamientos de transportes públicos, establecimientos comerciales y bancarios, al saqueo de centros comerciales, y en algunos casos se tuvo evidencia plena en imágenes y testimonios de la abierta connivencia entre personas de civil y fuerzas armadas agrediendo a los marchantes. Pese a la actitud de grupos de manifestantes de confrontar a los vándalos, recuperar y devolver a sus dueños los objetos sustraídos, la reacción de la fuerza pública, sobre todo el ESMAD, fue actuar de manera indiscriminada contra todos los manifestantes, desencadenando enfrentamientos que terminaron con personas golpedas, sin ojos, heridas, detenidas, muertas, desaparecidas. 

El retiro de la reforma tributaria por parte del gobierno y la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, constituyen un logro importante de esta gran jornada del paro nacional, no obstante, las demandas ciudadanas sobre la reforma pensional, la reforma a la salud, la renta básica, el cese definitivo de las fumigaciones con glifosato, el cumplimiento de los acuerdos de paz, la reforma rural integral, el freno a la minería extractiva, mayor inversión para la educación, la cultura y la recreación y la reforma a los manuales de formación de todas las fuerzas armadas, son entre otros, asuntos que reclaman voluntad política y voluntad de negociación de todas las esferas del estado si quiere de verdad avanzar por los senderos de una paz estable y duradera. Esperamos que el gobierno de Duque y el Uribismo entiendan el mensaje que queda servido con esta jornada de protestas nacionales: “lo hemos perdido todo, hasta el miedo” si se quiere evitar el inicio de otro ciclo de violencia.

Detenciones arbitrarias