Por Walter Aldana
Nuevamente UNODC (Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito), expide el rutinario informe de presencia de cultivos de uso ilícito en Colombia.
Se hace necesario recapitular en cifras y fechas para comprender la variedad de fuentes y de datos, por ejemplo: de las variedades caucanas pajarita, guayaba y chipará, se logran un número de cosechas al año entre 4 y 5; el valor promedio pagado por arroba es de $60 mil pesos y 1 hectárea sembrada produce de 500 a 800 arrobas, se calcula la existencia de 20 mil hectáreas plantadas en nuestro departamento, de ellas el 48% en parque naturales y áreas de protección ambiental.
Rueda por YouTube un video apoyado para su elaboración por la ONG Made Ford Minds, en él, pequeños y pequeñas productoras de hoja de coca expresan entre otros aspectos los siguientes (que a mí modo de ver son los más importantes): Dicen que “Según ONU un millón de personas trabajan en su producción en el campo”, que la “Coca ha nacido como respuesta al abandono institucional” y “ha permitido a estas comunidades alcanzar un mínimo de dignidad”.
Resaltan estas comunidades en su video (tal y como lo dijimos al Estado antes de la reincorporación de los hombres y mujeres de la guerrilla) que si no ocupaban estos territorios desde el gobierno con inversión social, oportunidades de ingresos licitos, veríamos como “Las zonas productoras posterior a la salida de las Farc de estos territorios, nuevamente estarían “cogidos” por nuevos grupos al margen de la ley”.
Llama la atención la participación de la mujer raspando hoja de coca, ya que de por sí no existen condiciones estructurales para ellas, y el gobierno tampoco les garantiza oportunidades para su acceso a la educación y generación de ingresos.
Finaliza el video con la respuesta de un cultivador organizado, quien dice que “para enfrentar las fumigaciones, los campesinos están organizándose en resistencia: movilizaciones, protestas y paros”.
Recuerdo muy bien que cuando laboré en el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), las organizaciones sociales de productores tenían la voluntad de encontrar alternativas lícitas, las recién reincorporadas FARC acompañaban y ello daba garantías de los compromisos. Se quería salir de la espiral de lo ilícito, pero nuevamente el gobierno falló, dejó colgado de la brocha a las y los firmantes de los acuerdos de sustitución y el programa se diluyó en la neblina de la burocracia institucional, forma efectiva para matar una ilusión, una concertación. Demasiados intereses para ser real su aplicación concertada.
Las cifras en el 2017 y 2018 eran muy diferentes: una hectárea sembrada producía solo 2 cosechas y de 300 a 350 arrobas era lo máximo de producción; el valor de arroba de hoja de coca pasó de $ 25 a $35 mil pesos. A la tecnificación y creación de variedades de semilla propia, se puede atribuir el aumento, y el resultado fue menos área sembrada= más producción.
Cauca produce de 22 mil hectáreas unos 4 kilos por hectárea, es decir alrededor de 90 mil kilos; esto sería por 4 cosechas 360 mil kilos al año, al pasar a clorhidrato pierde el 25% (270 mil kilos); finalmente, cada uno vendido en 37 mil dólares, dan como resultado U$9.990 millones de dólares al año.
Razón tiene el estudioso del tema de narcotráfico Ricardo Vargas cuando asevera que: “en 40 años se ha sedimentado una cultura mafiosa que no es exclusiva del crimen organizado del narco, sino que abarca una élite emergente asociada o relacionada estrechamente con narco e ilegalidad. Esa élite es más peligrosa y desafiante que el mismo narcotráfico. “.
Este no es tema de una o un pequeño productor de media hectárea.