Por Fernando Hernández Valencia / Director Ejecutivo CNAI
Durante 2021 conmemoramos 30 años de la Constitución Política de 1991 y 5 años del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep. Ambos acontecimientos están ligados por una vinculación estructural entre la democracia y la paz.
La Constitución significó una modernización del Estado colombiano en tanto reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la nación, postuló la democracia participativa para superar los vacíos de la democracia representativa y consagró la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (art.22). Aunque promulgó el “Estado Social de Derecho”, la constitución económica favoreció una economía de mercado con “libre juego” de los agentes económicos, lo que en el marco del capitalismo significa la supremacía del capital sobre el trabajo y la estrategia de acumulación de capital que se traduce en capitalismo salvaje. Como consecuencia no tenemos un Estado benefactor, ni siquiera solidario, en uno de los países más desiguales y con mayor índice de pobreza de América Latina, según el Banco Mundial.
La democracia colombiana en estas tres décadas superó el bipartidismo tradicional y ciertamente se ha abierto a mayor pluralismo político. Pero los vicios de la corrupción y el clientelismo, el control de la política regional por clanes familiares y mafiosos y la violencia como instrumento de coacción, perpetúan el poder de la clase terrateniente sobre amplios sectores del electorado. Las élites más modernizantes ligadas al capital financiero, comercial e industrial, aunque más abiertas a la apertura democrática y la paz, son los agentes de la “democracia liberal” que combinan la economía de mercado con las formas de la democracia representativa, la fórmula que impulsa el poder imperial y el capitalismo global neoliberal como modelo de dominación sobre los países dependientes.
En Colombia el sistema político reproduce un presidencialismo casi monárquico, que supedita las ramas del poder público al ejecutivo, con un parlamento en su mayoría cooptado por el régimen y un poder judicial sin independencia y afectado por la corrupción. Particularmente el Gobierno del Centro Democrático ha cooptado los organismos de control: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y la misma Defensoría del Pueblo y utilizó la emergencia sanitaria que significó la pandemia para legislar y gobernar sin oposición ni control constitucional. A eso llaman ellos mismos la Democracia más estable de América Latina.
Sin embargo, lo más estructural de nuestra realidad es el gen mafioso en la economía y la política. Durante casi medio siglo seguimos siendo el mayor productor y exportador de cocaína en el mundo y el dinero del narcotráfico ha permeado las instituciones y la sociedad. En las estadísticas oficiales nunca se menciona a la cocaína como uno de nuestros mayores productos de exportación a pesar de su gravitación real en amplios sectores de la estructura económica legal e ilegal. El impacto del narcotráfico en la sociedad, la cultura y las instituciones es tal que su presencia en las campañas políticas se ha naturalizado, desde el escándalo del proceso 8.000 en los años 90 hasta la participación del capital mafioso en el actual Gobierno de Colombia. Igualmente, la lucha contra el narcotráfico sirvió como expediente de la intervención permanente norteamericana en nuestro país, cuyo acto mayor fue el Plan Colombia que nos ha convertido en el socio más importante de la política imperial en el continente.
La Constitución de 1991 permitió la apertura a las salidas políticas de la guerra de medio siglo. Los procesos de paz con las guerrillas del M19, EPL PRT, Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista (CRS) fueron posibles por la expectativa de las transformaciones institucionales, sociales y políticas. A pesar de ello las guerrillas más tradicionales (FARC y ELN) no se acogieron a negociaciones de paz y el establecimiento recurrió, como ya lo había hecho en el pasado, al paramilitarismo.
Las AUC hicieron parte de la estrategia contrainsurgente del régimen, pero más allá de la guerra contrarrevolucionaria fueron agentes del despojo de tierras del campesinado, de otra contrarreforma agraria mediante la violencia y la masacre como ya lo habían hecho durante la Violencia de los años 50, y con el genocidio paramilitar de los 80 y la ofensiva de las AUC durante los 90-2000. La vía de la acumulación por desposesión que enuncia Harvey es en Colombia la permanente negación de la reforma agraria democrática que se prometió desde los años 30 y la afirmación de un modelo agrario de la gran propiedad terrateniente y de la gran producción agroindustrial exportadora, ambos sobre la descampenización, mediante las masacres y el desplazamiento forzado, con la ofensiva violenta contra los territorios de los resguardos indígenas, contra las propiedades colectivas de las comunidades afrodescendientes, sobre los parques naturales y sobre los baldíos nacionales.
Es por ello que el Acuerdo para una paz estable y duradera con las FARC-EP (2016) identifica como punto inicial la transformación rural, reconociendo que el levantamiento armado tuvo origen en la desigual distribución de la tierra y el abandono del campo. Aún con la advertencia repetida del Gobierno Santos de que en La Habana no se estaba negociando el modelo económico (neoliberal) ni las Fuerzas Armadas, la Reforma Rural Integral prometía el acceso, formalización y uso de la tierra, los programas de desarrollo con enfoque territorial y planes nacionales para la reforma rural integral. El triunfo del No en el plebiscito y el Gobierno del Centro Democrático trajeron la perfidia al Acuerdo con el propósito de hacerlo trizas y desmontarlo con la promesa de “paz con legalidad”. Así ocurrió con los puntos de participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas del conflicto, fin del conflicto e implementación. Además, el asesinato de 299 firmantes de paz de las FARC-EP y de miles de dirigentes sociales y comunitarios, devela el real propósito de desvertebrar y desarticular el movimiento social y popular mientras en los escenarios internacionales se habla del compromiso con la paz.
Pero la apuesta por la paz es más fuerte que la perfidia y el Gobierno del Centro Democrático ha tenido que encajar el respaldo internacional al proceso, desde las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, el Papa Francisco, la Unión Europea, la Justicia Penal Internacional y el mismo Gobierno norteamericano de Biden. Al interior del país las instituciones de justicia creadas por el Acuerdo (JEP, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas) se han consolidado a pesar de las emboscadas en su contra, y la antigua guerrilla se ha convertido en partido legal y participa en la vida política como ya lo hicieron y lo hacen los excombatientes que firmaron acuerdos de paz con el Gobierno en los años 90. Desde entonces estas fuerzas han fortalecido el pluralismo político y la sociedad civil, han enriquecido el debate democrático y han contribuido con apuestas políticas a la búsqueda de un país más moderno, justo y democrático.
En 2022 se juega en las elecciones el futuro inmediato de este proceso. A diciembre de 2021 se perfilan tres grandes coaliciones para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República, aunque las negociaciones y pactos continuarán hasta marzo, mayo y junio que son las fechas de las contiendas electorales. Las elecciones son el ejercicio mayor de la democracia representativa, pero en Colombia están atravesadas por una campaña electoral viciada por el clientelismo, la corrupción, la financiación ilegal y la cooptación corporativa de los candidatos.
La violencia ha hecho parte tradicionalmente de las campañas políticas pero las garantías que debe brindar el Estado se extienden también a las instituciones, donde el intento del Gobierno del Centro Democrático de reformar la Ley de Garantías en pleno proceso electoral, demuestra que el uribismo en declive quiere jugar con los dados marcados.
Los grandes medios de comunicación y su capacidad de manipulación representan los intereses de conglomerados económicos y de casas políticas. En Colombia la campaña política de 2022 se juega hace rato mediante las llamadas “fake news” o noticias falsas y las tan cacareada independencia, objetividad o compromiso con la verdad son otras falsedades. En época de las redes sociales se incrementan las fake news y las campañas de manipulación y desorientación mediante mensajes subliminares y descaradas mentiras.
El llamado marketing político en épocas electorales es una industria sin principios donde el fin justifica los medios y muere la ética pública. En los últimos años el “lawfare” es otra herramienta en la pugna política que judicializa la política mediante procesos jurídicos para enlodar campañas y candidatos, procesos con testigos falsos y grandes despliegues mediáticos que tienen el objetivo de desprestigiar candidatos y posicionar falsos lideres.
La derecha colombiana está agrupada en el Centro Democrático y la llamada coalición de la experiencia o Equipo Colombia, que seguramente terminarán uniéndose para intentar salvar al declinante uribismo que dominó la política nacional durante varios lustros. Representan la continuidad sin matices del proyecto neoliberal, la oposición al proceso de paz y la comprensión del Estado como un instrumento al servicio de los poderosos y de la contención violenta de las aspiraciones y movimientos sociales.
Su compromiso con el modelo de desarrollo depredador actual profundizará la debacle ambiental a la que nos enfrentamos y su modelo político seguirá practicando la corrupción, el clientelismo y acudiendo al miedo a las reformas necesarias y al sometimiento incondicional al proyecto imperial de dominación, en un contexto de nueva guerra fría para enfrentar el ascenso de China en el campo geopolítico y su acercamiento a América Latina, renovando la doctrina Monroe de que toda América es propiedad del poder de USA.
La Coalición de la Esperanza o Coalición Centro Esperanza reivindica el centro político frente a la polarización derecha-izquierda que representan el uribismo y la Colombia Humana de Gustavo Petro. Apuestan por un cambio “sereno y tranquilo”, por la oposición al actual Gobierno del Centro Democrático y por una civilización de la política y del diálogo que apoyan integralmente el Acuerdo de Paz y la búsqueda de negociaciones de paz con el ELN para una paz completa. Ofrecen un fuerte compromiso social frente a los retrocesos de la pandemia y la desigualdad estructural e histórica que afecta a grandes sectores de la ciudad y del campo. Un Acuerdo Social frente a la pobreza, el desempleo y la informalidad con apoyo a la pequeña y mediana empresa y a la economía campesina. Una reforma política para modernizar las instituciones y recuperar el espíritu reformista de la Constitución de 1991. En el campo internacional se inclina por una opción de integración latinoamericana como manda la Constitución y la búsqueda de una relación de cooperación con mayor respeto por la soberanía nacional. En líneas generales, se trata de recuperar el espíritu liberal con un proyecto socialdemócrata del que provienen varios de sus componentes.
El Pacto Histórico es una coalición de sectores políticos y sociales alrededor del programa de ruptura que lidera Gustavo Petro y que propone un cambio de la matriz energética del carbón y del petróleo por energías renovables, de acuerdo con los compromisos internacionales frente al cambio climático. Su carácter de izquierda está remarcado por la composición de sectores políticos como Colombia Humana, El Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica, el Partido Comunes (antiguas FARC), Fuerza Ciudadana, Poder Ciudadano, además de sectores políticos indígenas como Mais, afrocolombianos de Soy porque Somos, ambientalistas, de mujeres y comunidades LGTBI+ y sectores cristianos. Por ello reivindica la era de la paz y la inclusión y propone superar las desigualdades, apoyado en la experiencia de la Alcaldía de Bogotá, con la protección de la primera infancia y la realización de los derechos a la salud y la educación. Plantea un modelo económico productivo que proteja la biodiversidad, se aleje del modelo extractivista y depredador de la naturaleza y recupere la vocación industrial y agropecuaria.
El Pacto Histórico propone constituyentes territoriales como forma de participación para un ordenamiento territorial democrático que supere las brechas de desigualdad entre lo rural y lo urbano. Y a los jóvenes los sitúa como sujetos históricos, activos de su proyecto de vida y constructores de la sociedad del saber, para ello es imperativo un sistema de educación pública, gratuita y universal, acceso a la ciencia y la tecnología y la abolición del servicio militar obligatorio. La salud como derecho fundamental para el buen vivir y el reconocimiento de un país diverso y multicultural. En las relaciones internacionales la propuesta es de Seguridad Humana y Paz, multilateralismo, autodeterminación y solidaridad con cooperación sur-sur. Finalmente, compromiso con el desarrollo sostenible y protección de la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe.
A Diciembre de 2021 las encuesta Invamer y Guarumo colocan al Pacto Histórico por encima de las demás coaliciones y a Gustavo Petro como ganador frente a los demás candidatos presidenciales, pero a veces también las encuestas se usan para manipular tendencias y además aún faltan seis meses para las elecciones. Sin embargo, la fortaleza del proyecto que en 2018 llegó a la cifra histórica de 8 millones de votantes y que se mantiene a la cabeza de las opciones políticas, demuestra que en Colombia crece la opinión progresista frente a la derecha tradicional y fascista, responsable de la desigualdad, la pobreza, la violencia y el sometimiento sin dignidad a los poderes extranjeros.