Por Albeiro Caro / Imagen: Revista Cambio.
El desastroso operativo militar conjunto, realizado entre el Ejército, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea y, supuestamente, la Fiscalía (según el Informe de la Misión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo [1]), ha escandalizado al mundo. Las Fuerzas Armadas irrumpieron violentamente el 28 de marzo en horas de la mañana en la vereda Alto Remanso del Municipio de Puerto Leguízamo, del departamento del Putumayo. Hasta ahora, se estima que el operativo dejó once personas muertas; la comunidad afirma que son trece. Además, se reportaron cuatro personas heridas que fueron hospitalizadas, falsamente señaladas en los informes militares como detenidas, sin que fueran remitidas ante un juez de garantías. También, la comunidad denuncia la existencia de cinco personas desaparecidas, entre ellas, un menor de ocho años.
En una comunidad habitada por cerca de 250 personas, entre ellas diez menores con edades entre cinco y diez años y cinco recién nacidos, solo quedaron durante varios días en el caserío alrededor de 20 personas, que no migraron por temor a perder sus bienes. Las demás, fueron desplazadas ente la intimidación de las Fuerzas Armadas en el fallido intento de ocultar las responsabilidades que les competen, en medio de la preocupación y de la exigencia de verdad y justicia que ha despertado dicha tragedia en los ámbitos políticos y sociales del país, en las redes sociales y medios de comunicación, así como en las más altas esferas internacionales empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, la Misión de Seguimiento al Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno Santos con las Farc, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y organizaciones como Human Rights Watch-HRW, así como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos-Wola, entre otras.
En dicho contexto, es de resaltar el esfuerzo de despliegue realizado por tres medios de comunicación: El Periódico el Espectador-Colombia+20, el Portal Vorágine y la Revista Cambio. Son seis periodistas que se movilizaron hacia el territorio cinco días después del operativo e iniciaron una serie de informes que se presentaron mediante diversas entregas desde el 10 de abril. Para ello, se basaron en testimonios de personas de la comunidad, hicieron una línea de tiempo, recopilaron videos que fueron tomados por los vecinos de dicha vereda donde se evidencian muchas de sus denuncias, así como las declaraciones de un tanatólogo que pidió no ser identificado y quien informó del número y estado de los cuerpos de las personas fallecidas cuyos cadáveres fueron recogidos en el Batallón de Artillería No 27 Santana de Puerto Asís. Aunque la solicitud era recoger siete cadáveres de personas de Puerto Leguízamo, presuntamente de integrantes de disidencias, les fueron entregados 11 cuerpos sin identificar, los cuales fueron remitidos, un grupo, a la funeraria de Puerto Asís y otro a la Fiscalía.
En principio, los medios periodísticos y la denominada “opinión pública” conocieron los hechos a través del Ministro de Defensa, Diego Molano, quien el día 28 de marzo a las 4.35 PM, mediante un trino en su acostumbrado lenguaje reportó que, supuestamente, habían sido “neutralizados nueve criminales y capturados cuatro más en Puerto Leguízamo”. Después, dijo que eran once. Duque también trinó en el mismo sentido.
En principio, el gobierno y las Fuerzas Armadas no reconocieron la presencia de civiles en la zona durante la operación militar, que valoraron como legítima. Su propósito, según los primeros informes, era ubicar a Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, más conocido como “Bruno” y a otro líder de la disidencia del Frente 48 o Comando de la Frontera, conocido como “Managua”. Según Guarnizo [2] en el Portal Vorágine, los Comandos de Frontera – CDF – son un grupo conformado por disidencias mezclado con exparamilitares que se dedica a las actividades de narcotráfico. Se disputa el territorio con el Frente Carolina Ramírez de disidentes de las Farc en el Bajo y Medio Putumayo.
Según informe de la Fiscalía, en el operativo participaron diez militares entre quienes se cuenta un francotirador y cuarenta militares más en la vía fluvial, integrantes de la Fuerza Aérea y la Armada. El Comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, General Juan Carlos Correa, insistió en que la operación había comenzado diez días antes, en medio de fuertes combates y aseguró que el procedimiento estuvo enmarcado dentro de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario-DIH, desde lo jurídico y doctrinario. También se afirma que los trabajos de inteligencia comenzaron desde septiembre de 2021.
No obstante, es de subrayar que la Vereda Alto Remanso no es un campamento de un grupo armado ilegal. Se trata de un caserío cuyo núcleo está conformado por una cancha de cemento, una caseta, varias viviendas, un prostíbulo llamado El Chongo y una serie de casas dispersas que se conectan mediante trochas y caminos. La vereda se ubica en un vértice de enlace fronterizo entre comunidades de Colombia, Ecuador y Perú, que comparten la selva amazónica y se conectan por el Río. En la zona de los tres países se asientan los pueblos indígenas Murui, Muinane, Kircwa, Siona y Coreguaje. También hay presencia de población campesina y de población afro.
La zona, por supuesto, cuenta con presencia de grupos armados ilegales y es de tradición cocalera, dado el abandono estatal. Por ello, es común la presencia de integrantes de dichos grupos que se mueven en los caseríos, lo que no convierte a los miembros de las comunidades en delincuentes ni en auxiliadores de dichos grupos y tampoco a sus veredas en campamentos de grupos armados ilegales. Este sería un primer elemento para cuestionar, en términos de la violación del DIH por parte de las Fuerzas Armadas y del uso desproporcionado de la fuerza contra población civil campesina e indígena integrada por hombres, mujeres y menores de edad.
Dado el abandono estatal, los miembros de la comunidad plantean que habían organizado desde la Acción comunal y estaban realizando un bazar de tres días con participación de habitantes de varias veredas a lado y lado del río, es decir, de los tres países, con el objeto de recaudar fondos para la construcción de un camino de placa huella de 2.5 kilómetros, destinado a conectar la vereda con las fincas. El lunes 28 de abril se cumplían tres días de realización del evento. Después de un fin de semana de jolgorio, comida y consumo de licor, varios comensales estaban dormidos sobre las mesas, otros borrachos mientras los demás continuaban la fiesta. El Presidente de la Junta comentaba que ya había recaudado 11 millones de pesos y esperaba conseguir más recursos en lo corrido del día.
Entre las 7.00 A.M. y las 7.30 A.M., según dicen integrantes de la comunidad, comenzó la incursión militar. Las primeras detonaciones se escucharon detrás de la cocina, como reseña Redacción Colombia+20 [3]. Quienes llegaron armados, vestidos de negro, se presentaron gritando que se tiraran al suelo, que no eran Fuerza Pública. Los habitantes pensaron que se trataba del Frente Carolina Ramírez. Posteriormente, varios de los hombres armados se cambiaron sus ropas y se colocaron uniformes del Ejército, que les fueron suministrados desde el helicóptero. Allí, los integrantes de la comunidad concluyeron sorprendidos, que habían sido engañados, cuando ellos esperaban que el helicóptero venía a salvarlos de los atacantes.
Según los relatos, la fiesta fue visitada en diversos momentos por integrantes del Frente 48. Según Guarnizo [4], el General Juan Carlos Correa declaró que el lunes 28 no había civiles en el caserío, ni en la cancha, no había ni bazar ni baile. Según el General, vieron a seis hombres armados caminando hacia el embarcadero. En contraste, las declaraciones de los miembros de la comunidad y los videos dicen otra cosa. El bazar continuaba y la gente de la comunidad estaba allí.
Los voceros de las fuerzas Armadas y del gobierno han venido cambiando las versiones, incluso, para sustentar que los primeros disparos se originaron contra ellos cuando iban hacia el caserío. En otras versiones dicen que los soldados solicitaron permiso para disparar, ya no a seis, sino a tres disidentes. No obstante, las personas de la comunidad señalan el inicio del tiroteo por parte del francotirador. La gente de la comunidad reconoce que en el caserío había, al menos, cinco disidentes armados, que llegaban y se iban alternadamente. No obstante, cada vez se refuta más el que todas las personas fallecidas fueran disidentes y que estuvieran armados. Es el Caso del Presidente de la Junta de Acción comunal, Divier Hernández, de quien el Ejército no ha podido evidenciar pruebas de haber estado disparando. Al contrario, mujeres que estaban preparándose para hacer relevos en la cocina comentan que estaba pendiente de los preparativos de comida y del recaudo del dinero del bazar, que ya contaba con once millones de pesos, los cuales fueron decomisados por el Ejército, al igual que 32 millones de la venta de una finca, según denuncia uno de los sobrevivientes.
La posición de los cadáveres evidenciaba manipulación de los cuerpos, tanto de Divier Hernández, como de Ana María Sarrias, su esposa, quien estaba en estado de embarazo, el Gobernador del Cabildo Indígena, Pablo Panduro, a quien sin pruebas y, como se evidencia en los videos, la comunidad denunciaba y protestaba ante los propios militares que no estaba armado; sin embargo, los militares pretendieron presentarlo como combatiente como muestra un video en el que los integrantes de la comunidad confrontan a un militar vestido de negro (https://voragine.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/reclamo-comununidad-baja.mp4). También es el caso del menor de edad Brayan Santiago Pama, cuyo cuerpo fue arrastrado y manipulado para hacer aparecer que portaba un arma. Diversas fotos observadas por los periodistas evidencian esta situación.
Según los relatos de la comunidad, al terminar la balacera, que duró alrededor de hora y media, los pobladores fueron obligados a salir de sus casas y los reunieron en la cancha, donde los ubicaron durante cuatro horas, a espaldas de donde se ubicaron los cadáveres, bajo custodia militar, incluso para ir al baño.
Aunque en rueda de prensa el Ministerio de Defensa aseguró que el operativo fue realizado en conjunto con la Fiscalía y así se presenta en el informe de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía reporta que solamente conoció del operativo a las 14.20 horas del mismo día; es decir, siete horas después del operativo. Durante todo el tiempo, el Ejército tuvo el control absoluto de la situación. En ese lapso, hubo personas heridas como Ana María Sarrias, Pablo Panduro y el joven Brayan Santiago que, según denuncian sus vecinos, murieron desangrados, sin poder recibir auxilio. El CTI de la Fiscalía presenta reportes de documentos de inspección técnica a las 15:45, es decir, cuatro horas después del reporte del Ejército.
Es de anotar que la Fiscalía arribó a la zona el primero de abril, cuatro días después de los hechos. Además, los funcionarios llegaron en helicóptero de las fuerzas militares y se portaron en una dinámica de familiaridad en relación con el personal militar, lo que dejó muchas dudas con respecto al nivel de independencia en el proceso de investigación.
Cuando llegó la Fiscalía, ya la Mesa Regional de Garantías del Putumayo, conformada por diez organizaciones sociales de derechos humanos y algunos medios de comunicación ya estaban en Puerto Asís. La prensa denuncia que el lugar de los sucesos luctuosos en Alto Remanso no fue acordonado.
El día 2 de abril, como se informa en Redacción Colombia+20, llegaron en lanchas el Brigadier General Óscar Alexánder Tobar Soler, Jefe del departamento jurídico integral del Ejército; la Mayor General Paulina Leguizamón, Subjefa Jurídica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y el General Juan Carlos Correa, Comandante División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército. Los dos primeros, tienen la misión de blindar el caso jurídicamente en favor del Ejército. El General Correa, está a cargo de la seguridad de la zona.
Como afirma David Melo, abogado de las víctimas [4] el teatro de operaciones quedó contaminado. Además, dada la presencia militar, los pobladores aducen que se sienten intimidados para declarar, situación que continúa. Ninguna otra autoridad puede desarrollar una investigación independiente.
Pero, mientras el Ejército dice que no manipuló los cuerpos, las Actas de Inspección Técnica de Fiscalía dicen lo contrario. Supuestamente, las actas registran que los cuerpos fueron encontrados en posición natural, sin haberlos movido de los sitios donde cayeron. Pero, según un experto forense consultado por el Equipo Periodístico de los tres medios, encuentra que los cuerpos se presentan boca arriba y con las palmas de las manos hacia arriba y sin pliegues de las extremidades. Esto da la impresión de haber enfilado los cuerpos para la inspección urgente por parte del Equipo del CTI.
Actualmente, desde el Ministerio de Defensa se tiende a reconocer que se dio de baja a ocho integrantes de las disidencias y que otras tres personas murieron por balas de disidentes, a pesar de pertenecer a dichos grupos. Este sería el caso de Duvier Hernández y Ana María Sarrias, su esposa, quien estaba embarazada. Sin embargo, el 11 de abril, el propio General Zapateiro, Comandante del Ejército, connaturalizado con la posibilidad de que mueran mujeres embarazadas y menores de edad en operativos militares, ya que no sería la primera vez, declaró que ella estaba en combate, en la “línea de muerte”. Esto, contrasta con declaraciones del General Correa, quien dice que ella estaba a cargo de quitar las armas a los cadáveres y de botarlos al río. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que los buzos no encontraron armas en el Río, como lo informa Parada [5].
Las personas asesinadas tampoco figuran en los organigramas de las disidencias. Las versiones de pertenencia a grupos armados no constan en denuncias registradas. En el caso del Gobernador Indígena, Panduro, solamente se plantea un señalamiento verbal por parte de un desmovilizado. Sin embargo, siempre tuvo el reconocimiento de las autoridades y en regla sus registros legales. Su papel comunitario fue ampliamente reconocido, al igual que el del Presidente de la Junta de Acción Comunal.
La estigmatización de la población comienza por la denominación de “bazar cocalero” señalado por medios como Revista Semana, y facilita el convertir a los pobladores en objetivos militares, como bien lo advierte Ordóñez [6].
Por su parte, la Defensoría del Pueblo solo se hizo presente el 3 de abril en la Vereda Alto Remanso. Su informe presenta sin cuestionar un resumen ejecutivo de las Fuerzas Armadas con respecto al operativo. Este tiende a sostener que la operación militar fue lícita, porque el número de civiles era reducido, en razón de la hora (7.20 A.M), porque la programación del bazar comenzaba a las 10 A.M. y sostiene que la invitación era del Grupo Comandos de Frontera, con lo cual se estigmatiza a la comunidad, a sus dirigentes y se niega el papel de la Junta de Acción Comunal en el liderazgo social. En sus recomendaciones, llama a seguir investigando si el operativo se adecuó al cumplimiento del DIH, en relación con los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. A la vez, recomienda evitar que las declaraciones y pronunciamientos públicos del Ministerio de Defensa, del Ejército y la Armada Nacional sustenten sus operativos militares en las Alertas Tempranas de la Defensoría. En su llamado a investigar enfatiza más en planteamientos de paz estable y duradera, con base en acceso a tierras y estabilización económica que, siendo importantes, no pueden estar por encima del derecho a la vida.
Como informa Cuarto de Hora [7], una Misión de la ONU visitó el Alto Remanso y dialogó con los pobladores que quedan allí, hablaron con la nueva gobernadora indígena y participaron de la elección de la nueva Junta de Acción comunal. Allí, se refrendó la preocupación del Jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruíz Massieu y su declaración ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ente que reclamó el esclarecimiento de la verdad de los hechos ante las víctimas. Allí, la delegación insistió en el cumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz y la satisfacción y protección de los derechos sociales incluyendo el Plan Integral de Sustitución de Cultivos.
Así mismo, en la vereda hizo presencia la Comisión de Paz del Congreso y, con base en su informe fue aprobada para el 26 de abril la sesión de Moción de Censura contra el Ministro Diego Molano, como muestra Contagio Radio [8]. Ministro cuya designación acaba de ser anulado por el Tribunal Superior de Cundinamarca, por haberse violado la Ley de Cuotas de participación de las mujeres en el Gabinete Ministerial. Sin embargo, ante la apelación del Gobierno, será el Consejo de Estado quien defina si mantiene o anula su nombramiento.
Mientras tanto, la moción de censura será un escenario que permitirá medir fuerzas entre los sectores democráticos y la coalición de ultraderecha gubernamental, en el ocaso del Gobierno Duque. Su maltrecha situación internacional está relacionada con las ácidas críticas en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente, frente a las violaciones de los Derechos Humanos y el Informe adverso presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el tema de derechos humanos.
_____________[1] Defensoría del Pueblo. Informe de la misión humanitaria de la defensoría del pueblo a las veredas alto remanso y bajo remanso del municipio de puerto leguizamo – putumayo. Abril 12 de 2022.
Ver: https://caracol.com.co/radio/2022/04/20/judicial/1650455841_016904.html[2] Guarnizo José. El operativo del Ejército manchado con sangre de civiles. Vorágine. Abril 10 de 2022.
Ver: https://voragine.co/el-operativo-del-ejercito-manchado-con-sangre-de-civiles/[3] Redacción Colombia+20 ¿Cómo fue el operativo militar en Putumayo en el que murieron 11 civiles? El Espectador. Abril 12 de 2022.
Ver: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/como-fue-el-operativo-militar-en-alto-remanso-putumayo-en-el-que-murieron-11-civiles-linea-de-tiempo/[4] Guarnizo José. Las contradicciones y vacíos en la versión del Ejército sobre operativo en Putumayo. Vorágine. Abril 17 de 2022.
Ver: https://voragine.co/las-contradicciones-y-vacios-en-la-version-del-ejercito-sobre-operativo-en-putumayo/[5] Parada Lugo Valentina. Ejército se contradice y no despeja dudas sobre operativo en Putumayo. El Espectador. Colombia +20. Abril 17 de 2022.
Ver: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/ejercito-se-contradice-y-no-despeja-dudas-sobre-operativo-en-putumayo/?utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_content=boton_twitter_share_notas[6] Ordóñez Linda. La masacre de Alto Remanso: el terror como estrategia militar. Razón Pública. Abril 17 de 2020.
Ver: https://razonpublica.com/la-masacre-alto-remanso-terror-estrategia-militar/[7] Cuarto de Hora. Misión ONU en Colombia escuchó a la comunidad de la vereda Alto Remanso, Putumayo. Abril 19 de 2022.
Ver: https://cuartodehora.com/2022/04/19/mision-onu-en-colombia-escucho-a-la-comunidad-de-la-vereda-alto-remanso-putumayo/[8] Contagio Radio. 26 de Abril será la moción de censura contra Min Defensa en el Congreso. Abril 20 de 2022.
Albeiro Caro Fernández, Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris