Por RemcoBouma
Nuevo Arco Iris

Cinco años después de la muerte de su hijo, Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo, ha sido desplazada y no tiene como pagar la tumba de su hijo, pero no ha logrado lo que ella más busca: Justicia.

“Es triste que pensar que el tiempo este pasando y no ven resultados. ¿Cuáles queremos? Justicia. Que el señor presidente se pare ante los medios de comunicación y admita que los muchachos no eran unos guerrilleros, que eran inocentes. Que diga: perdón, Madres de Soacha, discúlpenos. Esa es la mejor reparación.”

A primera vista, Monroy no pareciera ser una persona reconocida a nivel mundial, como realmente lo es. Viaja en bus, se viste y habla como cualquier otro ciudadano. Aunque su hija le contó de los artículos que salieron sobre ella, aún no los ha leído y ríe cuando afirma: ‘yo soy una burra para el internet’.
Sus hijos venden flores en un semáforo; ella misma gana veinticinco, treinta mil pesos diarios si le sale un trabajo, igual que su esposo. “Usted sabe que la vida no es fácil en Colombia, y menos, para la personas bajos recursos”.

Este 26 de septiembre se cumplieron cinco años de una reunión en la Personería, en la que varias madres de este municipio, entre ellas Monroy, fueron informadas que su casono había sido único, sino que la desaparición de sus hijos formaba parte de una práctica sistemáticaque el ejército estaba llevando a cabo en Soacha.

Esta reunión, llevo a la conformación de las madres de Soacha, grupo que llegó a tener gran atención en la prensa nacional e internacional en el 2008 y el 2009.

Las Madres representan 19 casos, de los cuales catorce en Soacha, cuatro en Ciudad Bolívar, y uno en Fusa. Soacha fue el primer municipio donde se conoció de los falsos positivos, posteriormente, por todo el país, se destaparon miles de casos más.

Hoy las Madres cumplen cinco años, pero no tienen nada que celebrar.No se conocían antes y solo están conectadas, por algo que nunca quisieran haber vivido: la desaparición de sus hijos, presentados como guerrilleros muertos en combate y encontrados en una fosa común en Ocaña, (Norte de Santander).

Actualmente, las Madres no conforman una organización como tal, y sólo se reúnen para cosas puntales, por ejemplo, un plantón enfrente de la Fiscalía que hicieron este julio para reclamar por resultados. De ahí, que Monroy habla en título personal y no pretende representar a otras Madres.

“El 2 de marzo 2008, Julián salió a las 7:00 p.m. para encontrarse con alguien para un trabajo. Me dijo que no se demoraba, y que le guardara comida.” Pero Julián nunca volvió.

De las investigaciones de la Fiscalía, Monroy llegó a saber que a las 21.30, Julián cogió un bus a Ocaña, donde lo recogió una moto a las 10: a.m., quien lo llevó al lugar donde lo asesinaron de una. “Ni siquiera le dieron tiempo para tomarse una gaseosa,” dice su mamá.

Desde allí, Monroy duró casi siete meses sin ninguna pista, qué pudiera haber pasado con su hijo. Recorrió toda Soacha, llegó con los pies hinchados, puso las denuncias, pero no supo nada hasta que Medicina Legal y la Registraduría identificaron los muertos que aparecieron en Ocaña,con las desapariciones denunciadas en Soacha.

“Yo siempre digo que he tenido suerte que recibieron mi denuncia. De otras Madres, las autoridades no la recibieron. Dijeron que les correspondía en otro lugar, o que sus hijos seguramente estaban de rumba, pasándose bien con la novia”.

¿Cómo avanzan las investigaciones penales al caso de su hijo?

Con mucha demora, porque los abogados apelan donde puedan, y por falta de capacidad en la justicia. El caso de Julián llegó el 19 de agosto al juicio oral, pero lo suspendieron poco después, porque los juzgados tenían que irse – no me dijeron cuándo se retoma el caso. Dicen que mi caso puede demorar dos años más.

¿Y los casos de las otras Madres?

De los diecinueve casos, en dos, ya hubo condenas, de cincuenta y hasta sesenta años. En cinco casos más, están cerca por condenar: están en el juicio oral y falta un mes para dictar condenas. Pero los abogados apelan. Lo mandan a la segunda instancia. En otros casos, las investigaciones ni siquiera han empezado. Además, siempre condenan a los que apretaron el gatillo, a los que estuvieron allí. Yo quisiera que hubiera condenas para los altos rangos, los que lo planearon, los que dieron la firma.

Hace un año, leímos que las tocaba pagar para la tumba de sus hijos. ¿Cómo hicieron?

¡No! Estoy debiendo. Debo 150 mil del año pasado, cuando el entierro de mi hijo cumplió cuatro años, y ahorita debo 150 mil pesos más. No los hay, porque si hay para la comida, si hay para los servicios, no hay para pagar allá.

¿Nadie les ayudó con eso?

La Alcaldía de Bogotá nos pagó el entierro y los primeros cuatros años. La Fiscalía supuestamente iba a conseguir los recursos. Pero mientras no haya condena, el Estado no se hace responsable. No hemos recibido apoyo ninguno.

No pueden sacar el cuerpo del cementerio, porque está sujeto a una investigación penal, y el gerente lo sabe. Me dijo: doña Blanquita, sabemos que a su hijo no lo podemos sacar porque un gran problema nos viene encima. Pero ustedes tienen que pagar.”

¿Qué ha pasado con los amigos, vecinos o conocidos? 
Sí, todos siempre han estado muy pendientes, les agradezco mucho. Pero nos tocó irnos de ese lugar debido a las amenazas, no sólo a nosotros, sino a ocho familias más.

¿Los amenazaron?

Cuando recién empezaron las audiencias, en el 2009, una persona con prendas militares, paró a los hijos míos de 15 y 17 años, en la calle y dijo: chinos doble hijo de tanta, la cedula. Les preguntó dónde vivían, y que estaban haciendo en la calle a las nueve dela noche. Estaban todosen grupo, pero sólo los detuvieron a ellos.

Luego llegó un militar en moto que duró unos diez minutos enfrente de la casa – yo estaba fuera, pero mi esposo me lo contó. Unos días después, a las tres de la mañana, tiraron una roca y rompieron todos los vidrios de la casa. Allí fue que dijimos: ya no más, nos tenemos que ir ya. Pusimos la casa en venta, eso fue rápido, y ya estamos por otra parte.

También han sido reconocidas a nivel internacional.

Sí, eso pasó, pero con otras Madres. Me dijeron: escriba una carta a España, pero yo estaba embolatada esos días y no alcancé. Igual, la pelea mía es que los que mataron a mi hijo, lleguen a una cárcel que no sea militar. Esa es la pelea mía. No que me reconozcan en España, sino que el Estado reconozca su culpa y que condenen a los responsables, no a los que apretaron el gatillo, sino a los altos responsables, militares y políticos.

¿Usted, qué puede hacer la muerte de su hijo? 

Uno cree que mientras va pasando el tiempo, uno se lo olvida. No es cierto. En vez de olvidarcada vez hace más falta. Lo más que pueda uno hacer, es intentar que a otros jóvenes no los pase lo mismoque a Julián. Ahora estoy realizando talleresen los colegios de Soacha, para contar la historia de mi hijo. Que de pronto pensaba hacer buena plata, que quería ayudar a su mamá. Pero yo, como mamá que ya pasó por eso, digo que no se dejen llevar por falsas promesas. Para que sus mamás no se queden como me quedé yo.”

La opinión internacional

Adelantar la investigación a los falsos positivos es una de las principales recomendaciones de la comunidad internacional. El Corte Penal Internacional, que adelanta una investigación preliminar en Colombia, afirmó que “presuntamente, actores estatales, en particular miembros de las fuerzas armadas, han dado muerte intencionalmente a miles de civiles con el fin de potenciar su tasa de éxito en el contexto del conflicto armado interno y obtener beneficios monetarios procedentes de fondos del Estado.” La Corte está investigando 1.669 casos, con un número de víctimas que llegue posiblemente a 2.896. Su decisión sobre sí o no abrir la investigación en Colombia, está relacionadaa cómo el Estado adelante la investigación a los falsos positivos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), en su informe sobre 2012, ha calificado la respuesta del Estado como ‘inadecuada’ y maneja un número de falsos positivos que puede llegar hasta 4.716, de los cuales en sólo en 30% de los casos se abrió una investigación. De ellas, el 60% no ha pasado la investigación preliminar; sólo 294 casos han llegado a la fase de juicio oral. Destacó la investigación penal a los falsos positivos como el primer problema entre los que requieren atención urgente del Estado. En este marco, tanto el CPI como el OACDH han expresado su preocupación sobre la reforma del fuero penal militar.