Grupos armados ilegales hostigan a pueblos indígenas en la costa pacífica Nariñense


Hace unos días las Autoridades Tradicionales Indígenas AWÁ –UNIPA- denunciaron que grupos armados ilegales amenazaron su “KATSA SU”, territorio ancestral de la comunidad.

La denuncia se realizó por medio de un comunicado en el que afirman que los hechos se han presentado precisamente “hoy, en donde Colombia ha visto en la Paz una protagonista fundamental de diversos escenarios cotidianos”.

Exponen cinco hechos clave, presentados, y hacen cuatro exigencias a la comunidad nacional e internacional.

Entre los hechos se menciona que después del 15 de agosto del año en curso se ha oído sobre el “surgimiento y la presencia de nuevos grupos armados”; días después, el 29 de agosto, hubo “enfrentamientos desde muy tempranas horas hasta el mediodía, por dos grupos armados ilegales que hacen presencia en los resguardos de la zona fronteriza”, motivo por el que se suspendieron las clases en varias escuelas pertenecientes al municipio de Tumaco.

De igual forma denuncian la restricción de la movilidad, “la amenaza a las familias Awá, la exigencia que jóvenes y jovencitas Awá hagan parte de nuevos grupos armados ilegales autodenominados: Guerrillas Unidas del Pacifico – G.U.P y Ejército Revolucionario del Pueblo – E.R.P., que tras el proceso de reincorporación de las FARC, intentan controlar la vía Pasto – Tumaco y la zona de frontera con la Republica del Ecuador”, las comunidades afirman que están realizando jornadas de propaganda, distribuyendo panfletos amenazantes, patrullan con prendas militares y fusiles, sembtando el terror y zozobra en las comunidades del pueblo indígena.

Los resguardos que se han visto afectados por estos hechos son Piedra Sellada Yarumal, Hojal la Turbia, El Gran Gran Sábalo, Kejuambí Feliciana, Chinguirito Mira, entre otros. Una de las consecuencias, de no acudir a las exigencias de estos grupos ilegales, es enfrentarse a minas antipersonal en dichas zonas.

Así mismo mencionan que presuntamente integrantes del ELN, en medio del cese de hostilidades, han irrumpido en la tranquilidad de los resguardos.

Finalmente exigen “al gobierno nacional y organismos internacionales de derechos humanos, tomar medidas de prevención de reclutamiento forzado con garantías institucionales, con especial atención integral de nuestra niñez y adolescencia”, cumplir con el “deber constitucional de garantizar la seguridad, integridad, vida y pervivencia como pueblo Inkal Awá” y para ello, aseguran, es menester que se dé fin a “la concertación del Plan de Salvaguarda Étnico y se implemente a la mayor brevedad posible, tal como lo ordenó la honorable Corte Constitucional en los Autos 004 del año 2009 y 174 de 2011, se garantice la protección colectiva e individual en medio de la implementación del Acuerdo de Paz, y ahora el cese de hostilidades con el ELN, especialmente en las zonas donde existen cultivos de hoja de coca”.

De igual manera a la defensoría del pueblo se le solicita que haga acompañamiento a las “comunidades para evitar nuevos desplazamientos, confinamiento, siembra de minas antipersonales, reclutamiento forzado, amenazas a las autoridades y líderes por estos nuevos grupos armados ilegales” y por último hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacional e internacional, para que “acompañen de manera permanente denunciando las vulneraciones de los derechos humanos, abandono Estatal, exclusión y marginación histórica” a las que han estado enfrentados en la costa pacífica Nariñense.

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