En América Latina el movimiento ambientalista ha tomado un auge nunca antes visto, siendo similares los problemas, los afectados, las características de sus líderes y las mismas transnacionales.

Mientras en Bucaramanga e Ibagué se hacían manifestaciones contra proyectos mineros, en Neiva se protestaba contra la desviación del Río Magdalena y la represa El Quimbo y en Riohacha por la construcción de Puerto Brisa y la profanación de territorios sagrados indígenas, esto también sucedía en Cajamarca (Perú), San Marcos (Guatemala), Catamarca (Argentina) y en Chile alzaban su voz en contra de la explotación de los glaciales.

La defensa del medio ambiente y la conciencia acerca de los impactos de los megaproyectos mineros, petroleros y energéticos ha generado movilizaciones ciudadanas de origen local, cuyas mismas dinámicas los han llevado a coordinarse nacionalmente y buscarle la solidaridad internacional de redes y ONGs afines. Aunque las reivindicaciones siempre giran en que se respeten los derechos de las comunidades a regir su destino, a no ser desplazados de los territorios en que han vivido y trabajado y se conserven los ríos, su convicción fundamental es que la naturaleza no pertenece solamente a esta generación y que hay que ser responsables con la herencia que se le va a dejar a los hijos y nietos.

Exigen del estado normas claras y coherentes para la adjudicación de licencias ambientales y que este tenga voluntad política para impedir aquellos proyectos cuyos costos ambientales y sociales son mayores que los beneficios económicos y de empleo.

Son grupos heterogéneos de estudiantes, profesores, líderes comunitarios y campesinos, directivos de acueductos veredales y asociaciones de usuarios públicos así como periodistas y orientadores de opinión independientes.

No son partidistas y en sus marchas por lo general les dicen a los jefes políticos que marchen al final. Son pragmáticos y exigen que el estado sea el regulador y árbitro de los conflictos en el seno de la sociedad y debe optar por el bien común.

Son un voluntariado al cual dedican largas jornadas de trabajo, incluyendo los fines de semana y toman las causas de otros como si fueran propias. Salen en familia a las marchas y algunos llevan a sus niños y hasta el perro. Se comunican a través de internet y hacen el esfuerzo de tener un medio propio de comunicación.

Algunos son religiosos y obispos que tomaron en serio las palabras de Benedicto XVI que habló del pecado contra la naturaleza y lo estableció como  el XI mandamiento de la Ley de Dios.

Por eso y también por fidelidad a su pueblo la conferencia de obispos del Perú respaldó la marcha por el agua para frenar el proyecto minero Conga, la ampliación de la mayor mina de oro del continente y Monseñor Samuel Ruiz, obispo de Chapas se levantó de su lecho de enfermo para protestar contra los abusos de las empresas mineras canadienses en México y luego murió.

Algunos de ellos han sido desaparecido o asesinados, Colombia ya tiene varios mártires, como Kimy Pernía Domicó, indígena Embera que se opuso a la construcción de Urrá y el desplazamiento de su pueblo, lo que ocasionó que sus mujeres anden mendingantes por Medellín y Bogotá, recordando la tragedia de este pueblo.

Los ambientalistas merecen respeto y deben tener todas las garantías para su libre accionar, perseguirlos es ahondar aún más el conflicto social y político que nos ha sumido en esta violencia interminable.

/ Rodrigo Rojas Orozco