Foto: Durante el bombardeo a Santo Domingo en Arauca en diciembre de 1998, 17 civiles murieron
/ Archivo particular

Lo irregular es que el juez Rodríguez Barragán, que investigaba los combates, terminara pronunciándose sobre el otro proceso sin que el expediente probatorio ni la acusación  tratara sobre él. El Fiscal 22 de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Gonzalo García Gómez, confirmó que la resolución de acusación que sirvió de base para la emisión del fallo del juez de Arauca se limitó a la muerte de los soldados pertenecientes a la XVIII Brigada y no incluyó el episodio de los civiles. Entonces, ¿Si el juez de Arauca no tenía que pronunciarse sobre los civiles por qué razones lo hizo?

Tito Augusto Gaitán, abogado de la Asociación Minga, quien apodera a las víctimas de la masacre de Santo Domingo en el proceso penal, no se explica por qué  ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público, ni la Defensoría apelaron el fallo en su momento y permitieron que quedara en firme. “Si lo hubieran hecho se habría caído el aparte de los civiles porque no guarda congruencia con la resolución de acusación”.

Para el abogado penalista de la Corporación Nuevo Arco Iris, Juan Manuel Ramírez, esta confusión le cae como anillo al dedo al Estado para decir ante la CIDH que todo fue una farsa y salvar su responsabilidad en la masacre de Santo Domingo. De hecho Eduardo Montealegre, defensor del Estado colombiano frente a la CIDH, y uno de los candidatos a Fiscal General de la Nación, declaró recientemente en un medio de comunicación que le había hecho llegar a la Corte copia del fallo del juez Rodríguez Barragán.

Gaitán calificó de impresentable, incoherente e inconsistente la defensa del Estado ante la Corte. “Durante todo este tiempo el Estado ha sumado esfuerzos para manipular las pruebas y distorsionar episodios procesales como lo hacen ahora, desfiguran la verdad para encubrir a los responsables y re-victimizar a las víctimas”.  Él confía en que esta sentencia no va a tener ningún impacto procesal.

Pero no todos piensan lo mismo. Nelson Nevito, abogado penalista y politólogo, cree que se pretende revivir un tema probatorio que ya está cerrado. “En caso de resultar triunfante en la Corte Suprema de Justicia esta teoría de que las muertes se produjeron por el grupo al margen de la ley y no como consecuencia de la bomba clúster arrojada desde el helicóptero estarían frente a una prueba nueva y permitiría de alguna manera revisión frente al caso de los pilotos”. Es decir, volver a empezar. En ese sentido es clave el recurso de casación interpuesto por la defensa de los pilotos en el caso Santo Domingo y sobre el que la Corte aún no se ha pronunciado.

La Asociación Minga presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Arauca en días pasados y espera que en dos semanas haya ya una respuesta como único recurso de amparo porque el caso no tiene vía procesal de resolución. Hasta ahora es un fallo ejecutoriado a pesar de las incompetencias e irregularidades que pretenden corregir con la tutela.

Nevito por su parte identificó algunos episodios que le parecen extraños en la sentencia del Juez de Arauca. Primero, que el fallo se conozca justo cuando el caso está en la CIDH. ¿Feliz coincidencia para algunos? Segundo, que los defensores de los pilotos no tuvieran conocimiento de este nuevo fallo. Tercero, que la defensa de Grannobles, en este caso de oficio, no haya interpuesto ningún recurso. Cuarto, llama la atención el papel de la Fiscalía que parece tan sorprendida como todos.

Tal como están las cosas el caso Santo Domingo vuelve a la palestra.  Para el gobierno es estratégico demostrar que la Justicia Penal Militar no sólo tenía competencia, sino que tenía la razón al decir que sus pilotos no tuvieron culpa en el bombardeo.  Más aún cuando el debate del fuero está que arde. Sin duda es el gran beneficiado con el estrambótico fallo del juez de Arauca.

Reina Lucía Valencia/Arco Iris