Foto: archivo revista Arcanos

Durante los dos primeros meses del año la insurgencia atacó 18veces la infraestructura energética del país. El año pasado las Farc y el ELN cometieron 121 ataques contra torres de energía, oleoductos, caravanas de vehículos que trasportan crudo, y gasoductos, y en el 2012 la tendencia parece ir en aumento. La región más afectada es Norte de Santander donde ha habido reiterados ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas, y donde el pasado 8 de agosto el Frente 33 de las Farc dinamitó un campo petrolero de la empresa canadiense Alange Energy Corp, en Puerto Santander, y le prendió fuego al tanque de almacenamiento.

Otros departamentos afectados son Nariño y Putumayo, por donde pasa el oleoducto Transandino que ha sido dinamitado constantemente. El ataque más fuerte se presentó el 23 de noviembre en Putumayo cuando la guerrilla voló 5 tramos del oleoducto. Por último, la infraestructura petrolera de Caquetá se ha convertido en blanco de la columna móvil Teófilo Forero.

Las Fuerzas Militares están tan desconcertadas con esta ola de sabotajes que el pasado 20 de marzo el comandante del Ejército Sergio Mantilla dijo que el último ataque al oleoducto Caño-Limón-Coveñas en Norte de Santander lo habían realizado civiles, lo que generó un airado rechazo de las autoridades regionales.

Primero fueron las Farc quienes mataron a 11 soldados en Arauca. Después el contra-ataque de las fuerzas armadas dejó a 33 guerrilleros muertos en un bombardeo. Esta semana sangrienta es apenas el iceberg de la disputa por los recursos de la bonanza petrolera.

Este deterioro de la seguridad en el área energética no es nuevo. Desde el 2010 se venía previendo un aumento en los ataques y a pesar de que se han creado batallones minero-energéticos, se reforzó el Plan Meteoro, y se aumentó el pie de fuerza para las más de 130 empresas que operan en el país, los atentados no se han frenado. ¿Por qué?

El Observatorio del Conflicto de Nuevo Arco Iris encontró tres explicaciones al deterioro de la seguridad en las áreas petroleras:

Las Farc están en lo profundo de la selva… y el petróleo también

Quizá el único logro tangible de la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe es que desplazó a las guerrillas de los grandes centros económicos y de las principales vías del país, y los empujó hacia las zonas más selváticas en los Llanos Orientales o de alta montaña del Huila y Cauca. Pero resulta que justamente en estas regiones aisladas es donde hoy se encuentra la riqueza petrolera. En Caquetá, por ejemplo, las Farc tienen 8 estructuras armadas que operan con no menos de 900 guerrilleros, y la Fuerza Pública no tiene capacidad para cubrir la inmensa zona de exploración y explotación que hay en ese departamento. Algo similar ocurre en Meta y Arauca. Que la guerrilla ha tomado como objetivo prioritario todo el dispositivo militar que protege a la industria petrolera lo demuestra el ataque que dejó 11 soldados muertos esta semana, quienes pertenecían al Batallón Energético y Vial No. 16, y  cuya caída se produjo muy cerca al oleoducto Caño Limón-Coveñas.

El impacto de estas acciones ha sido tremendo: en 2011 la producción de crudo se redujo en 10,2 millones de barriles. Si bien la ola invernal y las protestas sociales coadyuvaron al bajón, fue el deterioro del orden público el que más afectó la producción. La Asociación Colombiana del Petróleo manifestó que entre enero y febrero de 2012 se han dejado de extraer 45 mil barriles de petróleo debido a los contantes ataques de grupos armados ilegales.

Dejan el secuestro, pero no el petróleo

La segunda explicación sobre el deterioro es la falta de control institucional sobre las dinámicas de este mercado. Las compañías petroleras manifiestan que deben subcontratar casi toda la cadena de producción dado que cada parte de esta requiere un tipo de especialidad diferente. Este pulular de subcontratistas le complica al Estado el monitoreo sobre actividades como la extorsión. Es así como las grandes compañías se pueden negar a pagar la vacuna a la guerrilla, pues tienen todo un batallón cuidándolas, pero los subcontratistas sí pagan porque son más vulnerables al secuestro, como ocurrió con cuatro técnicos chinos de los que nadie ha vuelto a hablar y que siguen en poder de  las Farc.

Gran parte de la exploración y explotación petrolera se vive en contextos sociales supremamente complejos. Hace dos años las Farc incineraron un helicóptero y siete campamentos de Pluspetrol en el sur del Meta, que realizaba actividades de sísmica a lo largo del Caguán. Comunidades y autoridades locales de esta región le dijeron a la Corporación Nuevo Arco Iris que Pluspetrol y algunos subcontratistas estaban siendo extorsionados por el frente 44 de las Farc, pero que después el frente 39 también quiso imponer también su vacuna. La empresa se habría negado con el argumento de que ya le estaba pagando al otro frente. A eso se le suma que las Fuerzas Armadas llegaron hasta Mocuare, un corregimiento cercano a Mapiripán, donde solían abastecerse los guerrilleros y éstos acusaron a la empresa de estar provocando las incursiones de los militares. La presión de las Farc fue tal que la compañía argentina decidió dejar el país.