¿Quedarán impunes las chuzadas de Santoyo?

Foto: Mauricio Santoyo, general en retiro y Álvaro Uribe Vélez. / tomada de kienyke.com

Hace casi 12 años, la noche del 6 de octubre del 2000 desaparecieron Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, quienes hacían parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes, seccional Medellín. Esta organización agrupa a muchos familiares de los 74.000 mil desaparecidos que hoy se sabe existen en Colombia. Claudia estaba en Asfaddes desde 1995, pues su hermano Edgar, que había sido detenido por policías de San Antonio de Prado, corregimiento de Medellín,  desapareció después de que estos se lo entregaran a un grupo paramilitar.

Ángel Quintero estaba casado con Lucero Usuga y a la familia de Lucero la  habían condenado al exterminio porque tenía un hermano guerrillero en las FARC. Lucero enterró a dos de sus familiares y carga con el dolor de siete desapariciones forzadas. En agosto de 2000, antes de la  desaparición de Ángel, fueron detenidos y desaparecidos por miembros del Gaula de Medellín, Wilson Usuga, Rubén Usuga y Arvey Poso Usuga. Buscando la verdad de estos crímenes es que raptaron a Ángel de 44 años junto con Claudia.

Gloria Gómez, directora de Asfaddes señaló “quien denuncia en este país es amenazado o perseguido y los familiares de los desaparecidos no somos la excepción. ¿Por qué? Porque se origina como un crimen de Estado. No ha habido ni un solo momento desde el origen de Asfaddes que no hayamos estado chuzados”.

Gómez los recuerda con cariño y dijo que a pesar de la gravedad de las interceptaciones lo más importante es saber qué pasó con ellos. “En Asfaddes hemos sido mayoritariamente mujeres y Ángel era uno de los privilegiados. Él era una persona muy alegre, sociable y solidaria. Eso hizo que nosotros tuviéramos un afecto especial por él, quien venía desplazado de Urabá. Él era el encargado de la oficina de Medellín. Claudia de 31 años hacia parte de la iglesia cristiana y era una persona muy tranquila y llena de fe. Ella tenía dos hijos quienes actualmente viven en el exterior al igual que la esposa de Ángel y sus cinco hijos”.

Cuando la Fiscalía empezó a investigar las desapariciones de Ángel y Claudia, se encontró con que el Gaula de la Policía de Medellín había interceptado ilegalmente cerca de 1800 líneas telefónicas en Medellín, entre diciembre de 1997 y febrero de 2001. Para hacerlo falsificaron las firmas de los fiscales asignados al Gaula. Fue así como pudieron seguir los pasos de organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos, líderes sociales y políticos de oposición, en un momento en el que la violencia en la ciudad parecía imparable, y donde muchos de ellos fueron asesinados o amenazados. Quien dirigía el Gaula de Medellín y tenía el mando sobre la sala de inteligencia mientras ocurrieron estos hechos era el entonces teniente coronel Mauricio Santoyo Velasco, quien tenía una relación de estrecha colaboración con el  gobernador de Antioquia de la época (1995-1997) Álvaro Uribe Vélez.  Luego, Santoyo se convirtió en el jefe de seguridad del Presidente Uribe durante los primeros años de su gobierno.

Ahora las chuzadas en Medellín y las desapariciones de Ángel y Claudia volvieron a ser noticia con el escándalo que se desató esta última semana y que tiene a punto de la extradición al general retirado de la Policía, Mauricio Alfonso Santoyo Velasco por sus presuntos nexos con la ‘Oficina de Envigado’ y los paramilitares.

Santoyo había sido uno de los intocables de la justicia colombiana y al parecer la cercanía con el expresidente Álvaro Uribe lo había hecho inmune, pasando por encima de las decisiones de los operadores judiciales y logrando ser  restituido y ascendido hasta alcanzar el grado máximo de General. Incluso fue enviado como agregado de la Policía a la embajada de Colombia en Italia. Ahora que la Corte Federal del Distrito de Virginia pide en extradición a Santoyo, Uribe dice que no responde por él.

“Me da tristeza que tenga que vincularse al narcotráfico una persona como Santoyo para que se vuelva noticia las desapariciones de Ángel y Claudia, mientras que en el pasado no fue posible que los medios de comunicación lo asumieran con seriedad y responsabilidad” dice Gómez.

El riesgo de la extradición a Estados Unidos de Santoyo es que las víctimas de las chuzadas ilegales se queden viendo un chispero aquí en Colombia, así como sucedió cuando extraditaron a los principales líderes del paramilitarismo y la verdad, la justicia y la reparación les fue esquiva a las víctimas.

Gloria Gómez expresó con preocupación que la represión, los seguimientos y la vigilancia se incrementaron a partir de la exposición pública del caso de Ángel y Claudia esta semana. “Es una constante para Asfaddes las amenazas y las intimidaciones, pero este asunto en particular es muy sensible”.

Asfaddes, que en la actualidad reúne a aproximadamente 500 familias, pide que se unifiquen los procesos por las desapariciones de Ángel y Claudia y el de las interceptaciones ilegales del Gaula de la Policía de Medellín.

El proceso 921 por las desapariciones de Ángel y Claudia lo tenía una fiscal de Derechos Humanos, pero fue trasladado a la Fiscalía 90 con sede en Medellín y que lleva asuntos de la Unión Patriótica. A Gómez lo que le llamó la atención es que con ese trasladó se le quiso quitar el perfil al caso y consideró que no hay imparcialidad y solicitó la reasignación para la Unidad de Derechos Humanos. Para ella está claro que las desapariciones de Ángel y Claudia responden a un ataque directo contra Asfaddes.

Según el expediente 921 no hay avances significativos que ayuden a esclarecer los hechos. Gómez comentó que “lo que se ha logrado averiguar por testigos circunstanciales es que a ellos los metieron violentamente en un carro de vidrios oscuros y no más”.

En cuanto a las chuzadas Juan Diego Restrepo indicó que este caso también está impune. Restrepo luego de investigar los hechos (ver investigación aquí http://www.semana.com/on-line/medellin-laboratorio-optimo-chuzadas-telefonicas/105927-3.aspx) señaló que en el proceso había sido asesinado Carlos Arturo Ceballos, agente de la Policía Nacional, adscrito al Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, cuya función era la de grabar las llamadas telefónicas de las líneas intervenidas, relacionarlas, archivarlas y reportarlas a sus superiores. El material probatorio también despareció. A pesar de las adversidades, destacó Restrepo el fallo sancionatorio de la Procuraduría General de la Nación que profirió en octubre de 2003 contra los seis miembros de la Policía Nacional que estaban siendo investigados, entre ellos Santoyo Velasco, consistente en la destitución y en la inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años.

La decisión de la Procuraduría fue ratificada en 2004 y demandada por Santoyo ante el Consejo de Estado. En 2006 el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la sanción por encontrar que la Procuraduría la profirió fuera del tiempo expedito para hacerlo. Sin embargo, hace un par de días el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez se refirió al caso Santoyo y dijo a los medios que “El proceso no ha terminado. Ni la sala de la cual hizo parte el Procurador (Ordóñez fue consejero de Estado), ni el Consejo de Estado, ha absuelto al señor general Santoyo”.

Gómez se cuestionó lo siguiente: “un país que se precia de tener un Estado Social de Derecho no debería existir ningún desaparecido. Preocupa la indiferencia, pero lo que más preocupa es la impunidad. Colombia es uno de los países que cuenta con mayores herramientas jurídicas en la lucha contra la desaparición forzada y, sin embargo, sigue estando ausente la voluntad política de todos los gobiernos para aplicarla y poder encontrar la verdad y la justicia”.

¿Después de que Estados Unidos pone los ojos en Santoyo ahora sí dejó de ser intocable? ¿Por qué no lo hicieron antes ni los congresistas, ni el Consejo de Estado? ¿La desaparición forzada dejará de ser el crimen perfecto que queda en la impunidad completa?

 / Reina Lucía Valencia