Foto: Plaza de la Revolución en La Habana | tomada de 3viajesaldia.com

No es grave. Son diferencias normales. Pero, por lo pronto, la discusión sobre los  mecanismos para la participación de sectores de la sociedad civil en la segunda fase del proceso de paz en La Habana, han llevado a que se aplace por cuatro días el inicio de las negociaciones.

El acuerdo de la fase exploratoria, en el punto sexto, señala el compromiso de establecer mecanismos de consulta con la ciudadanía a lo largo de las negociaciones, pero daba a entender que la participación de la sociedad cívil tendría ocasión plena en la tercera fase, es decir, en la etapa de implementación de los acuerdos. Pero la petición reiterada de algunas organizaciones sociales y políticas para que se oyeran sus propuestas y la anuencia de las FARC a estas peticiones, han obligado al gobierno a buscar de inmediato formas de recibir las iniciativas de sectores de la sociedad frente los temas agrarios, de inclusión política, de salida para los cultivos ilícitos y el narcotráfico y de reparación a las víctimas.

Gobierno espera evitar que el tema de la participación de la sociedad civil se cuele en la discusión de la primera reunión formal de la mesa con las Farc.

De ahí que la solución salomónica fuera realizar reuniones previas para reglamentar la relación con la sociedad civil y montar una plataforma tecnológica de internet que permita recoger las propuestas y opiniones de académicos, líderes sociales y dirigentes políticos. Con esto el gobierno evita que ese tema se cuele en la discusión de la primera reunión formal de la mesa en esta segunda fase y se haga costumbre la modificación de la agenda de cinco puntos establecida en la exploración. Pero las FARC también ganan porque tendrán desde ahora interlocutores en grupos de la población civil.

Sigue en pie, en todo caso, la idea de que el protagonismo de la sociedad civil se llevará a cabo en la tercera fase,  cuando el gobierno, las FARC y la comunidad internacional se vuelquen a las regiones a poner en práctica las reformas sociales, los cambios políticos y el cese definitivo de las hostilidades, en un proceso complejo en el que deberán participar los gobiernos locales y departamentales, las fuerzas sociales y los partidos políticos.