/ Por Fabio Arias *. Totalmente contrario a lo acontecido el año pasado donde se logró concertar un aumento del 5,8% en el salario mínimo, se desenvuelven en este fin de año las conversaciones de Gobierno, empresarios y trabajadores.

El empresariado a pesar de las grandes ganancias reportadas, los niveles de aumento del PIB en un 4,9%, un índice de inflación del 3%, tasas de interés por debajo del 5%, los beneficios derivados de la posible aprobación de la reforma tributaria de disminuir sus costos laborales en un 13,5% equivalentes a $6,7 billones, entre muchos otros buenos sucesos y garantías de la actividad empresarial, ha tenido el descaro y cinismo de proponer un incremento en el mínimo de 3,5%, calificado muy bien como ‘miserable’ por el vicepresidente Angelino Garzón.

Por el lado del Gobierno, el espacio de la mesa de concertación es un campo minado especialmente para los trabajadores, por la presentación de la regresiva reforma tributaria que exonera al empresariado del pago de los parafiscales del Sena, ICBF y salud, como ya se dijo de $6,7 billones y se las cobra a las clases medias y al ciudadano de a pie, entre los que se encuentran los del salario mínimo.

Esta reforma tributaria que realmente es un zarpazo laboral, rompe tres históricos pactos sociales respaldados por el tripartismo de Gobierno, empresarios y trabajadores. El de la configuración de la seguridad social en los años 40, el de la creación del Sena en los 50 y el de la fundación del ICBF en los 60.

Los trabajadores han propuesto incrementos que oscilan entre el 8% y el 10%, que es el resultado de combinar los factores que la Corte Constitucional ha señalado para ser tenidos en cuenta en las definiciones salariales para no afectar su poder adquisitivo. A saber, las inflaciones causadas y proyectadas –la de los ingresos bajos es siempre superior a la promedio–, la productividad del factor trabajo, el aumento del PIB, la participación de los ingresos en el PIB y factores de redistribución de la riqueza. Todo ello en el marco de que Colombia es el tercer país de mayor desigualdad social en el mundo después de Haití y Angola.
Vistas y evaluadas así las diferentes posiciones de los actores del salario mínimo, se ve claro que no hay ánimo del Gobierno y los empresarios y sus posiciones son un campo minado en la mesa para buscar una concertación sobre el salario mínimo, constituyéndose en una nueva frustración para el país del estéril diálogo social, retornando a las épocas donde se había eliminado el ministerio de trabajo.

Es decir, reclamamos el Ministerio del Trabajo pero desafortunadamente frustra esa aspiración del país y de los trabajadores de un diálogo social útil y esperanzador y por el contrario se fractura esta concertación con la ruptura de históricos pactos sociales.

* Fiscal Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-

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