Para muchos los nombres de Las Catas y Corinto, especie de predios siameses,  están asociados a la lucha por la tierra en el municipio de Ayapel en Córdoba. Fue una lucha ardua que libraron los campesinos en 1973 cuando decidieron ocupar una porción mínima  de esa inmensidad  de miles de hectáreas de tierras ociosas o baldíos pletóricos de vegetación, agua y animales de caza. Bastó que los campesinos entraran a limpiar y sembrar para que aparecieran empleados o funcionarios con supuestos o reales títulos de propiedad, amenazas de hombres armados y piquetes de policía desalojando a los llamados invasores.

Pocos recuerdan lo que sucedió esos días de ajetreo, gritos, escaramuzas, detenciones y golpes. Tal vez el caso que nadie olvida es el de Eduardo Mendoza por la crueldad del hecho que le tocó soportar. Lo contó David Sánchez Juliao en el libro Historias de Racamandaca con el título de El quemao de Corinto.Los testimonios  dicen que a Eduardo, “uno de los nuestros, a quien lo colgaron de aquella rama de totumo para quemarlo, acusado de haber robado una silla, un radio y un portamoneda con ciento cincuenta pesos, que nunca se robó…porque nos metimos a quitarle quinientas hectáreas de aquellas dieciocho mil que decían tenía Corinto”. El fuego, avivado por momentos, debajo de los pies de Eduardo hizo estragos en los pies y las piernas, los genitales y el bajo vientre que lo dejaron imposibilitado para siempre. Hoy, después de tantos años, no sabemos si todavía vive ni en qué condiciones. ¿Hasta qué punto estos hechos y otros similares, viejos y nuevos, junto con fracasos, esperas prolongadas, decepciones, engaños, amenazas y miedos influyen en el ánimo, disposición, credibilidad y esperanza de los campesinos, muchos desplazados y víctimas, que en la actualidad ocupan o no han ingresado todavía al predio Las Catas?.

Ubicación y algo de cronología reciente

El predio Las Catas pertenece al corregimiento Palotal, municipio de Ayapel. Al parecer tomó el nombre del caño que pasa por Marralú, el corregimiento vecino. Está situado a 20 y  17 kilómetros de las cabeceras municipales de Ayapel y La Apartada respectivamente. Su área es de 4.672 hectáreas. Según cuentan algunos líderes el predio ha pasado por varios momentos: en 1986 figuraba como propietario Luis Galeano Berrío; lo explotaba la empresa Ganadería La Unión Limitada bajo la gerencia de José Botero Restrepo. En 1997 Luis Galeano compartía la propiedad con su pariente Rafael Galeano Zuleta. En el 2000 fue incautado por la Fiscalía 31 de Bogotá a los hermanos Moncada (José Francisco, William y Gerardo), reconocidos por sus actividades con el narcotráfico. En el 2004 pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), ya desaparecida. El mismo año la entregaron en administración a la Asociación de suboficiales retirados de Montería. En el 2005 por resolución1352 del 14 de diciembre le fue asignado provisionalmente al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). En el 2006, 4 de julio, fue entregado mediante acta a 274 familias  de campesinos sin tierra y campesinos víctimas del conflicto; meses después  el instituto les entregó  resoluciones provisionales a título a la totalidad de las  familias seleccionadas. En el 2012, 12 de enero, hizo presencia en el predio el presidente Juan Manuel Santos, quien lo entregó protocolariamente a las familias que lo ocupaban.

En  el acta de entrega del 2006, de acuerdo con el estudio técnico elaborado por el INCODER, “el predio contaba con 2168 hectáreas en pasto, 1300 en rastrojos, 1000 en humedales que permanecen inundados seis meses al año y 200 en forestales protectoras”. Es decir,  un área piscícola, agrícola y ganadera, a la orilla del río San Jorge.  Además estaba la casa principal de dos plantas construida con bloque y cemento, una piscina, una pesebrera con diez divisiones, un casino para los obreros, un corral de varetas, ocho campamentos para trabajadores, planta eléctrica y motobomba, entre otros elementos de infraestructura.

En el acta el INCODER “deja constancia que conforme al carácter de asignación provisional del predio, los asignatarios que lo reciben se comprometen a no establecer o implantar mejoras permanentes ni modificar el tipo de explotación que se viene adelantando, salvo el deterioro normal por su uso. No podrán instalar viviendas provisionales ni permanentes, por lo tanto no podrán asentarse permanentemente en los terrenos de la finca, la cual sólo se destinará como sitio o lugar de trabajo pero no de vivienda…De igual manera se establece la obligación de los asignatarios de devolver dentro del término señalado el predio a la DNE en caso el fallo judicial definitivo no declare la extinción del derecho de dominio y sea por ende favorable a sus actuales propietarios”.

Los ocupantes

Las 274 familias seleccionadas llegaron de Ayapel, Tierralta, Montería, Montelibano y Uré agrupados en 16 asociaciones. En la actualidad las ocho asociaciones de desplazados se fusionaron en una, la Asociación de desplazados unidos para un futuro mejor, mientras el resto está inactiva o suspendieron actividades. El número de familias que permanece estable en el terreno es de 130, dedicados a la ganadería en pequeña escala y a 30 hectáreas sembradas con arroz, yuca, plátano, ñame y patilla. Las familias de la parte baja, la inundable, cuentan con 55 viviendas provisionales por ser damnificados de la ola invernal. Algunos beneficiarios ausentes y otros presentes están vendiendo sus derechos o arrendando el pasto de sus parcelas a ocho mil pesos la hectárea mensual. Al parecer la tierra arrendada supera las 600 hectáreas.  El Meridiano de Córdoba (14-1-13) informó que al área llegaron “terratenientes y ganaderos de Antioquia y Ayapel alquilando pastos para el ganado y después les hicieron firmar a muchos promesas de compraventa”. Todavía no poseen títulos de propiedad, no hay programas en ejecución y esperan los resultados de los estudios de suelos y aguas que adelantó una comisión el año pasado. El temor está presente, todos lo sienten aunque no lo manifiesten. Los líderes u orientadores cuidan sus palabras, calculan sus acciones, saben que hace menos de dos años hizo presencia un grupo armado ilegal, que el proceso del predio lleva a cuestas muertos, amenazados y desplazados. En fin, la esperanza que les generó el proyecto hace varios años terminará hecha  pedazos si no les atienden con prontitud.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Agricultura Las Catas representa “la apertura de un proceso de desarrollo económico y convivencia social en lo que fueron escenarios del conflicto armado con fuerte presencia de narcocultivos”. La gerencia del INCODER estima que con este proyecto “arranca en forma la política de desarrollo rural que acompañará y complementará la de tierras que ya se inició y se verá dinamizada por la puesta en ejecución de la ley de víctimas y  restitución de tierras”. Otros consideran que “es un proyecto piloto que busca integrar restitución de tierras y un nuevo modelo productivo basado en desarrollo rural con enfoque territorial”.

Hay líderes que han identificado los problemas y dificultades del predio,  han elaborado propuestas de solución o mejoramiento para cada aspecto en general. Así, han trabajado lo agrícola, pecuario, piscícola, forestal, ambiental, social y económico. Es más, tienen propuestas de bandera, himno y escudo. En otras palabras, existen conocimientos y experiencias que deben tenerse en cuenta y valorarse al momento de definir proyectos, programas y políticas para el predio. Esperemos que así sea.

* Miembro del Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú.

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