Aun el país no alcanzaba a digerir el nuevo escándalo de interceptaciones ilegales del centro de inteligencia Andrómeda, cuando un nuevo escándalo de corrupción estallaba al interior del ejércitopor cuenta de una compleja red de cobros de “tajadas” en el sistema de contratación. Lo más relevante de ambos escándalos es que fue la prensa más no los organismos de control del Estado y de las mismas fuerzas armadas quien con objetividadhicieron visible una situación que deja muy mal parado al gobierno y sobre todo que pone en evidencia que el poder civil en el seno de ellas es si mucho un adorno.

Otro hecho relevante de bastante significado dados los pronunciamientos de la oficialidad militar es que no coloquen en primer plano la gravedad de las interceptaciones ilegales, ni que buena parte de los recursos que supuestamente deberían estar al servicio de la protección y defensa de los colombianos terminaran en los bolsillos de los militares, si no que se destaque el interrogante respecto a cuál es origen de estas infidencias y como esto llegó a manos de la prensa.
Desde hace un buen rato y sobre todo de quienes practican y defienden el principio del “ todo vale” cuando se hace referencia al actuar de la fuerzas armadas en la confrontación que tiene de manera particular con la insurgencia, se viene sustentando la tesis bastante peligrosa de que en aras de preservar la moral de la tropa hay que omitir cualquier acción sea cual fuere que pretenda develar las prácticas no sólo corruptas si no aquellas violatorias derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.

En esencia es el discurso de que en cuanto al fuero militar se refiere debe imperar el silencio y por lo tanto la impunidad, esto es, la moralidad de la tropa va de la mano de silenciar la criminalidad. De allí, todos los esfuerzos recientes por imponer una normatividad que como la reciente ley para el fuero penal militar declarada inexequible por la Corte Constitucional pero que viene siendo implantada a punta de decretos, le permita a las fuerzas armadas actuar con las manos más libres en la guerra.
El sesgo de la ultraderecha es evidente: se desgarran las vestiduras ante la posibilidad de que la insurgencia pueda ser beneficiaria de la opción de la justicia transicional en el marco de la salida negociada al conflicto armado pero defienden sin ningún reato que la institución militar sea beneficiaria de todas las prerrogativas incluida la impunidad sobre actos de guerra a todas luces violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Los procesos que se adelantan por los falsos positivos son los que parecen estar en el centro de este escándalo. Buena parte de las “tajadas” estaban dirigidas a defender a los perpetradores de estos horrendos crímenes, una de las mayores expresiones de degradación de la guerra en que ha incurrido el Estado; pero esto no terminaba ahí, se trataba también de crear una “mafia” como lo propusiera el comandante de las fuerzas militares el general Leonardo Barrero, que actuará al interior de la fiscalía para presionar decisiones a su favor.

Estos dos escándalos y el manejo que se ha hecho de ellos por parte del gobierno y de la misma institución militar, si algo sugieren, es la demanda que desde las organizaciones de derechos humanos y no sólo desde los negociadores de la insurgencia en la Habana se viene haciendo, de que unos acuerdos que no incluyan cambios importantes en todo el aparato coercitivo del estado, dejaría este proceso bastante desequilibrado y en unas condiciones de inviabilidad importantes. Bien pertinente sería que el Presidente Santos que ha publicitado en varias momentos que la estructura de las Fuerzas militares no están en discusión ni son objeto de negociación, estos hechos por lo menos le hagan preguntas importantes.

La guerra es un mal indeseable pero si se llega a ella, el Estado y de manera especial sus fuerzas armadas tienen que tomar distancia radical de prácticas delincuenciales y en aspectos claves como en la protección y defensa de los derechos humanos deben ser absolutamente trasparentes. En ello radica su credibilidad y su moralidad.

 

José Girón Sierra

Febrero 18 de 2014

Observatorio de DDHH-IPC