¿La doctrina de seguridad: Un imponderable?

jose-GironEn reiteradas oportunidades el gobierno colombiano ha insistido ante las críticas que desde dentro del Estado y por fuera de él, se oponen al proceso que se lleva a cabo en la Habana que en dicho proceso hay dos claros imponderables: la doctrina militar o de seguridad y el modelo de desarrollo.

Muchos analistas y sectores de opinión, a partir de abordajes concretos que hacen de las causas de esta guerra, consideran que sin cambios importantes en estos llamados imponderables, los resultados de esta negociación, así culminen de manera exitosa, serán en extremo débiles e insustanciales. Las razones que fundamentan dicha valoración proceden de ejercicios académicos sólidos y de conocimientos muy cercanos a la realidad social, económica y política de las comunidades que han sufrido el rigor de un conflicto prolongado, degradado y cruel.
Sin embargo, resulta indispensable volver sobre los borradores de acuerdo, hasta ahora conocidos, y rastrear en sus contenidos qué tanto este proceso ciertamente entraña una real ventana de oportunidad para la sociedad colombiana agobiada por tanto dolor, pero también por tanta desconfianza con respecto a procesos de negociación anteriores que nunca permitieron asentar la paz, derivándose de ellos más bien una revictimización sucesiva de las comunidades que se vieron sumergidas en el conflicto.
Veamos, la doctrina militar o de seguridad tan defendida por el gobierno y los estamentos armados del Estado, corresponde a una vieja concepción de la élite gobernante que considera al contradictor social y político, más aún si éste es una potencial amenaza para su poder, como un enemigo que debe ser eliminado. La revolución bolchevique y procesos revolucionarios más cercanos como el cubano, les permitió desarrollarla, hasta el punto de considerar que en toda protesta social anidaban los gérmenes de ese fantasma de la revolución comunista y por lo tanto de la insurgencia. La misión norteamericana Yarborough en los sesenta no sólo le dio una mayor fundamentación estratégica y una perspectiva global, sino que justificó la existencia de ejércitos irregulares (paramilitarismo) para estos fines y la afectación de la población civil si era necesario. De allí, la tesis de entender la seguridad como aquel complejo de decisiones legales pero también, no pocas veces, ilegales encaminadas a combatir el enemigo interno que se expresaba en todo reclamo social y político independiente de su justicia. Así, del fantasma del comunismo, pasamos al fantasma del terrorismo, lugares desde los cuales se justificó y se sigue justificando la manera violenta como se encara desde el gobierno cualquier reclamo o postura opositora. Este complejo de decisiones, bastante bien trabajada por algunos de los académicos que produjeron el Informe de la “Comisión histórica del Conflicto y sus víctimas”, corresponde a la tesis del complejo contrainsurgente desarrollado en varias investigaciones por el IPC.
Como puede colegirse de lo anterior, la esencia de dicha doctrina radica en que, para sectores dominantes en el bloque de poder, no es posible dejar prosperar fuerzas sociales y políticas que puedan poner en peligro las lógicas de poder dominante, de allí la necesidad de defender y consolidar un modelo de democracia restringida, marcadamente formal pero funcional a la preservación y mantenimiento de sus intereses. Esto explica en el terreno político la imposibilidad histórica que ha caracterizado a Colombia de rodear de garantías eficaces a la oposición, componente tan caro a las democracias modernas. Complejo contrainsurgente o doctrina de seguridad versus democracia restringida, son entonces, dos caras de la misma moneda de una estructura de poder autoritaria y excluyente social y políticamente además de inequitativa en lo económico.
¿Pero esto, tan estructural en la génesis de la guerra, es posible que le sea tan ajeno a los borradores de acuerdo, hasta el momento firmados en la Habana, atendiendo a la postura intransigente del gobierno de no considerarla? Miremos esto.
El segundo informe Conjunto dado a conocer por el Gobierno y las FARC que versa sobre “ Participación política” publicitado el 6 de noviembre del 2013, habla de una apertura política, entendida ésta en los términos de que:
“El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz”.
Esto implica” la participación de todos sin distinción” lo cual significa “el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo”. Se establece “la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación”.
Para el efecto dicen, el gobierno y las FARC, “Acordamos que para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un estatuto para su ejercicio, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares antes mencionados es necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas”.
Como podrá colegirse de los apartes reseñados antes, acá se están tocando los componentes más sensibles y estructurantes del complejo contrainsurgente y por lo tanto de la doctrina de seguridad. Esto es mucho más contundente cuando allí mismo se dice:
“Por otra parte, acordamos que el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales, el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.” Este sistema contará con una “Adecuación normativa e institucional, que incluye la creación de una instancia de alto nivel que ponga en marcha un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y que garantice la articulación, funcionamiento y supervisión del mismo.”
Podría sonar descabellado concluir del texto anterior que allí hay una nueva propuesta de seguridad muy cercana a las concepciones que hablan de seguridad ciudadana y seguridad humana. Dentro del escepticismo reinante, bien podría tratarse de la palabrería democratizante y de avanzadas que en algunos espacios nacionales e internacionales suele usar la elite gobernante y el Estado colombiano. Pero lo importante del asunto radica en que esto ocurre en un contexto completamente diferente como es el de un acuerdo para el fin de un conflicto armado que deberá ser refrendado por la sociedad, como constituyente primario, lo cual le imprime una condición vinculante que no se puede subvalorar ni soslayar.
Como lo hemos señalado, de manera reiterada, apoyándonos en los trabajos de Lederach, la negociación del fin del conflicto armado sólo abre una plataforma o dicho de otra manera, una oportunidad, para que la sociedad no sólo se ocupe de lo más obvio: los problemas económicos, políticos y sociales en los cuales ha pululado la exclusión y la inequidad, sino ante todo, para transformar cualitativamente el tipo de relaciones que le son propias a las guerras de larga duración dominadas por la desconfianza, la indolencia, el egoísmo y el odio. Los elementos de este borrador de acuerdo no son más que los componentes de dicha plataforma u oportunidad, lo cual no es algo distinto que el abrir un escenario de una aguda confrontación social y política para esto, que podría sonar a ilusorio, se concrete.
El reto no es menor: Ningún conflicto armado, sobre todo si este ha sido de larga duración, ha iniciado la etapa de postconflicto con un Estado remozado y transformado en donde el llamado bloque en el poder concede, como un acto de altruismo, poder a los sectores subalternos. Esto: democracia y poder para quienes hasta ahora no lo han tenido, que parece reclamarse por sectores escépticos y que preocupa profundamente a la ultraderecha beneficiaria de la democracia restringida, no advendrá por generación espontánea pues no corresponde a la realidad, en esto exactamente radica la tarea histórica no propiamente llevada a cabo en negociaciones anteriores. En este punto de lo acordado hasta ahora están los elementos que formalizados deben tomar cuerpo en la sociedad y es ésta la que, sin la coyunda de las balas, haga realidad el Estado social y democrático de derecho, lo cual implica un cambio en el bloque en el poder.
El dilema, si se quiere el PERO, radica en que, tanto el sector de la elite que lidera el actual proceso de paz como una sociedad ganada para dicho proceso, sean capaces, en un marco de lucha política compleja pero prometedora, de neutralizar y hasta desterrar el uso de la violencia como manera de enfrentar la alteridad, al diferente, al opositor. Esta es una de las más importantes transformaciones culturales en el campo de las relaciones entre nosotros.
No Hay solo una manera de llegar a Roma y los borradores de acuerdo que se vienen firmando, como componentes de la plataforma a que hemos aludido, pueden ser vías indirectas para llegar a los imponderables anotados como puede colegirse de sus contenidos, no obstante el NO rotundo del gobierno. Su posibilidad en buena parte está en nosotros, en la sociedad.
José Girón Sierra
Observatorio de DDHH- IPC
Marzo
de 2015.