El Estado colombiano encarcela a la oposición política

Imagen tomada del blog, Solidaridad y Defensa
Imagen tomada del blog, Solidaridad y Defensa

Las detenciones que se realizaron en Bogotá el día miércoles 06 de julio en las que fueron encarcelados 13 activistas y dirigentes sociales del movimiento Congreso de los Pueblos, acusados de pertenecer al ELN y de ser los autores de los atentados perpetrados en la ciudad de Bogotá desde el pasado 20 de Mayo, son la punta del iceberg de una estrategia de detenciones masivas  que sistemáticamente se vienen presentando a lo largo de todo el país y que ha sido especialmente grave en el primer semestre de 2015.

Las características son similares y la forma como la informan los medios de comunicación, con base en los informes de policía o ejército, se repiten: “Capturados presuntos colaboradores de las Farc en Guaviare ”, “Policía capturo a 16 colaboradores del frente 48 de las Farc en Putumayo ”, “encarcelados presuntos colaboradores de las Farc en Baraya Huila”, “capturados los salchichas colaboradores del frente 25 de las Farc en el sur del Tolima”, “la Policía Nacional detuvo 15 presuntos miembros de las milicias urbanas del ELN, quienes estarían detrás de los ataques que conmocionaron a la capital del país”, “Capturaron a dos presuntos milicianos del Eln en Cerrito, norte de Santander ”. Todos estos sucesos se refieren a detenciones realizadas entre Febrero y julio de 2015, es decir en el primer semestre del año nuevamente se han incrementado las detenciones de personas sindicadas de colaborar con las FARC-EP y el ELN en Colombia. Estas capturas se realizan en territorios donde se presentan combates o acciones insurgentes contra miembros de las fuerzas militares o la infraestructura económica y por lo general las órdenes de captura las emiten los jueces después que se presenta un atentado por parte de los grupos guerrilleros o un choque armado con las fuerzas militares.

En este libreto, las capturas son presentadas como un golpe a la subversión, pero por lo general los capturados no se les vincula a los procesos penales como combatientes de la guerrilla, sino como colaboradores de la insurgencia; y es allí donde aparecen  las zonas grises en el acerbo probatorio que presenta la fiscalía para sustentar sus casos.

Es recurrente que a los detenidos se les acuse de “llevar información a la guerrilla”, “suministrarle víveres, brindarles alimentación y techo”, “extorsionar a los habitantes de la zona”, ”realizar labores de mensajería para los grupos armados” o “articularse para realizar acciones terroristas”, como el caso de los detenidos en la ciudad de Bogotá. Estas detenciones se han realizado en  el Guaviare, sur del Tolima, Cauca, Putumayo, Huila, Santander, Bogotá entre otras regiones en tan solo 5 meses. Lo que suma más de 100 personas detenidas acusadas de rebelión en el primer semestre del 2015.

En la mayoría de estos operativos, el perfil de los detenidos es similar: Campesinos de zonas donde existen cultivos ilícitos, minería, o conflictos por la tierra y zonas de colonización campesina de regiones como Cauca, Caquetá,  Arauca, Guaviare, Catatumbo, Nariño,  o habitantes de los cascos urbanos de barrios de invasión de municipios como Tumaco, Mocoa, Guapi, el Tarra, Caloto, Dolores, Florencia, etc, en los que se han incrementado los ataques de la insurgencia. En las grandes ciudades como Bogotá los detenidos son preferentemente: Estudiantes, defensores de DD HH, profesores, militantes de organizaciones de izquierda o activistas de ONGs.

El objetivo de estas masivas detenciones, es confirmar la estrategia de consolidación militar de las zonas en conflicto y golpear el tejido orgánico del movimiento social en el país, bajo el ropaje justificatorio de combatir el terrorismo. La fiscalía de la mano con el ejército y la policía fabrica artificiosamente casos en contra de líderes  comunitarios para demostrar que los organismos militares y el aparato judicial están golpeando de manera efectiva  a la insurgencia y en especial  a sus redes de apoyo; con esta lógica neutralizan cualquier crítica a sus procedimientos.

A los sospechosos los encartan con acusaciones aparentemente solidas que incluyen grabaciones, interceptaciones, declaraciones de supuestos desmovilizados de la guerrilla, retratos hablados, entre otros artilugios penales. Con este conjunto prefabricado de indicios, los fiscales de cualquier seccional del país construyen “la teoría del caso”, no hay diferencias en las audiencias de captura que se realizan en Guaviare de las que se realizan en el Tarra o las recientemente realizadas en Paloquemao en Bogotá, los roles son los mismos, los actores también: solo cambia el rostro y el nombre del acusado, condenado de antemano por jueces y fiscales que bostezan mientras repiten la letanía jurídica que legaliza las capturas y define a que cárcel enviaran a otro prisionero político más, que por supuesto no aceptara los cargos, para que espere la condena tras las rejas.

De un lado la fiscalía de la mano de la policía y ejército, presentado la acusación para demostrar la responsabilidad y culpabilidad de los acusados y exigiendo la detención intramural (la pena de cárcel) sin beneficio de fianza o prisión domiciliaria ´para los sindicados. De otro lado la defensa sin garantías procesales ni recursos técnicos para ejercer a cabalidad su labor y en el centro los jueces que en la mayoría de los casos ordenan prisión inmediata a los sindicados, so pena que de no hacerlo sean demandados por la fiscalía ante la judicatura por no velar por la seguridad ciudadana y dejar libres a terroristas.

Es decir el aparato de justicia puesto al servicio de la estrategia contrainsurgente del estado, para seguir produciendo falsos positivos judiciales aun a costa de llevar a la cárcel a personas inocentes elegidas aleatoriamente en el universo de sospechosos habituales del sistema, que como una maquina replica los procedimientos en todo el país y condena a miles de ciudadanos a enfrentar el leviatan del sistema penal acusatorio Colombiano, una nefasta imitación del ya instrumentalizado sistema penal anglosajón.

Es una  falacia que la carga de la prueba favorece a los sindicados,  lo que sucede realmente es que la carga de la prueba de su inocencia la tiene que demostrar el acusado. La presunción de inocencia es fácilmente vencida por el valor preponderante que se da a los argumentos de la fiscalía en todo el proceso judicial, si es en un caso en el que el delito imputado es de rebelión o terrorismo, las posibilidades de demostrar la inocencia de un sindicado ante el juez es una tarea casi imposible.

Las pruebas de la fiscalía ya son conocidas por todo abogado o defensor de Derechos Humanos que haya asistido a estas audiencias:

  • Testimonios de desmovilizados, reciclados de procesos anteriores, que se acogieron hace años a la Ley 975 o de justicia y paz, por lo que están comprometidos a colaborar con la fiscalía en cuanto proceso sea necesario, declarando en contra de personas que no conocen pero a las que acusan de auxiliar a las guerrillas para que el estratagema de resultado.
  • Grabaciones telefónicas inconexas, interpretadas por investigadores de la policía como “lenguaje encriptado en el que los autores  planean actividades delictivas o reciben órdenes de jefes guerrilleros”.
  • Fotografías de  seguimientos a las labores cotidianas de los sospechosos que no reflejan nada ilegal, pero que para el ojo adiestrado del investigador policial “es la demostración de los preparativos de un complot”.
  • Pruebas de laboratorio de elementos supuestamente “incautados” a través de los cuales los técnicos forenses acomodan las conclusiones de sus informes para demostrar que los acusados tuvieron acceso a sustancias prohibidas utilizadas en la fabricación de explosivos, armas y demás elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares.
El final de todos estos montajes judiciales es previsible, parafraseando a nuestro nobel Gabriel García Márquez; “es la crónica de una condena anunciada”.

En Colombia se detienen en promedio más personas por razones políticas que en Venezuela, pero los medios de comunicación y las agencias del gobierno ocultan esa realidad, sorprende escuchar a reconocidos periodistas de grandes cadenas de televisión desgarrándose las vestiduras por los supuestos presos políticos en Venezuela y exigir que se les respeten los DDHH Por parte del gobierno bolivariano que encabeza Nicolás Maduro, pero guardando silencio frente a los prisioneros políticos de Colombia, es decir miran la paja en el ojo ajeno pero no miran en el propio.

Seguramente no quieren encontrar las razones detrás de estas medidas, que no son otras que reprimir a la oposición política de izquierda; estrategia en la cual la rama judicial de Colombia queda muy mal parada, pues al ser funcional al modelo contrainsurgente del régimen,  es utilizada como arma de guerra.  Atrás quedaron la independencia y principios democráticos de los jueces, hoy son empleados cosificados de un aparato de poder que solo produce presos en masa para el aparato carcelario dirigido por el INPEC.

Razón tienen los negociadores de la delegación de las FARC-EP en la Habana cuando plantean que el marco jurídico para la paz “nació muerto”, esta norma pretende por la vía judicial someter a los guerrilleros al tortuoso camino de la judicialización de sus acciones, para juzgarlos como delincuentes comunes, humillándolos con ofrecimientos indignantes de rebajas de penas si delatan a sus compañeros de armas o se prestan para acusar a nuevos imputados en su mayoría civiles víctimas de falsos positivos judiciales. Con esta arquitectura judicial alcanzar la paz con garantías para la oposición política es una falacia.

Así como la declaratoria de un cese al fuego bilateral es una condición que garantiza que los enemigos del proceso al interior de las Fuerzas Militares y la ideología militarista de la extrema derecha no atentaran impunemente contra el proceso de paz, la reforma integral de la justicia y la recuperación del humanismo en el derecho penal permitirá que la justicia se libere de la mentalidad contrainsurgente en la que ha sido encadenada por el régimen. Es el momento de exigir avances en el tema de justicia transicional para lograr la paz, esos avances implican que se estudie con rigor la necesidad de otorgar indultos y amnistías a los rebeldes en armas detenidos en las cárceles y extender estos beneficios a los más de 10 mil prisioneros políticos que actualmente están procesados en Colombia, perseguidos por ejercer el derecho a la oposición política de izquierda en un régimen de Derecha.

¡EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS DETENIDOS POLÍTICOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS, ENCARCELADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ!
¡EXIGIMOS LA LIBERTAD PARA TODAS Y TODOS LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DE COLOMBIA!
¡LA AMNISTIA GENERAL Y LA REPATRIACIÓN DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS ES EL CAMINO HACIA LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL!
Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia, “Juan David Pineda Cardona”.

1 comentario en “El Estado colombiano encarcela a la oposición política”

  1. Diogenes Arrieta Saenz

    En un Estado Mafioso como el Colombiano; solo produce esto que hoy estamos lamentando; que todas las ramas del Poder; estén plegadas y rendidas a la Ultraderecha.

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