Las negociaciones de la Habana en la recta final

Foto tomada de El Espectador
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A propósito de la etapa en la que está viviendo el país con referencia al proceso de paz en la Habana, el Sociólogo, Docente e Investigador Asociado Corporación Sur, Pedro Santana Rodríguez, escribe un texto en el que recopila el proceso de estas negociaciones que se iniciaron en el año 2012 y que a la fecha ha contado con algunas trabas, entendiendo que una parte de la sociedad lo apoya y unos otros están en contra.

Este texto es uno de los que se encontrarán publicados en la edición Nº 20 de la Revista Arcanos de la Corporación Nuevo Arco Iris que se lanzará en los próximos meses.

“El proceso de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han entrado a mi juicio en la recta final. Podríamos decir que las negociaciones iniciadas en el mes de febrero de 2012 van por buen camino y en medio de las dificultades propias de un proceso que busca poner fin a un enfrentamiento armado de más de medio siglo. Podríamos distinguir hoy en el proceso dos fases marcadas por acuerdos y avances. En la primera que culminó de manera satisfactoria en el mes de Agosto de 2012 con el acuerdo sobre la agenda de negociaciones dejó como resultado una agenda acotada alrededor de seis puntos: (1) problemática agraria, (2) reformas políticas, (3) desmovilización y garantías para los excombatientes, (4) narcotráfico y cultivos de uso ilícito, (5) víctimas y (6) mecanismos de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

En una segunda fase iniciada en el mes de Octubre de 2012 con la instalación de la Mesa de Negociaciones en la ciudad de Oslo, comienza la negociación de la agenda y sobre ella como es de público conocimiento se ha llegado a acuerdos ya muy avanzados, con algunos temas pendientes, en el tema de reforma agraria integral que podríamos resumir en que se ha llegado a un acuerdo para poner en marcha una política integral para la economía campesina que tiene como sus aspectos centrales una redistribución de la propiedad agraria en beneficio de los campesinos sin tierra, sin que se haya publicado la magnitud de dicha redistribución; al mismo tiempo que se enuncian los contenidos de una política integral que comprende la puesta en marcha de la dotación de infraestructura vial, educativa, de salud, de mercadeo, asistencia técnica y crédito que tiene como destinatarios principales a los sectores campesinos.

Como se sabe también estas reivindicaciones estuvieron en el origen de las FARC, herederas de los movimientos campesinos de resistencia puestos en marcha en el llamado período de la Violencia (1946-1958) que reclamaron un proyecto de reforma agraria que siempre ha estado presente en todas las conferencias de este grupo guerrillero. También sabemos que hay temas puntuales pendientes como el de las formas organizativas, pues, en los documentos presentados en la Mesa de Negociaciones por las FARC, éstas plantearon las zonas de reserva campesina como la forma a privilegiar para la explotación y organización de las unidades de producción agrícola.

El tema de las reformas políticas también culminó con un acuerdo en donde se destacan reformas que buscan garantías para la oposición, que debe materializarse en un estatuto de la oposición, separación de las personerías jurídicas de los partidos del sistema de umbrales para la asignación de las curules en los organismos de representación, circunscripciones especiales de paz, para ciertas regiones del país; medidas que buscan equilibrio informativo y financiamiento público de las campañas políticas al tiempo que se plantean medidas para garantizar la seguridad y vida de los candidatos así mismo una reforma al Consejo Nacional Electoral que busque garantías de protección de los resultados . Quedaron temas pendientes y por la forma de presentación de los acuerdos no se informa sobre las propuestas presentadas por las FARC en relación con la justicia, y en concreto de la forma de elección del Fiscal General de la Nación y los organismos de control y su nominación y elección, tales como la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría General de la Nación. En este aspecto crucial, dada la crisis y poca legitimidad de estos organismos, las FARC plantearon en su propuesta a la Mesa de Negociaciones que estos cargos fueran elegidos mediante votación popular. Como se dijo sobre este tema no ha habido acuerdos.

Los retos y los temas pendientes en la negociación     

las negociaciones han entrado en la recta final y salvo acontecimientos inesperados se espera que el proceso pueda terminar con la firma de un acuerdo que permita superar el conflicto armado degradado en que vivimos por más de 50 años. Hay tres temas pendientes de la negociación que a nuestro juicio son muy significativos. El primero el contenido de justicia que tiene que ver con el marco jurídico y hasta dónde se logre llegar en el tema de justicia para los crímenes de lesa humanidad y de guerra que se cometieron con motivo del conflicto armado por parte de los distintos actores que tomaron parte del mismo, un segundo tema tiene que ver con las garantías específicas para el movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP,  a la vida política legal y ello se relaciona con las garantías de seguridad y de favorabilidad política para el nuevo movimiento político así como con el mecanismos democrático que deberá utilizarse para la refrendación de los acuerdos y finalmente con el tema de los compromisos en torno a los acuerdos y sus mecanismos que garanticen su cumplimiento y evaluación.

El tema central que ahora ocupa a la Mesa tiene que ver con un problema crucial de la negociación y es si las guerrillas y sus jefes pagaran penas privativas de la libertad y si se les inhabilitará como proponen los opositores al proceso para que puedan participar en la vida política del país una vez dejen las armas y se integren legalmente  a la sociedad.  Alrededor de este que es ahora el tema central de la negociación se presentan básicamente tres posiciones: (1) la de los opositores del proceso agrupados principalmente alrededor del Centro Democrático que tiene como su vocero más destacado al ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, que en síntesis plantea que los jefes de la insurgencia armada deben pagar penas de cárcel y se les debe inhabilitar para que puedan ser elegidos a cargos de representación popular, (2) la propuesta que la justicia transicional otorgue amnistías e indultos para los jefes guerrilleros puedan participar en la vida política y (3) una justicia transicional que pueda conceder penas no privativas de la libertad y que habilite a los jefes guerrilleros a la participación política.

Ver completo el texto en: LAS NEGOCIACIONES DE LA HABANA EN LA RECTA FINAL arcanos_ 20