POSICIÓN DE LOS PROCESOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PRESENTES EN MONTES DE MARÍA, FRENTE A LA OFERTA PÚBLICA INSTITUCIONAL DE LAS AGENCIAS DE TIERRA Y DESARROLLO RURAL ADSCRITAS AL MINISTERIO DEL AGRICULTURAS, QUE REEMPLAZAN AL INCODER.
Los 36 Procesos Sociales y Comunitarios presentes en el territorio Montemariano, integrados por poblaciones AFROS, INDIGENAS, Campesinos, Jóvenes, Mujeres, Víctimas del conflicto social y armado, animados por el Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María, expresamos nuestra mayor disposición en aportar, bajo los lineamientos de las agencias que ustedes representan, el trabajo y la proyección de acciones que le den solución a los conflictos existentes en la ruralidad Montemariana.
Como organizaciones e individuos, creemos que el fin del conflicto e inicio de un proceso de construcción de PAZ, pasa por el abordaje de un diálogo que ha sido definido en la agenda pública y que se aliena con los propósitos expuestos por la oficina del Alto Comisionado. La PAZ TERRITORIAL, que traduce visiones compartidas de desarrollo y paz desde las bases, es decir ´´DESDE, CON, Y PARA LAS COMUNIDADES DEL TERRITORIO´´. Evidentemente esto se logra con un diálogo responsable, honesto y propositivo, que nos dirija hacia una interlocución y concertación, que proyecte cambios significativos en el modo y forma de vida de toda la población rural que, entre otras, fueron los que más sufrieron los estragos de la guerra.
En este sentido, le damos a conocer que existen procesos serios, de trabajo comunitario incluso en medio del conflicto. La defensa y protección del territorio ha sido nuestra ruta de trabajo, las iniciativas para el fortalecimiento de capacidades y las propuestas en torno al desarrollo rural han sido constantes en la medida que el diálogo se convierte en uno de los grandes principios para la concertación.
Del mismo modo hacemos extensiva nuestra posición como sujetos políticos del territorio, precisando que estamos de la mano del desarrollo, siempre y cuando se integren los elementos claves para salvaguardar la vida, como parte de la subsistencia y la preservación de la tierra, el agua, la fauna, la flora y toda su conectividad ecosistémica.
En este orden de ideas, sabemos que la visión y misión del gobierno, al implementar la política pública de desarrollo rural en el territorio, no es excluyente, y que el territorio es uno solo, como un todo, en lo social y en lo geográfico, por lo tanto el gobierno tiene la obligación de priorizar la inversión en los sectores vulnerables, con mayor énfasis a las comunidades víctimas del conflicto sociopolítico y armado, quienes en su mayoría son campesinos, habitantes de un territorio donde el acceso a los bienes públicos aún son mínimos, donde su actividad productiva y económica no son estables dada la poca capacidad técnica y tecnológica para transformar su modo de trabajo, donde la problemática de la tierra en cuanto a la formalización es escasa, la concentración de la tierra cada vez es más alta y los usos del suelo han transgredido la vocación y por ende la seguridad alimentaria se ve amenazada. Sumada a esta problemática están las áreas de exploración y explotación minero – energéticas, que promueven un nuevo ordenamiento y a la vez una nueva problemática, pasamos entonces de una nefasta apuesta de los monocultivos a un modelo de desarrollo basada en la explotación de hidrocarburos, atentando de esta manera en todas las dimensiones del desarrollo rural y la económica campesina.
Señores dirigentes de las agencias de tierras y desarrollo rural, frente a las problemáticas expuestas, Montes de María, como lo expresó el informe de Desarrollo Humano del PNUD, es un territorio complejo y necesita de una atención con alto grado de incidencia estatal de la mano con la sociedad civil. La intervención debe liderar un proceso con PERTINENCIA necesaria para el logro de la PAZ, construir confianzas a través de diálogos entre “improbables” y de “iguales en desencuentro” como filosofía de construcción colectiva, que legitiman las acciones futuras y la concertación adecuada de actores.
Por ello esperamos que las agencias, como órgano rector del Desarrollo Rural y Tierras, tengan una visión más acertada sobre el contexto territorial, propiciando y materializando la promoción en sus distintas aristas, que en conjunto con otras entidades del Estado converjan y ayuden a resolver los temas asociados con la tenencia, formalización, cambio en la vocación del uso del suelo y otros aspectos de ordenamientos jurídicos ordinarios y transicionales que contribuyan a la PAZ. De igual forma, puedan determinar lineamientos contemplando entre otras cosas, Vías Terciarias, Cosecha de Agua y Proyectos Productivos, estos últimos con énfasis en cultivos comerciales en especial de exportación, cadenas productivas o mercados asegurados y garantías de sostenibilidad.
Por último, reiteramos nuestro compromiso en conservar la ECONOMÍA CAMPESINA como fuente de la SEGURIDAD Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, y como derecho fundamental, tener una atención especial para sus afectaciones de tipo físico, social, psicológico o material, producidas por el conflicto en todas sus dimensiones, por lo que en particular requieren a través de una respuesta rápida, ser reparados.
Por José Macareno Acosta
Sincelejo
PROCESOS SOCIALES POLÍTICOS Y CULTURALES MONTES DE MARIA