Foto: Corporación Nuevo Arco iris/ Foro: El reto de sacar las armas de la política/ Octubre 27 de 2016

Foto: Corporación Nuevo Arco iris/ Foro: El reto de sacar las armas de la política- segundo panel/ Octubre 27 de 2016

En el Foro convocado por la Corporación Nuevo Arco Iris y el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz, “Alfredo Vásquez Carrizoza” de la Pontificia Univerdad Javeriana, se abordó el Pacto Político Nacional y Territorial, y la eliminación de las armas y la violencia de la política en Colombia.

El evento se realizó este jueves 27 de octubre y contó con la participación de diferentes analistas, investigadores, instituciones y representantes sociales del país, bajo la premisa: “Es el pacto político nacional y territorial la alternativa para implementar el acuerdo de paz y eliminar las armas de la política”. Encuentro que expuso las conclusiones del conversatorio de expertos, académicos y actores sociales y políticos que se realizó este martes 25 de Octubre, bajo la misma premisa.

El Foro tuvo tres momentos, el primero fue la intervención de: Padre Luis Fernando Múnera Congote, S.J., Decano de la Decano Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Alexandra Valencia, directora de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación. Fernando Hernández Valencia, Director Ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris y Manuel Ernesto Salamanca, Director del instituto de derechos humanos y construcción de paz, Alfredo Vásquez Carrizoza.

La directora de la Unidad Especial dijo que es probable que exista una dificultad en el reconocimiento de las víctimas debido a la variedad de delitos que se pueden cometer contra ellos, anexando la caracterización a las víctimas de uno u otro factor, así como pueden existir desconocimientos de actividades políticas de liderazgo en movimientos sociales de los territorios de la periferia del país. En momentos actuales se puede entender “que el defender los derechos humanos es una actividad riesgosa” cuando debería ser diferente el panorama para estos defensores. Con respecto a la creación de la Unidad la directora expone que “cuando se concibe la unidad se entiende que se debe implementar un espacio democrático en el que la disidencia no sea resuelta en términos de eliminación, es decir, el respeto a la vida debe ser fundamental y el respeto por la contradicción también”. La Directora planteó de igual forma que las bandas criminales “tal vez no son sucesores del paramilitarismo sino métodos paramilitares que adopta la sociedad” esto a que “existen sectores de la sociedad que aun aceptan el método paramilitar como ordenador social”.

En un segundo momento se realizó el primer panel: “Diagnóstico y lucha del fenómeno sucesor del paramilitarismo en el territorio colombiano en el marco del punto 3.4 del Acuerdo de La Habana” en el que participaron, Imelda Daza – líder social de víctimas y líder de la Unión Patriótica. Pedro Santana –Sociólogo, investigador de la Corporación Latinoamericana Sur. Samuel Rivera, Investigador Universidad Javeriana y, Carlos González Jaramillo, Asesor en la oficina del Alto comisionado para la paz. Como moderador: Manuel Ernesto Salamanca.

Imelda Daza afirmó que “toda la sociedad ha sido permeada por la cultura del paramilitarismo, en contra de la democracia” y es acá en donde “la Unidad Especial es una garantía de que podremos lograr hacer política sin armas y aprender a vivir en paz”. Así mismo habló de la tarea que tiene la Unidad Nacional de Protección de funcionar de forma clara; es necesaria una evaluación y revisión de métodos y procedimientos empleados en dicha institución en vista a que ha quedado descubierta la corrupción que existe gracias a las sub contrataciones que hay. En torno al perdón, la líder política dice: “Yo quiero saber quiénes son mis victimarios, no por venganza, sino para saber a quién perdono”, la participación ciudadana es necesaria debido a que sin esto no puede haber ni, paz ni reconciliación.

Por otro lado Pedro Santana establece tres puntos de debate en los que se encuentra el fortalecimiento de la administración de justicia: “uno de los grandes problemas es la crisis del aparato judicial, no es posible construir una sociedad tolerante y democrática con niveles de impunidad en crímenes de derechos humanos del 97 %, eso es imposible” manifiesta. El sociólogo también menciona las masacres del país alegando que “no se puede explicar masacres como Mapiripán o la Operación Génesis sin la relación entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas”.

Carlos González Jaramillo expone las medidas de protección colectivas que se deben implementar en las comunidades del país, que busquen generar condiciones de seguridad que permita la implementación de los acuerdos, siguiendo a las conductas criminales, “no a los que no estén a favor de los acuerdos” sino a los que practican dichas conductas (criminales). De igual forma Samuel Rivera explica los retos y desafíos que hay en el Acuerdo, los esfuerzos que se hacen para mejorar el tema de seguridad humana y territorial, que se complementan entre sí, planteando “los mecanismos de resolución de conflictos tienen gran potencial” y entendiendo que “más que des-paramilitarizar hay que desmilitarizar la policía … en Colombia no hay discusión entre lo militar/policial/sociedad civil” por lo tanto es “necesario un cambio ético en el relacionamiento entre fuerza pública y la sociedad.”

Seguido en el tercer momento, se desarrolló el segundo y último panel: “Construcción del pacto político nacional y territorial por la paz para sacar definitivamente las armas y la violencia de la política”, en el que participaron, David Flórez, Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Vocero Nacional del Movimiento Marcha Patriótica. Camilo Gonzales Posso, Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Antonio Sanguino, Concejal de Bogotá por el Partido Verde y, el Cnel (R) Carlos Arturo Velásquez, Asesor en Memoria Histórica Militar del Ejército Nacional de Colombia y del Comando Estratégico de Transición del Comando General de las FFMM. Julio César Arenas, Analista e Investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris. Como moderador: Mauricio Romero Vidal, Economista de la universidad de los Andes y profesor en la facultad de ciencias políticas de la universidad Javeriana.

González Posso plantea lo siguiente “Si es el pacto nacional para el acuerdo y no se logra, y hay acuerdo ¿cuáles serían las posibilidades del pacto político de No violencia como está planteado?”, a lo que sugiere que es muy difícil que se logre ese pacto en los términos actuales gracias a “una corriente central, el uribismo radical” quienes dicen que “hay que construir un nuevo pacto pero sobre la base desmontar cuestiones esenciales del acuerdo final y sobre todo desmontar el sentido de la solución negociada del conflicto armado interno para desarrollar una línea más cercana al esquema de sometimiento y a los procedimientos que se han aplicado”.

Velázquez por su parte dice que las FFMM le están apostando a todos los cambios necesarios en Colombia para lograrlos de acá al 2030, teniendo un compromiso más social con las comunidades, de igual manera dice lo necesario que es dar fin a la corrupción “no podemos empezar a mostrar que queremos una paz si no atacamos la corrupción” pero quienes tienen la responsabilidad de dar el primer paso son los “dirigentes políticos, empresarios, dirigentes de movimientos sociales, comandantes, líderes de instituciones del Estado que demuestren que actúan contra este flagelo”.

David Flórez hizo énfasis en la necesidad que hay de reconciliar la política y la ética debido a que “en Colombia aún no hay consensos mínimos que sean respetados y promovidos por todas las corrientes políticas”. “Se debe poner, en el campo de la política, como un valor supremo el respeto a la vida, el respeto por la pluralidad y el respeto por la diferencia, va a ser muy difícil construir un pacto político en el que se saque las armas de la política” afirma, el problema en Colombia es que “no importa matar a nadie, es decir, aquí no tiene consecuencias legales… no tiene consecuencias políticas… pero lo peor de todo es que no tiene un castigo social, no tiene un nivel de censura social matar a alguien o acabar con la vida de alguien, es decir, es absolutamente relativo el valor de la vida en Colombia y mucho más cuando está ligado al ejercicio de la política”.

Por otro lado Julio César Arenas planteó la dinámica que ha tenido esta negociación entre el Gobierno colombiano y las Farc, detallando que en al principio se inició en medio del mismo conflicto, permitiendo que por avances, hoy se llegue a un acuerdo con cese al fuego bilateral respetado y monitoreado, pero el negociar en medio del conflicto permitió que se reflejara la necesidad de crear el pacto político para avanzar en este mismo acuerdo.

Para finalizar el panel, Antonio Sanguino afirmó que “el pacto debe ser, no solo para sacar las armas de la política sino también, para sacar las mafias y la criminalidad de la política” que han logrado la descentralización de los mismos partidos y movimientos, reclamando la autonomía territorial para seguirse apropiando del escenario del aparato, escenario y vida pública de los departamentos, tal y como se refleja en el caso de la Guajira.

VER LA GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL CONVERSATORIO ►AQUÍ