Este jueves 14 de septiembre el Marcha Patriótica de Nariño, junto con organizaciones de derechos humanos, de víctimas y sociales nariñenses, denunció el panorama de homicidios en Colombia entre enero de 2016 y febrero de 2017.

Según los datos reflejados en ese año se presentaron en el país “191 homicidios, 33 atentados y 19 agresiones a líderes, lideresas de diferentes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, el asesinato de 37 ambientalistas y el hecho de que cada 4 días es asesinado un líder social de acuerdo al informe de paz y reconciliación.

Estas violaciones a los derechos humanos e Infracciones al derecho internacional Humanitario han ocurrido en 19 departamentos, entre ellos el Departamento de Nariño, dentro de este hay 15 organizaciones en situación de riesgo, entre Comunidades Negras, Mesas Municipales de Víctimas, resguardos indígenas, Asociaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales y políticas, movimientos juveniles, estudiantiles universitarios, comunidad LGTBI, además de organizaciones de Derechos Humanos; quienes desarrollan su actividad social en sectores como la Costa Pacífica, los Municipios de la Cordillera, el Sector Fronterizo, subregión de Abades y organizaciones con sede en la Ciudad de Pasto, además 9 son los líderes asesinados en este mismo periodo. En cuanto a víctimas por acción de minas anti persona, se han presentado 871 casos, los dos últimos en la Subregión de Abades en los meses de junio y julio. Además de lo anterior, el incremento de víctimas de desaparición forzada para 2017, es de 72 casos según la Secretaría Técnica de la Mesa de Desaparición Forzada de la Gobernación de Nariño” afirma la denuncia.

Además de lo anterior se hace mención a las amenazas de manera individual y colectivas por medio de “panfletos, sufragios, mensajes de texto, llamadas telefónicas, amenaza directa, atentando contra el derecho a la vida, la libertad y la integridad por su condición social o su naturaleza de trabajadores en favor de las víctimas, los procesos de restitución de tierras, implementación de los acuerdos y en defensa de los Derechos Humanos”.

De igual forma se recalca, lo que varias organizaciones, corporaciones, movimientos, iniciativas y demás vienen declarando hace meses y es la existencia del paramilitarismo, estructuras ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Águilas Negras, Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), La Gente del Orden, El Nuevo Grupo, Organización Sicarial del Pacífico, El Clan del Pacífico. Además se registran denuncias por amenazas de Grupos disidentes de las FARC-EP, Bloque sur Occidental del EPL, ELN.

La denuncia, que contiene quince firmas, resalta siete “factores que agravan la situación de riesgo en las comunidades, organizaciones y sus dirigentes en Nariño se evidencia”; factores como la débil presencia del Estado en zonas de presencia paramilitar para garantizar la protección de los derechos fundamentales, la falta de reconocimiento a la labor social de líderes y lideresas y defensores de derechos humanos, la respuesta inadecuada o tardía a los llamados de advertencia sobre las situaciones de riesgo y el incumplimiento de acuerdos con las comunidades por parte del Estado, la insistencia por parte del Gobierno Nacional, de las FFMM y de Policía de privilegiar la erradicación forzada sobre la sustitución voluntaria, lo que ha desatado innumerables casos de agresión y violación a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, la negación del acceso a la justicia y persistencia de la impunidad por el Estado, las instituciones y sus funcionarios, la ausencia de espacios efectivos de interlocución entre las organizaciones sociales, de defensa de los derechos humanos y representantes del Estado y la estigmatización y criminalización de la protesta social que afecta la vida, la libertad y la integridad física, sicológica y moral de las comunidades, sus organizaciones y dirigentes.

Finalmente los firmantes rechazan “categóricamente la falta de compromiso, la ineficiencia, inoperancia y ausencia de acompañamiento institucional para responder efectiva y oportunamente ante las situaciones de riesgo que se han presentado en el Departamento, en especial la Defensoría del Pueblo Regional Nariño” motivo por el que solicitan una reunión con la institucionalidad y entes encargados de velar por la seguridad de los colombianos, Ministerio del Interior, Vicepresidencia de la República, Unidad Nacional Protección, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Nariño, Unidad seccional de Fiscalías, Procuraduría General de la Nación, con el acompañamiento de Alto Comisionado para los derechos humanos de las naciones unidas en Colombia OACNUDH, Misión de Apoyo proceso de Paz en Colombia MAPP – OEA.

El objetivo de dicha reunión es hallar en conjunto soluciones y acciones contundentes para dar fin al paramilitarismo, que sigue vigente, así como para otorgar las garantías suficientes de “protección y participación ciudadana en el desarrollo activo de la implementación de los acuerdo de la Habana y acuerdos en materia humanitaria en la Mesa de Negociaciones en Quito con el ELN, reconocimiento y garantías efectivas para el ejerció de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos”.

Ver Grave Situacion DDDHH Nariño