Por Julio Arenas / Director del Observatorio del Conflicto de la CNAI
La política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, fue anunciada acertadamente por el
presidente como el eje principal de la convivencia y reconciliación para una “Colombia Potencia
mundial de la vida”, desde el momento mismo de la posesión del primer mandatario el día 07 d
agosto y después en la ponencia de exposición de motivos que los ponentes del proyecto de ley que
dio vida a la Ley 2272 de 2022 expusieron ante el congreso de la republica para sacar adelante esta
iniciativa, con la cual el gobierno se comprometió a adelantar negociaciones de paz y acuerdos de
acogimiento a la justicia con los grupos armados ilegales de carácter político asi como con aquellas
estructuras armadas de alto impacto ligadas a la criminalidad organizada y al crimen transnacional
del narcotráfico.
Es decir en su concepción la Paz Total como política publica refleja la voluntad de millones de
colombianos que votamos por el presidente Gustavo Petro, de apoyar las medidas que sean
necesarias para terminar el largo ciclo de violencia que ha padecido nuestra sociedad por espacio
de 75 años de historia, he ahí su aceptación en el imaginario de amplios sectores poblacionales y
sociales que desde distintas orillas ideológicas (izquierda- derecha) recibieron con optimismo la
posibilidad de alcanzar un gran acuerdo nacional de convivencia pacifica que recoja tanto a las
insurgencias, como aquellos grupos sucesores del paramilitarismo e incluso a las organizaciones
criminales urbanas del multicrimen que hunden sus orígenes en los extintos carteles de Cali y
Medellín.
Por lo tanto, las graves dificultades por la que atraviesa en los actuales momentos esta estrategia
no son cuestión de concepción, sino de la aplicación de un método equivocado en su
implementación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y en general de todo el conjunto
del gobierno nacional que asume esta histórica responsabilidad.
En primer lugar, se ha desaprovechado la convocatoria que se realizó a la comunidad internacional
de países garantes y acompañantes a la política de Paz Total del gobierno colombiano, asi como de
organismos multilaterales como la Misión de Verificación de la ONU, adscrita al Consejo de
Seguridad de la ONU y de organismos intermedios regionales como la MAP OEA. De hecho, estos
dos organismos han recibido autorización para acompañar los procesos de diálogos que se abran
con el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia e incluso de ser
garantes de los acercamientos que se han realizado con Las Autodefensas Gaitanistas (AGC) y con
los Pachencas o como se autodenominan Autodefensa de la sierra nevada.
Decimos que se ha subutilizado la experiencia de estos organismos de resolución de conflictos a
nivel internacional, porque en contravía a lo que dicen las normas clásicas de la resolución de
conflictos, la implementación de la política de paz total empezó al revés; primero decretando ceses
al fuego con cinco agrupaciones armadas a través de los decretos 2656, 2657, 2658, 2659 y 2660
del 31 de diciembre de 2022, después firmando los protocolos entre las partes para operacionalizar
esos cese al fuego y por ultimo instalando el Mecanismo de Monitoreo y verificación de esos Ceses
de Hostilidades (MMVCF).
Por supuesto que, al invertir el procedimiento para lograr una tregua con los actores armados
ilegales, se rompe la cadena de custodia que significa la construcción de confianzas y los resultados
son negativos. Por su parte verificar los avances del proceso de desescalamiento concertado de
acciones armadas de fuerzas enemigas en el teatro de operación bélicas, siempre requiere de un
centro de mando unificado por parte del gobierno que realice el monitoreo de los obstáculos,
avances y retrocesos de sus políticas de pacificación, las cuales deben ir de la mano de sus
estrategias de seguridad ciudadana, hoy en el alto gobierno no existe ese centro de control o por
lo menos no se refleja en las decisiones que debe tomar el aparato estatal para responder a las crisis
de seguridad que a diario surge en los territorios, esto se traduce en dudas y desconcierto en la
ciudadanía y una sensación de inseguridad y abandono de las regiones por parte de los organismos
de seguridad del estado; además genera pérdida de credibilidad de los mecanismos de
concertación, monitero y verificación que las partes en medio del conflicto y a través de sus voceros
o representantes acuerden para afirmar los avances de los diálogos.
Es necesario recalcar que en temas tan sensibles y carentes de normas y marcos jurídicos claros
como son los diálogos entre el estado y los ilegales armados se requiere de una liturgia que hay que
respetar. En el largo conflicto armado en Colombia esa liturgia siempre se ha respetado e incluso se
llego al grado de incorporar por parte, por ejemplo de las FARC de las normas del Derecho
Internacional Humanitario en sus manuales de guerra e incluso en sus estatutos, en el marco del
plan de alcanzar el estatus de beligerancia que esta guerrilla, ahora extinta, se trazó para lograr el
reconocimiento internacional, lo que fue un éxito en la dimensión que alcanzaron las negociaciones
del Caguán, en las que la insurgencia tuvo oficinas internacionales (léase pequeños consulados) en
Europa y varios países de América Latina, método diplomático y político que después continuo en
las negociaciones del Acuerdo Final de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en la Habana
desde el año 2012 y hasta su desarme en el año 2017.
Hoy lo que se observa es un relajamiento de estas normas y principios a priori por parte de los
grupos que se están sentando a dialogar con el estado a negociar la paz y la dejación de armas o a
someterse con garantías a la justicia de acuerdo a la naturaleza de cada actor, esto en parte es
responsabilidad del gobierno nacional en cabeza de la oficina del alto comisionado de paz, por la
improvisación con la que se ha llevado la ejecución de estas acciones y la falta de un equipo experto
que oriente el rumbo de la política de paz total de maneras integral.
En las actuales negociaciones de paz no se observa el rigor que se debe manejar en temas tan
sensibles y delicados de seguridad como los diálogos de paz y los pactos de ceses y demás medidas
de desescalamiento a la luz de la aplicación rigurosa del Derecho Internacional Humanitario, cada
paso hay que decidirlo cuidadosamente porque de eso depende salvar vidas en los territorios, la
mayoría de ellos civiles, además evitar desplazamientos y confinamientos de la población o
situaciones tan graves como las que actualmente están ocurriendo en las áreas en donde actúa el
Estado Mayor Central a raíz de la decisión de este grupo de amenazar a los candidatos y partidos
que están haciendo proselitismo político en las zonas, impidiendo el acceso con garantías a la
participación electoral y el derecho al sufragio o lo que también acaba de hacer esta organización
armada de declarar objetivo militar a todos los escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP
que prestan sus servicios como escoltas para lideres sociales y firmantes del Acuerdo de Paz de la
Habana.
Es decir el conflicto se ha degradado en las zonas altamente afectadas por esta problemática,
indicativo del retroceso en materia de respeto a los DD.HH y el DIH por parte de los actores armados,
ese factor es muy negativo para la construcción de la Paz Total porque golpea duramente a la
sociedad civil que padece la violencia en esos territorios y que es el verdadero corazón del concepto
del perdón social, fundamento filosófico central que inspiro al presidente Petro para lanzarse a la
tarea de construcción de una nueva ética ciudadana para la sociedad colombiana.
Mientras tanto la sociedad civil es ignorada tanto por el gobierno nacional como por los grupos
armados ilegales, prueba de ello es el caso omiso que se le ha dado a la carta que dirigieron más de
doscientas organizaciones defensoras de DD.HH, victimas y personalidades democráticas clamando
por el restablecimiento de los ceses al fuego suspendidos unilateralmente por la presidencia de la
republica o rotos por los grupos que se comprometieron a cumplirlos, es evidente que el Consejo
Nacional de Paz es hoy por hoy un organismo inoperante que no tiene incidencia en los territorios
y el Movimiento Nacional por la Paz esta inactivo, especialmente en las ciudades en donde la
consigna de la Paz Total no conecta con los jóvenes, las organizaciones populares y el campo de los
artistas y gestores sociales que fueran fundamentales en el pasado, en el apoyo al proceso de paz
de la Habana entre el gobierno Santos y las Farc EP y que movilizo a millones de ciudadanos a
marchar en defensa de la paz cuando se perdió el referendo en el año de 2016.
A este estado de la cuestión se le suma la oposición de los grandes medios de comunicación a
concederle éxitos a la gestión del presidente Gustavo Petro en todas las áreas y en especial en la
valiente decisión de buscar la paz completa para todos los colombianos, actitud muy distinta a la
mostrada por la gran prensa con el gobierno de Juan Manuel Santos en la que los grandes grupos
de comunicación masiva como el Tiempo, Caracol, la Republica, etc, se pusieron del lado de la paz,
creando un ambiente propicio para que a nivel internacional el exmandatario liberal fuese postulado
a recibir el premio nobel de paz, distinción que finalmente logro en el cenit de su presidencia.
Teniendo precisamente en cuenta la magnitud de estos obstáculos, es necesario persistir en la
defensa de la agenda de negociación del gobierno y saludar las medidas adoptadas por el Gobierno
para alcanzar una paz duradera mediante su política de paz total. La implementación decidida del
Acuerdo Final en todos sus puntos debe seguir siendo el núcleo de este esfuerzo. Al mismo tiempo,
elogiar los esfuerzos adicionales en curso para ampliar el alcance de la paz a través del diálogo. La
realidad ineludible sobre el terreno en Colombia actualmente es que la consolidación de la paz
depende tanto de la implementación integral del Acuerdo como de la capacidad de las autoridades
para frenar las expresiones de violencia que se continúan produciendo. Estos dos objetivos se
refuerzan mutuamente, pero requieren un cambio de rumbo urgente en la aplicación de las políticas
de pacificación que el ejecutivo esta adelantando en los territorios.