Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
En una maratónica jornada, durante los días 10, 11, 15 y 16 de mayo, Salvatore Mancuso excomandante de las AUC compareció en Audiencia Única de Verdad, ante la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP, como opción de una sola oportunidad, irrepetible, de ser aceptado por este tribunal de justicia restaurativa.
La presencia de un grupo relevante de víctimas de comunidades étnicas, campesinas y habitantes del Urabá Antioqueño, Córdoba, Montes de María, así como de pueblos ribereños de los ríos Magdalena y Sinú [1] fue el marco de interacción que les permitió expresarse en diversas manifestaciones culturales y actos simbólicos restaurativos para reclamar al excomandante paramilitar la verdad y esclarecer el porqué de la violencia contra las comunidades. En este contexto, la magistratura presente en la audiencia valoró el papel de la justicia restaurativa, la reivindicación de la memoria, la verdad y la no repetición como derecho central de las víctimas, como ciudadanos, cuestión medular en la JEP, de lo cual debía ser expresión la participación de Mancuso en las sesiones.
En su propósito de ser aceptado en la Justicia Especial para la Paz, desde el Centro de Reclusión de Migrantes en Georgia, las declaraciones de Mancuso se centraron en ampliaciones a los hallazgos establecidos por la justicia ordinaria y en Justicia y Paz. El núcleo de sus revelaciones estuvo en la dinámica de operación del paramilitarismo en asocio con altos mandos militares, de agentes de diversas ramas de la fuerza pública, de otros actores del Estado, así como del involucramiento de clanes políticos, ganaderos, terratenientes y grupos empresariales, en el marco de la guerra contrainsurgente enfocada en la lucha contra el denominado “enemigo interno”, desde los enfoques de la teoría de la seguridad nacional, así como del entronque paramilitar con el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, de la Presidencia de la República.
Dado lo delicado del tema, con relación al énfasis en actores implicados, hechos relevantes, efectivos y eficientes, en procura de aportar elementos significativos de verdad novedosa, no registrada ante otros tribunales, a valorar por la JEP, a menudo las declaraciones tuvieron espacios privados; el propósito de estos espacios fue posibilitar la ampliación de detalles en relación con nombres y hechos, con el fin de proteger a los participantes en la audiencia, ante la gravedad de las declaraciones, así como de garantizar la presunción de inocencia de los posibles implicados.
Las declaraciones se enfocaron en información que busca evaluar el rol de Mancuso como bisagra entre la fuerza pública y el paramilitarismo, mediante su presunta incorporación funcional y material a la fuerza pública, a partir de su reclutamiento desde 1989 y su acción a partir del departamento de Córdoba apoderándose de actividades propias de la función pública. Este entrecruce de fronteras implica examinar cuatro tipo de relaciones del modelo paramilitar en un enfoque de patrones de macrocriminalidad con estrategias ofensivas y defensivas, en un entramado de intereses económicos y políticos de una red compleja de violencia que afectó y sigue incidiendo en la sociedad: 1) con las Convivir, organizaciones cooperativas de vigilancia creadas mediante decreto 356 de 1994 del Gobierno de César Gaviria Trujillo siendo Ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda. 2) Con la fuerza pública, a través de operaciones conjuntas. 3) En alianza con actores económicos y coaliciones políticas y 4) A través de las relaciones articuladas orgánica, funcional y materialmente con el DAS.
En estos aportes específicos, mediante respuestas a un bien preparado cuestionario elaborado por parte del equipo de la magistratura de la JEP, a partir del contexto elaborado por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) , de 120 fuentes judiciales de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, El Consejo de Estado y la Jurisdicción de Restitución de tierras, el compareciente fue abordando, uno a uno, las cuatro tipologías de relaciones del fenómeno paramilitar, sus actores, contextos y crímenes.
En una parte de su declaración, como antecedente, se refirió al Coronel Gustavo Leal Pérez, más conocido como “Güicho”. Este personaje creó las bases de patrullaje rural en varias regiones del departamento de Córdoba durante los años ochenta. Así mismo, se creó la Policía Cívica y el DAS Rural y luego de la muerte del Coronel Jaime Díaz, Comandante del Batallón Junín, primer Coronel muerto en combate con la guerrilla, ante el conflicto armado generador de la pérdida de más de 160.000 cabezas de ganado y del secuestro de más de 300 ganaderos, estos y otros empresarios impulsados por el Ejército, a través de reuniones en el Club Montería, en el Hotel Sinú, el Club de Golf, en la Brigada XI, les pedía apoyo mediante la creación de unidades rurales de celadores con acompañamiento militar en zonas de conflicto.
Luego nació la Brigada Móvil Número Uno que llega a Córdoba, con el Coronel Cifuentes y el Coronel Tovar crearon mecanismos de información, de guías y grupos de operaciones especiales al margen de la ley. Quien fuera identificado o señalado como miembro de la subversión era declarado objetivo militar y se le asesinaba, muchas veces previamente torturado. Empezaron a surgir patrones de macrocriminalidad aprendidos de la mano de las instituciones del Estado. Se crearon más de setenta grupos en diferentes zonas del departamento y así esos grupos de civiles empezaron a empuñar las armas.
Respecto al tema de las Convivir, su relato parte de mencionar un contexto de falencias y debilidades estructurales del Estado y de la fuerza pública en la lucha contrainsurgente, así como –según afirmó el declarante- de la búsqueda espontánea de protección por parte de grupos económicos y sociales, sin saber de la política estatal de la creación de grupos rurales de autodefensa impulsados por la Policía en el Departamento de Córdoba. Esto desembocó en el caso de Mancuso, en un reclutamiento militar por parte del Ejército, en sus relaciones con el Mayor Walter Fratini del Batallón Junín, hasta los grupos de autodefensa que se conformaron.
Su acción se desarrolló, primero, como informante; luego, como guía; seguidamente, como facilitador de reuniones con empresarios y ganaderos para gestión de recursos económicos para el Ejército y después, para creación de redes de cooperación, para montaje de una base de comunicaciones, de repetidora con frecuencias de radio de 2 metros para enlazar a todas las fincas de la región con radios para trabajadores, sistemas de codificación para conectarse con la Base Militar de Tierralta y la Brigada XI de Montería y medios de locomoción, en aquel tiempo consistentes en bicicletas, burros y caballos. Luego pasaron a los cursos de manejo de armas, de polígono, de inteligencia y contraguerrilla hasta llegar a los cursos de enfrentamiento a la guerrilla en diferentes condiciones. Después, aprendió con pilotos de la Policía, del Ejército y la Fuerza Aérea, el manejo de aeronaves. Tuvo como instructor de vuelo a Jairo Andrés Angarita, piloto retirado de la Fuerza Aérea, quien llegó a ser segundo de Mancuso y Comandante de los Bloques San Jorge y Sinú de las AUC.
Las Convivir nacieron, casi de manera simultánea con las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá –ACU- antecesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC. Este fenómeno de paramilitarismo surgió de la mano del Estado. En Planeta Rica se vincularon personajes como Javier Piedrahita, Félix Gutiérrez, actual Alcalde de Buenavista y César Cura, dueño de la finca La Abastecedora donde se montó una de las bases de la Brigada Móvil Número Uno. Allí llegaron grupos armados ilegales de Ariel Otero y Henry Pérez, provenientes del Magdalena Medio. Dicho grupo cometió la Masacre de Mejor Esquina, donde 28 campesinos fueron señalados de ser miembros del EPL y fueron ejecutados, con la venia y el apoyo de las fuerzas militares.
Las Convivir, declaró Mancuso, fueron la manera de hacer coexistir la legalidad con la ilegalidad. Los grupos creados con entrenamiento en todo tipo de artes de guerra por parte de la policía y el ejército permitieron el surgimiento del patrón de actuación que fue expandido al resto del país. Dicho aprendizaje no se dio en las AUC. Primero fue la Policía Cívica; después, la implementación de una de las “armas de la infamia”, como es la estigmatización del llamado “enemigo interno”. La manera de operar fue multiplicada al punto que nacieron las Autodefensas de Córdoba y Urabá para finales de 1994. Luego de la muerte del Mayor Fratini en enfrentamiento con la guerrilla, declaró Mancuso que “de facto”, él quedó al mando de un grupo especial integrado por miembros del ejército, activos y retirados y miembros desertores de guerrillas. Este grupo se dedicó al asesinato de población civil que se identificara o estigmatizara como guerrillera, con base en listados suministrados.
A finales de 1994 crearon, junto con los Castaño, las Autodefensas de Córdoba y Urabá e hicieron la primera operación en Las Changas. En el segundo semestre de 1994, surgieron las Convivir y se convirtieron en el instrumento “perfecto” para multiplicar las autodefensas. El esquema de funcionamiento fue el aprendido con las fuerzas militares. Recibieron el apoyo del General Iván Ramírez, del Gobernador de Córdoba, Carlos Buelvas Aldana, de otras personas como Benito Osorio y pactaron la expansión de las autodefensas a todo el norte del país. Así mismo, contaron con el apoyo del entonces Coronel Leonardo Barrero Gordillo. Recibieron todo el apoyo necesario, político, militar, del DAS y de la Fiscalía. Todo oficial que se opusiera era removido.
Para la creación de la Convivir Horizonte Ltda., recibió la asesoría del Secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, cuando el gobernador era Álvaro Uribe Vélez. Con base en ello, Mancuso se desplazó por toda la región para crear el Bloque Norte de las autodefensas. Contaba con carné del ejército entregado por la Brigada 11, carné de Policía Cívica, uniforme de la Policía Cívica, dotación de radios con frecuencia exclusiva de la Policía, con repetidora. Con las Convivir hacía retenes, recibía información, hacía operativos acompañados por dos policías activos, con 15 miembros de la Convivir armados con pistolas, subametralladoras y fusiles calibre 5.56. Con las Convivir, acompañados con toda la dotación se desplazaba por todo el norte del país. Hacía reuniones con ganaderos y expandía el esquema montado en Córdoba, a las otras regiones. Esta expansión fue solicitada por Jorge Bisbal Martelo, presidente de Fedegán y para la creación del Bloque Capital en Bogotá, reiteró que se dio a partir de la solicitud de Francisco Santos.
En todas partes, la fachada era montar Convivir para pasar información a las Fuerzas Armadas y si estas no operaban, intervenían las autodefensas. Sus roles personales eran de ganadero, director de Convivir aliado de las fuerzas militares acompañado de oficiales de Policía y de Ejército, como el Mayor René Sanabria, Comandante del B2 de Córdoba y con ellos a bordo cumplió el rol de comandante de autodefensa. Al principio, no todos lo sabían, pero la estrategia era que se crearan las Convivir, como bisagra entre lo legal y lo ilegal y se desdoblaban como Autodefensa si la fuerza pública no actuaba. El esquema se fue multiplicando a través de redes de informantes a través de las Convivir. En actividades legales, el Ejército recibía una contribución de dos mil pesos por hectárea. Ese modelo de contribución, más las redes de comunicación aprendidas con el ejército y todo el esquema operativo se fue multiplicando en la expansión de su influencia: redes de informantes y de comunicación con la fuerza pública, a través de las Convivir con armamento legal.
Con Carlos Castaño valoraron las Convivir como instrumento valioso para la expansión de las autodefensas. Sabían que el Estado en algún momento suspendería las licencias de estas cooperativas de vigilancia y ante la identificación de sus miembros por parte de la guerrilla llevarían a su desmonte, por lo que gran parte de los integrantes pasarían a las autodefensas. Así, el aparato legal facilitaba la persuasión a los reticentes en montar autodefensas y, desde la legalidad, se logró combinar un entramado bisagra entre la fuerza pública y la ilegalidad.
En lo que respecta a operaciones conjuntas con la fuerza pública, además de abundantes detalles de hechos puntuales de carácter violento en contra de comunidades y de operativos en contra de la guerrilla narrados durante la audiencia, destacó de manera especial el asesinato de líderes indígenas el 3 de diciembre de 1995. El Coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba ordenó el asesinato de líderes indígenas del Cabildo Mayor Zenú de San Andrés de Sotavento. Las víctimas fueron Julio Clemente Polo y Manuel Atencio Suárez. La operación partió de actividades de inteligencia policial y acción conjunta con autodefensa. El mencionado Coronel actuó en muchas ocasiones acompañando a quienes ejecutaban las acciones. Al respecto, recuerda operativos en la estación de buses de Cereté, así lo narró Mancuso en su declaración, minuto 3´02´´ del primer día de la sesión [2].
El Coronel Suárez visitaba todas las mañanas a Mancuso en su residencia de Montería, entre 5.30 AM y 6 AM y presionaba permanentemente por asesinatos en contra de personas reportadas en listados de la Policía, del DAS y del Ejército.
Con motivo de atentados perpetrados por las FARC-EP en Montería, se activaron operativos conjuntos entre Autodefensa, Convivir, Ejército, DAS, Policía y Fiscalía. Los nombres de los agentes institucionales quedaron de ser enviados a la JEP con más detalles, posteriormente, para agregarlos a las declaraciones del compareciente.
En el caso de preguntas sobre las operaciones conjuntas y los mal llamados “Falsos Positivos”, el excomandante paramilitar afirmó que hubo muchísimas acciones de esta naturaleza. En el Catatumbo, con el Comandante Camilo de las AUC, Armando Pérez Betancur, el 10 de agosto de 1999, en Beta Central vía Tibú-La Gabarra, ejecutó cuatro víctimas respecto a las cuales el declarante refirió los nombres de tres. El Ejército, al mando del Teniente Daladier Rivera Jácome, recibió los cadáveres y los legalizó como bajas en combate, por parte de la contraguerrilla del Batallón Saraguro. También, refirió el caso de las viudas de Tibú en 1999, donde tres guerrilleros fueron ejecutados y presentados como miembros de autodefensa dados de baja por el Ejército, con el fin de bajar la presión de los organismos de derechos humanos, ante la operación de Filogringo, en la que también tres guerrilleros muertos por las AUC fueron presentados por el Ejército como autodefensas.
Las coordinaciones para los “Falsos Positivos” se coordinaban con los mandos del Ejército de la respectiva zona de operación de las AUC. La presión por las bajas en combate venía de los altos mandos. El declarante afirmó que está en condiciones de suministrar los nombres y grados de los altos mandos del Ejército con quienes se coordinaban. Entre ellos, menciona al General Iván Ramírez, en casos como el 8 de diciembre de 1996. También refirió la masacre de Pichilín donde hubo coordinación con el Mayor Parra, Comandante de la Sijin de Sincelejo, hecho que no se había contado. También, con el Comandante Díaz Granados del Batallón Número Tres de Infantería de Malagana. Este comandante recibió apoyo de las AUC con guías para operaciones. Apoyó a las AUC en operativos en el rescate de un ingeniero de Osensa en los Montes de María. También, hizo coordinación con el Mayor Cárcamo para una operación comandada por alias “el Negro Ricardo”, desmovilizado del EPL. Luego de esta operación, Francisco Santos sacó un editorial en el Periódico El Tiempo [3] el 29 de abril de 1997, para exaltar la labor de las Autodefensas en el rescate de secuestrados. Dicha operación se hizo entre las Convivir, las Autodefensas e Infantería de Marina, en la planeación y ejecución. El hecho de Osensa, según Mancuso, tampoco se había declarado ante ningún tribunal con tantos detalles y responsables directos.
Con relación a la Policía, planteó el caso del atentado contra René Cabrales Sosa, donde la autodefensa se coordinó con Policía, Sijín, DAS, ente que hizo allanamientos previos y para establecer la ubicación de las personas declaradas como objetivo militar. Así mismo, el homicidio en San Jacinto del Alcalde Electo Carlos Quiroz y su hermano Freddy en 1997. Esta acción fue organizada con el Teniente Óscar Alexander Solano Pedraza, Comandante de la Policía Nacional en San Jacinto. También, con Henry Rubio Conde, cuando era Comandante de la Sijín en Córdoba, jefe de los Policías Caballo y Sáenz, acompañantes permanentes de Mancuso durante más de cinco años en las Convivir y autodefensas. Henry Rubio fue el primer Comandante de Interpol en Colombia, con grado de Mayor. También fue Edecán del Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con el entonces Capitán Rubio, se ejecutó el homicidio de Fredy Francisco Fuentes Paternina, desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista-CRS en atentado donde, también, murió su escolta de la propia Sijín.
Las operaciones conjuntas entre Convivir y Fuerza Pública les dieron acceso irrestricto a las instalaciones militares. Mancuso contaba con la receptividad de alcaldes, gobernadores, comandantes de fuerza pública. Al respecto, refirió el caso de Kiko Gómez y acciones paramilitares en la Guajira, con repliegues cubiertos por el ejército.
La Fuerza Pública sabía que las autodefensas tenían helicópteros y se coordinaban. Llegaron a tener nueve helicópteros. Operaban con control oficial del espacio aéreo, sin reporte, con reporte de Fuerza Pública, con transponder o apagado con vuelos de baja altura. Con helicópteros operaron en la masacre de “El Salado” y hasta se identificaron como Autodefensas y, según el declarante, recibió instrucciones del manejo de su aeronave, de miembros de la Fuerza Pública, incluso, un avión de la Fuerza Aérea se retiró sin atacarlo, luego de identificarse como Autodefensa y, después, aterrizó al pie de Urrá. Esto lo conocían los altos mandos militares.
A partir del malogrado experimento de Paz de San Vicente del Caguán en 1998 vino la explosión del crecimiento de las autodefensas, por solicitud de las Fuerzas Militares, de la oligarquía y de la élite bogotana. Cuando Romaña empezó a realizar las llamadas “pescas Milagrosas” en las goteras de la Capital, Francisco Santos haciendo vocería de grupos económicos, pidió la conformación del Bloque Capital. Esto llevó a que los políticos fueran a las autodefensas y estas fueran donde los políticos. El resultado fue la armazón de una “maraña”, de un entramado de legitimación de las autodefensas y del fortalecimiento de la incidencia paramilitar en relaciones con Congresistas, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, en una dinámica de “poder descomunal”, en palabras de Mancuso, con lo que se causó un enorme daño al país. Por ello se abrieron más de 82 procesos por parte de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la Parapolítica.
El relacionamiento llevó a la creación de nuevas estructuras de las Convivir y Bloques Paramilitares. Las solicitudes llegaron de los Gnecco del Cesar; del Magdalena, por parte de ganaderos cuyos nombres se comprometió a remitir. En los Montes de María, Jorge Visbal Martelo, presidente de Fedegán. El Director de Fenalco, Sabas Pretelt de la Vega, quien fue Ministro del Interior del Gobierno Uribe. Cuando era Presiente de Fenalco pidió la creación de Bloques de Autodefensa en las troncales de la costa para proteger las rutas de carreteras y fluviales, así como las mercancías. También, los empresarios del carbón, caso la Drummond, de las vías de carretera y férreas, dada la debilidad de presupuesto militar para operar. Con el Plan Colombia y el fortalecimiento de los recursos de las fuerzas armadas, se compensó la carencia de recursos para estas operaciones; a la vez, incidió la presión de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los Clanes Políticos que conformaron Convivir incluyen a los Gnecco del Cesar, los López Cabrales de Córdoba, Olegario Otero de Sahagún, Javier Piedrahita de Sucre, finqueros de Medellín con propiedades en los Montes de María; Miqui Ramírez de Zambrano Bolívar, bananeros de Urabá como Augura, Banadex y Banacol y con bananeros del Magdalena. También, con Postobón, Bavaria, Cocacola e incluso Ecopetrol, donde hubo coordinación con funcionarios para el robo de gasolina y el expendio de la misma en estaciones de servicio de propiedad de las AUC. Esto se combinó con el tráfico de armas y de cocaína en operaciones coordinadas para compra de fusiles en Bulgaria con apoyo de Banadex y el uso de sus barcos en Urabá; también del Clan Cifuentes Villa y del “Tuso Sierra”, en distintas operaciones de tráfico de armas desde Estados Unidos. Así mismo, se adquirieron armas legales de Indumil y se aprovecharon jornadas y eventos de Expomilitar para el trueque de armas y municiones.
La región de Tulapas en Urabá, que comprende 58 veredas de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá es un ejemplo del despojo paramilitar de la apropiación de la tierra por parte de hacendados y paramilitares mediante ventas irrisorias. Allí no solamente se apropiaron los Castaño, Mancuso, otros paramilitares, sino también empresarios como William Vélez. Esto se articuló con los intereses de las AUC, de los gobiernos Nacional y Departamental, para la construcción del puerto y de un aeropuerto internacional de importación y exportación de carga. Por tanto, el interés era erradicar la guerrilla de la región.
Además, como expresión del carácter de bisagra con grupos económicos, el declarante señaló que en la Convivir Papagayo de Urabá recibían 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada que se destinaban así: un centavo para la Convivir, uno para el Ejército y uno para la autodefensa.
Los intereses económicos se reflejaron en la Represa de Urrá, como punta de lanza de inversiones estatales que obligó a la venta forzada de tierras y a crímenes de Estado contra los pueblos étnicos. Hubo crímenes como los cometidos en contra Kimy Pernía Domicó, líder Embera Katío de Tierralta, asesinado en 2001 y de Alonso Domicó Carupia. Quemaron siete canoas con motor.
También Cerro Matoso, como inversión extranjera y estatal fue motivo de valorización que estimuló el entronque entre crímenes de Estado y operaciones privadas. En el Catatumbo se expresaron en apoyo al paramilitarismo el Batallón Termotasajero y Centrales Eléctricas de Norte de Santander, las mineras del carbón, los servicios de transporte y de hidrocarburos.
En cuanto al Bloque Capital, según Mancuso, Francisco Santos obró como vocero de sectores económicos para la creación del Bloque Capital hacia 1997. Se reunieron con Carlos Castaño y Mancuso visitó la sede del Periódico El Tiempo, por invitación de Francisco Santos y subrayó que el editorial escrito por Francisco Santos es un discurso legitimador de las Autodefensas.
Durante 17 años y más de tres mil diligencias, Mancuso subrayó en su declaración que gran parte de estas verdades sobre los vínculos de las élites y la parapolítica fueron entregadas a la Corte Suprema de Justicia.
El modelo paramilitar llevó al ejercicio de la violencia en zonas urbanas y rurales, contra comunidades étnicas Embera y Zenues. A crímenes de Estado porque venían entregados en listados proporcionados por la Policía y el Ejército. Las zonas Embera, sus Resguardos, fueron convertidos en zonas de retaguardia estratégica, por ser ricas en pesca, caza y camuflaje. Mediante reclutamiento, sus miembros fueron utilizados como armas de guerra, los pusieron como radio operadores, fueron truncados sus proyectos de vida y familiares. También se cometieron delitos de género, agresión sexual y reducción a la condición de servidumbre.
Al tiempo, se multiplicaron las franquicias en procura de recursos financieros. Se colocaron comandantes entrenados por la Casa Castaño, con lo que se expandieron las autodefensas hasta el sur del país. En Arauca y en el Catatumbo encontraron economías ilícitas que les sirvieron para su financiamiento.
Mancuso declaró que también fue entrenado por José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, ideólogo del paramilitarismo, asesor militar, corresponsable de las famosas “Chuzadas” e instigador del asesinato del periodista Jaime Garzón. También pasaba listados a las AUC sobre el Comité de Presos Políticos, sobre los integrantes del Colectivo José Alvear Restrepo – Cajar- y sobre la Comisión Colombiana de Juristas. Estaban en listados para ser asesinados Alirio Uribe y Gustavo Gallón.
También se dio la persecución de líderes sociales, de Juntas de Acción Comunal y sacerdotes, como el caso de un cura del municipio del Guamo-Bolívar, de los Montes de María, quien fue desplazado por exigencia de Mancuso al Obispo Nel Beltrán. También fueron desplazados sacerdotes presbiterianos, jesuitas y pastores cristianos, por exigencia de Fidel Castaño.
La entrada al Catatumbo se hizo coordinada con el Ejército. Esto se llevó a cabo en comunicación con el General Mario Fernando Roa Cuervo y con el Coronel Víctor Matamoros. Todo fue planificado desde Córdoba por Vicente Castaño, en coordinación con el Capitán Armando Alberto Pérez Betancourt. También operaron mezclados en el Catatumbo. Allí rompieron el esquema de generar terror mediante la operación de masacres encaminadas a provocar escenas dantescas, por su crueldad, para pasar al ocultamiento y desaparición de los cuerpos, mediante el uso de hornos de incineración, cerca de Villa del Rosario y en una finca en Puerto Santander, ante las denuncias de las organizaciones de derechos humanos. También en coordinación con militares venezolanos, entre los años 2000 y 2001, llevaron más de 200 cuerpos a Venezuela para que no fueran encontrados. La orden de los altos mandos militares y presuntamente del Gobierno Pastrana, fue la de no dejar cuerpos. Actualmente, en acuerdo entre el Gobierno Petro y el Gobierno de Venezuela inicia el proceso de coordinación para la búsqueda de estos cadáveres, con la posible participación directa de Mancuso en las regiones venezolanas de San Cristóbal, San Antonio, Urueña y Boca de Grita.
Entre los muchos testimonios relevantes, es de destacar la falsa desmovilización del Frente Bernardo Franco de la disidencia del EPL en 1996, donde más de 240 combatientes, entre quienes se contaban los hermanos Úsuga, Juan de Dios (Giovanni) y Dairo Antonio (Otoniel). Mancuso narró toda la operación orquestada por el Ejército y las Autodefensas para bloquear, mediante una operación tenaza, el suministro de alimentos a la región, el censo de campesinos, el asesinato de lancheros y la presunta coordinación con el entonces Ministro del Interior Horacio Serpa (Mancuso señala la realización de más de tres reuniones) y los Generales Iván Ramírez, Barrero Gordillo, el Mayor René Sanabria y la coordinación del paso a la Casa Castaño. La conversión de este grupo de guerrilla y su paso al paramilitarismo es un hecho fehaciente, según Mancuso, de su papel de bisagra entre lo legal y lo ilegal. Dos meses después de esta desmovilización ocurrió, mediante la acción de este grupo, la masacre de Mapiripán.
Hoy, como se puede evidenciar, este grupo es la matriz del actual Clan del Golfo, falsamente denominado Autodefensas Gaitanistas. Los testimonios de Mancuso, aunque se han pretendido opacar en los medios a través de pronunciamientos, como el negar que el alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, le fue quitada la escolta y fue asesinado por las Autodefensas, o las denuncias por la responsabilidad del Gobierno Pastrana, el negacionismo de Francisco Santos, o el de generales como Iván Ramírez frente a su papel activo en el impulso del paramilitarismo y del modelo paramilitar van permitiendo despejar la verdad que reclaman las víctimas y el país.
Por esto la apertura de la Oficina de la Corte Penal Internacional en Colombia, en apoyo a la Justicia Especial para la Paz -JEP- y la mayor incidencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, de la importancia de una comisión Internacional en contra de la Impunidad y de la Corrupción y del Tribunal Permanente de los Pueblos, constituyen elementos de la mayor importancia para descorrer los velos de impunidad.
Es de esperarse que la ampliación de las declaraciones de Mancuso en sesión privada complemente y satisfaga el núcleo central, como es la verdad que esperan las víctimas. Así también lo demanda la sociedad para que se visibilice el daño causado y se pueda avanzar en la reparación, en la restitución de derechos; se avance hacia la no repetición, mediante el desmantelamiento de toda forma de paramilitarismo y neoparamilitarismo. A la par, es necesario insistir desde la sociedad civil y los movimientos sociales en que las insurgencias se reincorporen a la vida civil y abandonen la lucha armada, a la par que se alcanza el sometimiento a la justicia de las bandas criminales.
Fuentes:[1] COMUNICADO 050. JEP. Jurisdicción Especial para la Paz. Balance de la Audiencia Única de Verdad de Salvatore Mancuso ante la JEP. Mayo 18 de 2023.
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/balance-de-la-audiencia-unica-de-verdad-de-salvatore-mancuso-ante-la-JEP.aspx[2] JEP Colombia. Audiencia Única de Aporte a la Verdad Salvatore Mancuso | Sesión 1 | 20230510.
https://www.youtube.com/watch?v=WwACv-j5_9g[3] Santos Calderón Francisco. PROYECTO CONTRAINSURGENTE. El Tiempo. Abril 29 de 1997.