El Estado colombiano ha reconocido a las víctimas del conflicto armado a través de la aprobación de la Ley de Víctimas 1448 y el derecho que tienen a la reparación; en este contexto líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, han tenido un papel importante en la defensa de sus derechos y en la implementación de las normas gubernamentales.
La participación amplia de mujeres en las reclamaciones a través de los mecanismos que el gobierno ha establecido, son una muestra de que las victimas sobrevivientes del conflicto armado entienden la necesidad del resarcimiento de sus derechos vulnerados. Sin embargo, las bandas criminales o también llamados neoparamilitares y quienes están detrás, interesados en proteger el despojo de tierras, se han empecinado en impedir este proceso.
De acuerdo con el informe de la Corporación Nuevo Arco Iris “Política y Violencia 2011”, las bacrim en los últimos 5 años asesinaron a 126 líderes desplazados/as, trabajadores/as por la paz y mujeres reclamantes de tierras. En las principales ciudades y en numerosos municipios las mujeres líderes han recibido amenazas a través de panfletos y visitas a sus hogares, les exigen abandonar sus organizaciones, sus reivindicaciones y permanecer en silencio.
Lo que llama la atención de estas amenazas, es que se han dirigido en gran parte, contra las mujeres líderes, tal vez porque son las mujeres en su mayoría las reclamantes de la restitución de tierras y la justicia o porque subyace un sentimiento patriarcal y machista que incomoda al encontrar mujeres asumiendo liderazgos en el mundo público. Son significativas las formas como estas bandas criminales se ensañan al violentar a las mujeres, utilizando no solo la amenaza de muerte y ejerciéndola, sino también utilizando la violencia sexual como arma para intimidarlas y obligarlas a abandonar sus procesos de incidencia política ante el Estado.
La incidencia que realizan las líderes y defensoras de de derechos de las víctimas, hace parte del derecho a la participación, del cual las mujeres han sido discriminadas históricamente, y que en el marco de la constitución de 1991, es una reivindicación fundamental para ellas. En esa medida la exigibilidad ante el Estado tiene plena validez y es razón para que éste las proteja de los actores armados. Es necesario y obligatorio, en un estado social, el reconocimiento de los derechos y el pleno ejercicio de la ciudadanía, sin que por ello deban pagar con sus vidas.
De igual manera es de esperar entonces, que las instituciones de justicia se encarguen de cumplir con su responsabilidad de ordenar la captura y judicializar las conductas de los responsables directos e indirectos de las amenazas, Pero también es un deber de la sociedad y de los medios pronunciarse críticamente frente a estas bandas y sus actuaciones.
En este caso, los medios de comunicación tienen un rol importante en dirigir campañas de sensibilización social encaminadas a reconocer el valor y dignidad de las mujeres líderes víctimas del conflicto y a promover alertas en la sociedad develando el papel destructivo de los actores armados ilegales; pero también estaría bien que amplíen información sobre las múltiples experiencias de construcción de paz que se gestan y desarrollan en las regiones de Colombia.
Todo esto sería una gran contribución a la transformación del conflicto y a enfrentar, desde la sociedad misma, las acciones violentas de los grupos al margen de la ley. Necesitamos superar este momento de la historia del país desestructurando las dinámicas de la guerra y de la muerte.
/ Gloria Tobón Olarte
Red Nacional de Mujeres