Cuando el gobierno decidió negociar con las FARC, sobre la base de una agenda a la cual denominaron “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz”, se daba por sentado que las partes llegaban a la certeza, después de una ofensiva militar profunda e intensa, imaginada y pensada para provocar la derrota de quien fungía como la fuerza armada histórica del régimen, de que dicha derrota no era posible y que lo era menos la posibilidad de la toma del poder por las armas de parte de cualquier fuerza insurgente. La dinámica de las partes, devela hasta ahora que no es dentro del marco de esta certeza desde donde se desenvuelve esta negociación, sino que asistimos a inconsistencias y contradicciones que bien podrían situarse en las expectativas de unos y de otros. Miremos esto.

1. ¿Con quién se negocia y Para qué? En los seis meses de las discusiones adelantadas en La Habana, tanto el gobierno como la guerrilla pareciera que se situaran en una lógica distinta. El gobierno, con un aire de triunfalismo, en general no muy bien fundamentado, pareciera por momentos que no estuviera en un escenario de negociación de un conflicto sino en un escenario para negociar algunas garantías para quien ha sido derrotado en el campo de batalla. Las FARC, por su lado, parecieran no tener claro que del Caguán a hoy ha corrido mucha agua bajo los puentes y que a los cinco puntos del acuerdo aludido no se le puede colgar todo su proyecto político: el país ha cambiado, el mundo ha cambiado y su condición de fuerza insurgente ha sido objeto de importantes golpes políticos y militares, que si bien no la han diezmado, si la han neutralizado.

2. ¿Acaso el problema es quien tiene la autoridad moral para proponer los cambios que necesita el país? Asistimos propiamente a un debate público que pareciera de sordos. Cada propuesta de las FARC, el Gobierno corre en coro a negarla y los medios a ridiculizarla, dando a entender que esta fuerza armada no tiene autoridad moral para ello. Democratizar la sociedad, hablar de libertad y de justicia son palabras de cuyo uso sólo puede ser depositaria, según parece, una élite que a manera de clan se cree investida, no se sabe en razón de qué, de todos los valores y toda la autoridad. Irrita, por decir lo menos, la indolencia que acusa dicha élite que se abroga una autoridad moral que desmiente la historia y una realidad apabullante.

No son pocos los lunares. La Estándar & Poor´s, acaba de darle al Gobierno colombiano la peor calificación que se le pueda dar a un país en materia de derechos humanos, a lo cual debe agregarse que Colombia mantenga los más altos indicadores de inequidad social; un sistema judicial con los mayores indicadores de impunidad; una corrupción que carcome a todo el Estado, recientemente denunciada por la conferencia episcopal; un sistema electoral carente de credibilidad y organismos como el Congreso y la policía, calificados por la ciudadanía con la peor imagen según encuesta reciente. En una democracia como ésta, ¿cómo puede entenderse que alguien pueda convertirla en paradigma? Sería alentador que el Gobierno, que pareciera asistir a una negociación donde sólo unos proponen, explicitara las ideas que tiene respecto de estos lunares, de un modelo diseñado para beneficiar a quienes siempre lo han tenido todo.

Unas realidades como las anotadas, demandarían de quienes nos gobiernan bajarle a la arrogancia y a un triunfalismo por momentos desmedido. Hay que llenarse de realismo y ponderación e incluso de cierta humildad. Es indispensable creerle al gobierno que sus esfuerzos los centre en una idea como la prosperidad, la cual al fin de cuentas no sería otra cosa que cambiar lo que tenga que cambiarse para que esos lunares, aunque no desaparezcan, por lo menos se atenúen en gran medida, sin importar quien lo proponga a través de un mecanismo ineludible: la construcción de una democracia radical. A un cambio de sociedad, como lo desean las FARC, no se puede oponer el que todo anda muy bien y se dispone de una legalidad desde la cual todo es posible. Lo curioso es que esa legalidad no sólo es precaria sino que, en no pocos casos, ha operado en sentido contrario.

3. La movilización social una prueba de fuego que devela importantes contradicciones. Teniendo como centro el campo, la movilización social es hoy una fuente de desajustes en el sentido de que al irrumpir la protesta social, se han develado importantes contradicciones del Gobierno. No se negocia con los campesinos del Catatumbo porque desarrollan una movilización que se expresa con acciones de fuerza, pero se impone una negociación en medio del conflicto armado a las FARC, que no han sido propiamente unos ángeles y cuyas acciones de fuerza se han traducido en algunos casos en crímenes de lesa humanidad, y se invalida la protesta social bajo el supuesto real o ficticio de que hay infiltración de la insurgencia; pero por otro lado se dice que esta misma fuerza carece de base social.

La realidad es que ha sido la indolencia oficial, antes indicada, la que ha inducido a que se llegue a la fuerza como último recurso para obtener las reivindicaciones. Son muchos años de solicitudes y de reclamos de todo orden que han terminado en las gavetas de los ministerios. La estrategia de ver fuerzas ocultas que atizan la violencia es histórica como manera equivocada de ocultar la justeza de la protesta social y mantener el statu quo. A los indignados no se les puede seguir respondiendo con los infiltrados.

La primavera árabe, el movimiento de los indignados y las movilizaciones recientes en el Brasil, indican que en la lógica del poder aún no está inscrito propiamente que los conflictos sociales, inherentes a toda sociedad, se tramiten por canales pacíficos. Aun la democracia acusa vacíos para dotar de los instrumentos que prevengan la violencia como medio para resolver las diferencias sociales, Colombia no es la excepción.

Es prioritario, entonces, que en un marco de tantos enemigos y de tantos palos atravesados, se acuda a la trasparencia en el proceso de La Habana. Parte de esa trasparencia es llenarse de realismo, coherencia y de sensatez; a veces tan ajeno(as) al cálculo político, pero que en el caso de la paz son absolutamente indispensables. El proceso podría estar entrando en un punto muerto y en un escenario que podría facilitar la acción de sus enemigos.

José Giron Sierra
Julio 12 de 2013