El asesor jurídico de la delegación de las Farc- EP, Enrique Santiago, expuso distintos temas referentes a la participación política y la justicia de los acuerdos entre Gobierno Nacional y las Farc- EP, en entrevista exclusiva de la Corporación Nuevo Arco Iris.
(Esta entrevista se realizó en el transcurso de la semana de la X Conferencia Nacional Guerrillera, por lo tanto es un preámbulo para entender lo que correspondía a los puntos ya mencionados anteriormente, antes del Nuevo Acuerdo que salga)
En lo referente al punto de garantías de seguridad acordado en la mesa de La Habana, dice el asesor “es sin duda alguna, uno de los acuerdos más trascendentales para garantizar la implementación y viabilidad del Acuerdo Final de paz, se ha acordado un sistema muy estricto” que se compone de distintos elementos, de distintas instituciones y “la finalidad es la erradicación absoluta la violencia de la vida política colombiana y que el Estado sea el único que ostente el monopolio del uso de las armas de forma legítima, en la medida que ese monopolio se ejerza para defender los derechos y garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas” afirma.
En el transcurso de las negociaciones, firmadas en el mes de septiembre y en veras de ser aprobado por los colombianos en el plebiscito del pasado 2 de octubre, se creó “una instancia de alto nivel presidida por el presidente de la República y con participación tanto de las fuerzas políticas como del nuevo partido en el que se transformen las Farc, así como con la participación de organizaciones de los derechos humanos y de los distintos ministerios con competencias en materia de seguridad. En esta instancia de alto nivel se diseñarán las políticas para acabar especialmente con el paramilitarismo y se hará el seguimiento de su obligación por la totalidad de las instituciones del Estado, igualmente se ha acordado una Unidad especial de desmantelamiento de las organizaciones paramilitares”, que hará parte de la Fiscalía General de la Nación; en los acuerdos se estipula que dicha Unidad cuenta “con plena competencia para asumir las investigaciones, los enjuiciamientos y la persecución, no solamente de los paramilitares uniformados sino especialmente de aquellos sectores civiles o políticos que auspician, financian u organizan el paramilitarismo”.
Para concluir, el asesor hace énfasis en que se ha acordado “la creación de fuerzas policiales especiales para combatir el paramilitarismo y para perseguirlo” así como una “reforma absoluta de la red de alertas tempranas que venían funcionando de manera que esta red a partir de ahora participe en su puesta en práctica en las comunidades”. También se ha establecido una serie de cuerpos de protección, tanto para los guerrilleros reincorporados a la política como a los antiguos guerrilleros, así como también una protección a las comunidades y defensores de los derechos humanos, “todos estos mecanismos conjuntamente tiene que obtener resultados de forma pronta para que la erradicación del fenómeno del paramilitarismo sea una realidad y se garantice la aplicación de los acuerdos y por supuesto que no se vuelva a repetir lo que ocurrió en los años 80 y 90 con la Unión Patriótica, el exterminio absoluto, evidentemente si ocurriera algo así, quedaría de manifiesto la responsabilidad del Estado y la falta de voluntad por cumplir los acuerdos y entraría en crisis la aplicación de los Acuerdos de paz, hasta ahora la voluntad manifestada por el Estado ha sido firme a la hora de combatir este fenómeno hace falta que se pongan en marcha las medidas concretas para implementar lo acordado”.
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Esta entrevista se dio a conocer en el conversatorio: El reto de sacar las armas de la política y el fenómeno paramilitar, realizado por la Corporación Nuevo Arco Iris y el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz, “Alfredo Vásquez Carrizoza” de la Pontificia Univerdad Javeriana el jueves 25 de octubre y que contó con la participación de diferentes analistas, investigadores, instituciones y representantes sociales del país, bajo la premisa: “Es el pacto político nacional y territorial la alternativa para implementar el acuerdo de paz y eliminar las armas de la política”.
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